Carabineros detuvo a
Nicolás Piña, condenado por homicidio frustrado contra carabineros en el marco del estallido social, y quien estaba prófugo desde enero de este año.
El sujeto había sido detenido a principios del 2021 por lanzar una molotov al interior de una patrulla.
Mientras cumplía su prisión preventiva
el 30 de julio del 2021 fue visitado por Gabriel Boric, quien en ese entonces era diputado y candidato a La Moneda.
También el seremi de Seguridad de la RM, Jaime Fuentes, participó en marchas alegando por su detención.
Piña es ingeniero en prevención de riesgos y padre de dos hijos, fue formalizado por el delito frustrado de homicidio contra carabineros en ejercicio (por el que le dieron siete años de cárcel), por el delito consumado de lanzamiento de artefacto incendiario (condenado a tres años y un día) y hurto simple por una causa que tenía pendiente (absuelto).
Se hicieron parte de la causa tanto el Ministerio del Interior como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y Piña quedó en prisión preventiva desde el 12 de febrero de 2021 hasta marzo de 2022 en Santiago Uno.
Cumplido esto quedó con arraigo nacional, pero la Fiscalía, Interior y el CDE apelaron para que volviera a quedar en prisión preventiva. El tribunal no acogió la solicitud, pero la Corte de Apelaciones sí lo hizo en octubre de 2023, ad portas de la sentencia del día 16.
El 19 de octubre del 2023 se emanó una orden de detención para que cumpliera la condena. Sin embargo, en paralelo, la Defensoría presentó un recurso de nulidad en la Corte Suprema, por lo que a la espera de su resolución, Piña siguió en libertad, mientras que sus cercanos seguían alegando vicios en el juicio: que no se tomaron en cuenta pericias científicas y que el tribunal sólo escuchó los testimonios de los carabineros.
Ya este año, la Suprema se pronunció confirmando la sentencia del segundo tribunal: Piña debe volver a la cárcel y por 10 años, pero nunca cumplió, ya que estaba prófugo.
