Si bien diversos diputados rechazan la norma que el Gobierno insiste en ingresar al Congreso en cuanto a establecer exigencias para el despido de funcionarios a contrata, también se alejan de la advertencia que hizo la bancada de la UDI esta jornada: acusar constitucionalmente al ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
En concreto, y a través de un comunicado, los congresistas Guillermo Ramírez y Jorge Alessandri señalaron que no permitirán "que el ministro, sin que tenga un ápice de vergüenza, trate de pasar en una ley que se discute año a año como es el reajuste del sector público, el incluir una norma permanente para dejar con empleos vitalicios a partidarios del actual gobierno".
Así, remarcaron que si el secretario de Estado "no retira esta ley inmoral de amarre para apitutar a operadores políticos, lo vamos a a usar constitucionalmente en marzo, por lo que se puede dar por notificado".
La diputada Marlene Pérez, subjefa de la bancada UDI, afirmó al respecto que "es indispensable distinguir entre los funcionarios de carrera que ejercen su labor con profesionalismo y vocación de servicio, y los operadores políticos, porque los amarres que ellos están intentando hacer es claramente con un conflicto de interés y una grave falta de transparencia".
"Cuando se amarra a una persona en un puesto que debe ser ocupado por profesionales calificados, lo que pasa es que se debilita la eficiencia del Estado y erosiona obviamente la confianza de la ciudadanía. Es por eso que es fundamental fortalecer la meritocracia y asegurar la continuidad de las políticas públicas más allá de los ciclos políticos, evitando la politización excesiva de las instituciones, que es lo que quiere hacer este Gobierno", complementó.
Por su parte, la parlamentaria Joanna Pérez, jefa de bancada de Demócratas, expresó que "si bien esta es una acción desesperada del Gobierno para mantener a sus amigos en los cargos, creo que no dan los argumentos para una acusación constitucional".
"Pero, no por ello vamos a dejar de oponernos a estas malas prácticas. Un Gobierno que iba a actuar de una manera distinta ya ha demostrado todo lo contrario. Creo que es un despropósito", agregó y sostuvo que "llamo al Gobierno a tener más pulcritud y también pudor en su actuar, especialmente cuando deja un gobierno y en la situación económica que quedan también las arcas fiscales".
Desde el Frente Amplio, el diputado Diego Ibáñez comentó: "Nuevamente la derecha propone otra acusación constitucional para el mes de marzo contra el ministro de Hacienda por presentar un proyecto de ley, un proyecto que es mucho menos restrictivo que la ley que fue aprobada por los propios parlamentarios de derecha en la Comisión de Trabajo, y eso es francamente una utilización no democrática del instrumento de acusación".
"Es difícil tomarse en serio la declaración de Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, y si no le gusta la ley que vote en contra, pero que no amenace con una acusación constitucional, porque la derecha ya ha presentado nueve acusaciones constitucionales y todas han sido rechazadas", agregó.
El diputado Raúl Soto, jefe de bancada PPD-independientes, también entregó su opinión asegurando que no comparte "la norma propuesta respecto a los funcionarios públicos, pero una cosa muy distinta es que la derecha nuevamente aproveche la contingencia para llevarnos a un escenario de confrontación y guerrilla política, mal utilizando herramientas excepcionales como las acusaciones constitucionales".
Por ello, dijo que "los llamo a la reflexión, a la prudencia. Estamos a meses del término de un Gobierno en pleno periodo de transición, ya con un nuevo presidente electo, y una situación como esta evidentemente que no es para acusación constitucional".
El jefe de bancada de la DC, congresista Héctor Barría, se manifestó de una manera similar: "Esta es una mera estrategia de posicionamiento de la UDI, que fue arrasada por republicanos en diversos sectores que ellos consideraban sus bastiones. Por un lado, positivo, que este partido más allá del aprovechamiento, esté al fin en contra de los cargos designados o los amarres, recordemos que fueron férreos defensores de los senadores designados hasta que vieron que esto ya después podía pasar por nombres que pertenecían a los gobiernos de la Concertación".
Pero más allá de aquello, dijo que "hago el llamado a todas las fuerzas políticas a que discutamos la situación del sector público en serio. Aquí no puede ser que todos sean catalogados operadores políticos, hay profesionales jóvenes que ingresaron a la administración pública, y por el solo hecho de haber ingresado en este Gobierno, podían verse perjudicados. Y otros que no dudan en ningún momento en cambiarse de camiseta para permanecer en este tipo de empleos públicos, por lo tanto, esto va más allá de una acusación constitucional, que creo que además no tiene ningún sentido a esta altura del año. Si están a favor, voten a favor, si están en contra, voten en contra de los respectivos artículos de esta ley de reajuste".
El diputado Frank Sauerbaum, quien es jefe de bancada RN, señaló en tanto que "el Gobierno tiene que evaluar si con el rechazo ciudadano que se ha generado en los sectores de la oposición y los propios diputados del Gobierno, va a continuar con esta suerte de amarre a sus cercanos y amigos".
"El Gobierno también tiene que evaluar el ambiente que se va a generar en esta discusión en el último mes legislativo efectivo del Gobierno, y tienen ellos desafíos importantes como el proyecto del FES, Sala Cuna, la ley de modificación a Gendarmería y otros desafíos. Y, por lo tanto, el Gobierno tendrá que evaluar con un criterio objetivo las consecuencias de insistir en esta medida", precisó.
A su vez, el diputado Roberto Arroyo (PSC) indicó que "lo que el Gobierno intenta imponer con esta llamada ley de amarre es grave", por lo que "si el ministro Grau insiste, la acusación constitucional no es un exceso, es una obligación del Congreso para defender el Estado de Derecho".
Finalmente, el diputado Juan Irarrázaval, jefe de bancada Partido Republicano manifestó que "el Gobierno perdió la elección y lo que corresponde es entregar el poder sin amarres ni chantajes. Los diputados vamos a ejercer todas nuestras atribuciones para impedir este verdadero fraude que nos quieren imponer".
