Parlamentarios integrantes de la comisión de Salud de distintos sectores cuestionaron la demora en la actualización de la ley Ricarte Soto, advirtiendo que la falta de avances mantiene en incertidumbre a miles de pacientes.
El decreto que debía ser evaluado para entrar en vigencia en enero -anunciado en mayo de 2025- permanece paralizado, lo que impide la eventual incorporación de 39 nuevas terapias para enfermedades de alto costo y baja prevalencia.
Según han señalado organizaciones de pacientes, el principal nudo estaría en que el Ministerio de Hacienda aún no ha remitido el informe presupuestario necesario para viabilizar las nuevas coberturas.
Desde la oposición, el diputado Agustín Romero (Republicanos) aseguró que "este gobierno se comprometió a gobernar hasta el último día, y eso significa hacerse cargo ahora de las urgencias sociales, no traspasarlas al próximo gobierno. En una materia tan sensible como la Ley Ricarte Soto, el Ejecutivo tiene el deber de demostrar que está a la altura y de entregar, de una vez por todas, los antecedentes técnicos y financieros que permitan destrabar la Ley Ricarte Soto".
"Estamos hablando de 39 tratamientos que podrían beneficiar a personas con enfermedades poco frecuentes y que hoy quedan en suspenso por falta de definiciones del Ejecutivo", agregó.
En esa línea, el parlamentario Andrés Celis (RN) también manifestó su descontento indicando "que el decreto de la Ley Ricarte Soto siga detenido significa que el Estado está fallando en una de sus obligaciones más básicas. Estamos hablando de 39 tratamientos de alto costo que ya fueron evaluados y recomendados, pero que hoy permanecen bloqueados por decisiones presupuestarias que no consideran el impacto humano detrás de cada caso".
"Cuando el Ministerio de Hacienda frena este decreto, está postergando diagnósticos oportunos, tratamientos y calidad de vida para cientos de familias. El próximo Gobierno no solo heredará un decreto detenido, sino la responsabilidad de restituir la certeza y el derecho fundamental a la salud que esta ley prometió hace más de una década", continuó.
En tanto, el diputado Daniel Lilayu (UDI) aseguró que "resulta absolutamente inaceptable e indignante la tardanza del actual Gobierno en destrabar la actualización del decreto de la Ley Ricarte Soto, una demora que no responde a criterios técnicos ni de responsabilidad fiscal, sino a una actitud miserable frente al sufrimiento de cientos de familias. Mantener paralizado un proceso ya iniciado, por la sola incapacidad del Ejecutivo de cumplir con sus propias obligaciones, representa una grave negligencia del Estado y una demostración de olvido con los pacientes que sufren enfermedades raras y de alto costo".
"Con esta inacción, el Gobierno está jugando de manera muy irresponsable con la esperanza de las personas que dependen de esta ley para acceder a tratamientos. Por eso vamos a solicitar que la comisión de Salud cite a la ministra Ximena Aguilera y al titular de Hacienda, porque estamos hablando de una demora que no sólo genera incertidumbre y angustia, sino que también compromete el cumplimiento de las promesas del actual Gobierno", zanjó.
En esa línea, Héctor Barría (DC) afirmó que "por este tipo de cosas la gente terminó votando por la ultra derecha, no porque sean derecha, sino porque confiaron en un Gobierno que habló de transformaciones y no es capaz ni siquiera de cumplir con las mejoras de la ley Ricardo Soto. Los problemas en salud son evidentes y esto es uno más".
La diputada Ana María Gazmuri (AH) por su parte indicó que "es muy grave que el decreto de actualización de la ley Ricarte Soto esté hoy detenido. Esta paralización deja en suspenso la incorporación de 39 nuevos tratamientos para enfermedades poco frecuentes y mantiene en la incertidumbre a pacientes y familias que llevan meses esperando una respuesta del Estado".
"La sostenibilidad fiscal es importante, pero no puede transformarse en una excusa para la falta de planificación y coordinación entre Salud y Hacienda. Cuando la falta de este informe paraliza un proceso ya anunciado, lo que se pone en juego es la vida y la dignidad de personas que no pueden seguir esperando por una atención. Emplazo directamente al Ministerio de Hacienda a asumir con urgencia su responsabilidad y entregar a la brevedad este informe", agregó.
