La Contraloría Regional de Tarapacá detectó una serie de anomalías en la entrega del Subsidio de Arriendo de Vivienda durante los años 2023 y 2024, tras una auditoría que revisó los procesos de postulación, activación y pago del beneficio administrado por el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU).
De acuerdo con el Informe Final N.º 391 de 2025, la revisión tuvo como objetivo verificar que los procedimientos se ajustarán a la normativa vigente, a las bases del programa y a los lineamientos internos del servicio. Sin embargo, se encontraron diversas faltas que vulneran principios de igualdad, transparencia y control administrativo.
Uno de los principales descubrimientos se encontró en el llamado especial de arriendo de 2024, dirigido a personas mayores y personas en situación de discapacidad. En ese proceso, el SERVIU entregó subsidios sin respetar el orden de puntajes, dejando inicialmente fuera a 18 postulantes que contaban con una calificación más alta a la de los beneficiarios seleccionados.
La auditoría también advirtió la inexistencia de documentos de postulación y de contratación en nueve casos, lo que impidió comprobar si los beneficiarios cumplían con los requisitos exigidos y si las viviendas subsidiadas contaban con las condiciones legales.
Por otro lado, la Contraloría encontró faltas en el control del uso del subsidio. Se detectaron 69 casos sin visitas de supervisión y otros 59 controles realizados fuera de los plazos establecidos. Además, en dos viviendas fiscalizadas se comprobó que los ocupantes no correspondían a los beneficiarios del subsidio.
Otro punto señalado fue la publicación de 15 resoluciones de asignación directa que, si bien invocaban el artículo 14 del D.S. N.º 52 de 2013, les faltaban fundamentos suficientes. No detallaban los hechos ni las razones jurídicas que justificaran dichas decisiones.
Frente a estas anomalías, la Contraloría le exigió al SERVIU de Tarapacá a adoptar medidas, tales como, mejorar sus mecanismos de control e iniciar a un procedimiento para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.
