Junto con descartar "algún tipo de privilegio en la atención", la ministra de Salud, Ximena Aguilera, hizo sus descargos sobre la priorizada operación a la que fue sometida su madre la semana pasada en el Hospital del Salvador de Providencia, hecho que la tiene en medio de la controversia y con la amenaza de una acusación constitucional.
"Mi madre fue evaluada y tratada en conformidad con las indicaciones médicas, los protocolos y estándares establecidos por el hospital", manifestó la secretaria de Estado en un punto de prensa esta tarde.
Sin embargo, sus explicaciones no dejaron del todo conforme a los parlamentarios de oposición, quienes cuestionaron sus dichos y la tardanza en abordar públicamente el caso.
Al respecto, el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, afirmó que "si las explicaciones que dio la ministra de Salud eran tan simples como se ha dicho después, la pregunta es, ¿por qué no se entregó a tiempo?. Cuando una autoridad guarda silencio o espera que otros aclaren un hecho que le involucra, las dudas crecen y un problema clínico termina transformándose en un problema político".
"Nosotros no queremos sacar conclusiones apresuradas, pero sí creemos que este caso debe aclararse con total transparencia. Por eso corresponde para nosotros pedir que la Comisión de Salud cite a la ministra y a las autoridades del Hospital del Salvador para que expliquen con claridad qué ocurrió y cómo se tomaron estas decisiones", complementó.
Una visión similar expresó su par Marlene Pérez (Ind-UDI), quien enfatizó que "la ministra conoce perfectamente el nivel de colapso que vive hoy el sistema público de salud. Sabe que los cupos son escasos y que cada uno de ellos puede marcar la diferencia entre vivir o morir. Por eso, más allá de la explicación técnica, es legítimo preguntarse si es responsable que personas con capacidad de pago en el sistema privado utilicen cupos que están destinados a quienes no tienen otra alternativa".
En tanto, el diputado Roberto Arroyo (PSC) cuestionó la permanencia de Aguilera en la cartera. "Que la ministra de Salud diga que no piensa renunciar aún cuando reconoce que esta crisis ya golpea a su familia, confirma algo más grave y es que en este gobierno las responsabilidades no existen, sólo existen los protegidos".
"El Presidente Boric ha instalado una lógica de amiguismo donde los ministros no responden al país, responden al círculo de poder que lo sostiene. Aquí no se evalúa la gestión, no se miden resultados, no se asumen errores, se cuidan entre ellos mientras la salud pública en Chile sigue colapsando. Nuestro país no necesita autoridades blindadas políticamente, necesita ministros que respondan por sus actos y cuando el Presidente no exige responsabilidades, significa que el mismo Mandatario es parte del problema, o que tal vez ya se fue de vacaciones", sostuvo.
Fabián Ossandón, diputado electo del PDG, se sumó a las críticas y aseguró que "lo ocurrido con la ministra de Salud genera legítimas inquietudes y debe ser aclarado con total transparencia, como corresponde en un Estado de derecho. Más allá de las personas, lo relevante es que las instituciones funcionen bien y que la ciudadanía, especialmente en la Región de Antofagasta, tenga confianza en cómo se invierten los recursos y se toman las decisiones".
Mientras que su par Patricio Briones, también diputado electo del PDG, indicó que "este gobierno, a pocos meses de extinguirse, demuestra una inoperancia totalmente fuera de lugar, en el control tanto de daños como en estas crisis. La ministra, más que recibir una defensa corporativa, debió dar un paso al costado, y dejar que las instituciones operen con suma autonomía y prioridad en la resolución de este caso. Esto obedece a la desconfianza que existe de la ciudadanía –justamente- para con sus representantes cuando se eligen personeros de gobierno que no están a la altura de las circunstancias".
