La polémica desatada luego de la celebración que generó el quinto aniversario del SLEP en el Casino Luckia de Copiapó sigue dejando antecedentes y distintas versiones, mientras que las investigaciones correspondientes determinarán si se usaron o no recursos públicos para financiarla.
Todo se destrabó luego de que, a través de un video que se viralizó en redes sociales, quedara al descubierto la manera en que el 9 de enero se celebró el hito, el cual contó con una limusina de lujo, cámaras 360°, luces, tortas y tragos.
Es más. Daslav Mihovilovic se convirtió ahora en exdirector ejecutivo suplente del SLEP Atacama, luego de que durante la noche del domingo el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, pidiera su renuncia tras la filtración de la ostentosa actividad.
"Quiero ser enfático. Esto es inaceptable desde todo punto de vista y particularmente nos referimos a un servicio local que ha atravesado situaciones muy complejas. Es por ello que la determinación de desvinculación fue inmediata apenas tomamos reconocimiento de los hechos y están las instrucciones de las investigaciones, que espero que resuelvan antecedentes lo antes posible para despejar todo tipo de duda respecto a las fuentes de financiamiento de esa actividad y del uso de recursos públicos, lo cual esto último tengo entendido que no se utilizó para ese fin", expresó Cataldo, de acuerdo con El Diario de Atacama.
Aún queda en incertidumbre cómo empresas privadas habrían costeado la celebración y, además, si hay un algún motivo debajo de todo esto, aspectos que se encuentran en investigación.
Sobre esa arista vinculada al financiamiento, el ministro Cataldo señaló que se instruyó "a la Auditoría ministerial al Servicio Local de Copiapó para saber de dónde surgieron los recursos, cuáles son las fuentes, si están en el marco de la legalidad o no y, más importante que todo, determinar que no hubo recursos públicos involucrados".
"Instruimos a la Auditoría ministerial al Servicio Local de Copiapó para saber de dónde surgieron los recursos, cuáles son las fuentes, si están en el marco de la legalidad o no y, más importante que todo, determinar que no hubo recursos públicos involucrados"
Nicolás Cataldo, Ministro de Educación
El episodio, además, generó cuestionamientos luego de que se indentificara en las imágenes que la limusina utilizada pertenecería a la empresa Limuhummer, de la cual el propietario mantiene vínculos con Pro Group, compañía que actualmente presta servicios de guardias de seguridad al SLEP de Atacama.
"El ahora ex director (Mihovilovic) justifica que recibió aportes de la empresa privada para costear la celebración, siendo que son esas mismas empresas las que han ganado licitaciones en estos años. Con esto me refiero que hay un despotismo enorme", sostuvo Rosa Patricia Carmona, presidenta regional de los Asistentes en Educación de Atacama y dirigente nacional en temas enfocados a la educación.
Versión desde el SLEP
El SLEP Atacama no perdió la oportunidad para enviar una declaración sobre la salida de Mihovilovic y los efectos colaterales que significó la celebración de aniversario.
"La actividad correspondió a una conmemoración interna, efectuada fuera del horario laboral, sin uso de recursos públicos y sin afectar el funcionamiento normal del servicio. Su objetivo fue reconocer el trabajo y compromiso de las y los funcionarios que han contribuido a fortalecer la educación pública. En este contexto, es importante señalar que el Servicio Local no contrató ni pagó servicios de arriendo y/o producción del citado evento, los cuales fueron gestionados por instituciones externas", indicaron desde el servicio.
"Lamentamos lo ocurrido y entendemos las molestias que esto pudo causar. Si bien el acto tenía por objetivo reconocer el compromiso y la labor de las y los funcionarios, reconocemos que la forma en que se llevó a cabo no se ajustó a los principios que deben regir en el ejercicio de la función pública", se lee en una segunda declaración, haciendo una autocrítica.
