Videos registran cómo se realizaba el ingreso de elementos prohibidos en zonas donde se debía, por el contrario, fiscalizar. Los pagos iban de $10 mil a $800 mil, por insumos o servicios.
El Mercurio
"Este funcionario llegaba a mi módulo a vender alimentos prohibidos, al interior de la cárcel, él trataba directamente con los internos y en varias ocasiones yo recibí el pago por parte de los internos, montos que yo, a posterior, se los pasaba en efectivo en mi pieza". Esa es una de las declaraciones que días atrás entregó uno de los gendarmes involucrados en la indagatoria por una red de corrupción en distintas cárceles —principalmente, en Santiago 1— que suma 70 imputados. De ellos, 47 son funcionarios penitenciarios y los restantes, civiles. Y así como sorprendió la gran cantidad de dinero que movía el negocio ilícito de los indagados —en la imputación de lavado de activos—, también llamó la atención de los investigadores el bajo costo que podía tener sobornar a un funcionario público, incluso $10 mil.