La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó dictar una nueva resolución al Ministerio de Educación para que modifique los criterios usados para distribuir los recursos para los institutos profesionales y centro de formación técnica. El tribunal de alzada capitalino establece que no se permite a la autoridad modificar por cuenta propia las bases técnicas del cálculo, pues la ley prevé que la subsecretaría considere para ello a la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles, lo que no ocurrió. En ese contexto, la Corte calificó el actuar de la entidad como "arbitrario e ilegal", al estimar que vulnera el principio de igualdad ante la ley: "Las actuaciones ilegales y arbitrarias en que ha incurrido la Subsecretaría de Educación Superior han producido consecuencias como la vulneración del ejercicio legítimo del derecho", indica el fallo. El caso se originó luego de que la Subsecretaría modificara el criterio para definir el tamaño institucional de los institutos profesionales y los centro de formación técnica, elevando el percentil utilizado y reduciendo su ponderación. Según el fallo, el ajuste no fue objeto de observación por parte de la Comisión, y la subsecretaría no entregó los fundamentos suficientes que sustentan tal determinación".
