Distintos expertos del área de la seguridad abordaron la violencia con la que se llevó a cabo el desalojo de la toma San Antonio, en donde, como hecho más gravoso, dos funcionarios de Carabineros resultaron baleados en medio de enfrentamientos con personas que viven en ese lugar. Uno de ellos es Felipe Harboe, exsubsecretario de Interior, quien plantea que la violencia se desencadenó por la poca preparación que habría existido para hacer frente a los distintos escenarios que podrían generarse. Agrega que hubo falta de información proveniente de inteligencia, pues no se habría estimado correctamente la intensidad de la oposición. "Ya que se inició el desalojo, este debe proseguir con mucha determinación, logrando sacar los elementos que eventualmente, sean infiltrados y activar inmediatamente de la persecución penal por la tenencia ilegal y uso de armas de fuego", señala Harboe. Una percepción similar tiene Francisco Alcorta, investigador de Libertad y Desarrollo, quien además advierte que este tipo de situaciones no pueden ser calificados como un conflicto social, sino que más bien habría que renombrarlo como un operativo de cumplimiento de Estado de Derecho, en un escenario de alto riesgo. "Si esto se prolonga, el precedente es gravísimo. Se instala la idea de que la violencia contra el tiempo y que el cumplimiento de una resolución puede "negociarse" a punta de hostigamiento. Ese efecto puede replicarse en otras tomas, más barricadas, más armas, más costos para el Estado, y mientras más se extienda, más espacio existe para que se consoliden gobernanzas criminales en estas zonas".