Por otra parte, Carmona sí fue critica sobre respecto a las versiones del SLEP. "El ahora ex director subrogante justifica que recibió aportes de la empresa privada para costear la celebración, siendo que son esas mismas empresas las que han ganado licitaciones en estos años. Hay un despotismo enorme. En el mes de junio tuvimos casi un terremoto y los colegios ahí están, debieron estar terminados hace rato y siguen sin abrirse, y son cuatro. Acá hay mucho que trabajar y poco que celebrar, por eso la comunidad escolar quedó tan molesta con esto", sostuvo.
Desde el Comité de Directoras y Directores del SLEP Atacama señalaron que no participaron de la fiesta y que dicha celebración "daña totalmente el sistema educativo público y por sobre a las comunidades educativas, quienes aún no superan totalmente los costos de los 80 días de paralizaciones".
Críticas de parlamentarios
Los hechos han dado que hablar en el Congreso. La diputada del Partido Republicano, Sofía Cid, repudio la llamada "fiesta de la discordia" relacionada a Global Pro Group.
"Es totalmente impresentable que mientras miles de estudiantes y sus familias viven día a día la crisis de la educación pública, hoy vemos cómo estos mismos funcionarios abusan del sistema con celebraciones de lujo. Si esa fiesta fue financiada con recursos públicos, sería aún más grave, considerando que a las familias les dicen que no tienen recursos para arreglar la infraestructura de los colegios, ni para mejorar la calidad de la educación en la región", criticó Cid.
Asimismo, comentó que "mientras hay salas en mal estado, y mientras hay proveedores sin pago hace meses, vemos al director del SLEP Atacama llegando en limusina a una fiesta institucional. ¿Dónde están las prioridades? No estamos hablando solo de un evento mal enfocado, sino de potenciales conflictos de interés que deben investigarse".
Sumado a ello, la parlamentaria en un comunicado apuntó a que la empresa vinculada a la organización del evento, así como otras firmas relacionadas bajo el mismo representante legal, ha recibido múltiples contratos directos del SLEP Atacama por transporte escolar que superan los $2.289 millones de pesos en total, adjudicados sin procesos de licitación pública, lo que también ha generado cuestionamientos por presuntas irregularidades administrativas y falta de transparencia.
El diputado Jaime Mulet (FRVS), a través de redes sociales, también fue crítico. "Lo ocurrido en Atacama no es una anécdota, sino una vergüenza. Una fiesta ostentosa que celebran como narcotraficante, con un proveedor que les paga la fiesta y que no les regala la plata, sino que compra voluntades para los contratos futuros. Hay que investigar todo porque es muy grave".
Finalmente, uno de los diputados electos del partido del próximo presidente de la República, Ignacio Urcullú, calificó los hechos como un abuso de poder. "Mientras escuelas se caen a pedazos, docentes viven en incertidumbre y los resultados educativos siguen cayendo, quienes deberían administrar con rigor optaron por la ostentación y el descriterio".
Durante las últimas horas, diversos medios de comunicación han difundido imágenes de
la celebración del quinto aniversario del Servicio Local de Educación Pública de Atacama
realizada el pasado 9 de enero, en las que aparece el logo de Caja Los Andes. Frente a esta
situación, nuestra organización declara lo siguiente:
¿Estaba involucrada Caja Los Andes?
En las últimas horas, en las imágenes que se han difundido de la celebración del polémico aniversario se puede ver el logo de Caja Los Andes.
Respecto a un supuesto involucramiento, la caja de compensación difundió un comunicado en el cual sostiene que "no realizó aporte alguno, ni en dinero ni en especies, ni participó de ninguna forma en la actividad mencionada, por lo que el uso de nuestra imagen institucional se realizó sin nuestra autorización".
"Caja Los Andes mantiene un compromiso permanente con una gestión transparente, responsable y alineada con el marco regulatorio vigente, así como con sus principios y valores institucionales", concluye el comunicado.
