Según trascendió los últimos días, desde el Gobierno buscarían designar a la abogada y ex defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, como primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos, en medio de la controversia por el "amarre" de funcionarios públicos.
Desde La Moneda buscarían poner a Muñoz a la cabeza del organismo pese a que la abogada cuenta con un avanzado embarazo, de cerca de siete meses.
Lo anterior, provocaría que Muñoz permanezca al menos 6 meses con licencia y que el Gobierno entrante de José Antonio Kast no pueda removerla del cargo hasta un año después de que termine su post natal, debido al fuero maternal.
Lo trascendido los últimos días ha sido foco de críticas, en medio de los cuestionamientos por los "amarres" de funcionarios públicos del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
A ello se suma que la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) se ingresó un oficio ante la Contraloría General de la República solicitando un pronunciamiento sobre la legalidad y eficacia administrativa del eventual nombramiento.
A juicio de los parlamentarios, esto supondría "una desventaja desde el punto de vista institucional y del buen servicio, especialmente tratándose de un organismo nuevo cuya etapa de instalación requiere conducción directa".
Esto, porque Muñoz no podría ejercer el cargo "durante una parte sustantiva de la fase inicial de funcionamiento del servicio".
Defensoría de Víctimas de Delitos
El pasado 5 de noviembre el Presidente Gabriel Boric promulgó la Ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos.
Con su creación, se busca "fortalecer el acceso igualitario a la justicia y brindar atención jurídica y psicosocial a víctimas de delitos", así como representación jurídica gratuita a quienes lo necesiten.
Esto, porque el organismo podrá garantizar una atención profesional, gratuita y especializada a quienes resulten víctimas de delitos, con atención integral jurídica, apoyo legal y psicosocial.
"Esto reforzará la intervención del Estado en materia de seguridad ciudadana y ayudará a saldar una deuda pendiente con la ciudadanía", aseguran desde el Gobierno.
Entre sus labores también se encuentra la resolución colaborativa de conflictos -incluyendo la mediación familiar obligatoria-, mecanismos de control en la atención de los usuarios y la garantía de una "atención de calidad" a todos los que recurran al servicio.
Se proyecta además que el nuevo servicio "tendrá presencia en todo el territorio nacional con 16 direcciones regionales y centros de atención en cada comuna o agrupación de comunas donde existan tribunales de justicia".
Además, según se consignó, habrá una gradualidad en su puesta de marcha de 18 meses, que contemplará en una primera fase a las regiones de Arica y Valparaíso, para luego ir avanzando hacia el sur del país.
