Ministro Montes entra al debate
Al debate ingresó hoy el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien a través de una misiva titulada "Incendios y legislación" afirmó que se necesita despachar desde el Congreso la llamada Ley de Incendios para establecer perímetros obligatorios entre zonas rurales y urbanas, además de "frenar la expansión irregular que hoy carece de vías de evacuación".
En la carta, el titular del Minvu partió mencionando que "la tragedia que golpea a la zona de Concepción, con incendios devastadores, nos obliga como Estado a acelerar las transformaciones normativas que el territorio exige. Como Ministerio de Vivienda y Urbanismo, observamos con preocupación como la emergencia expone las fracturas de nuestro modelo de desarrollo".
"La expansión urbana hacia zonas de interfaz urbano-rural se ha permitido sin criterios vinculantes de seguridad, sin exigencias de franjas de protección, sin control efectivo del uso de suelo y, en muchos casos, bajo planes reguladores obsoletos o derechamente ausentes".
Daniela Quintana, secretaria académica de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente de la U. Autónoma
"Enfrentamos una fricción critica en la interfaz urbano-rural. Por un lado áreas urbanas que intentan seguir normas de seguridad, por otro, crecimientos espontáneos, campamentos en zonas de riesgo y parcelaciones de agrado sin planificación básica. Sumemos la falta de regulación de las plantaciones forestales, que al colindar con zonas pobladas actúan como propagadores de fuego y bloquean rutas de evacuación criticas, dejando a familias atrapadas y dificultando el acceso de los equipos de emergencia", enfatizó el ministro.
Montes aseguró que "si comparamos los incendios de la Región de Valparaiso de 2024 con los de Concepción, vemos que si bien la vulnerabilidad es el factor común, en el Biobío la vasta continuidad de la masa forestal y la dispersión habitacional multiplican la dificultad del combate y la reconstrucción. Reconstruir no es solo levantar muros, es lidiar con la regularización de títulos y la difícil decisión ética de no permitir la reedificación en lugares de riesgo".
"La Ley 21.240 (2025) fortalece nuestra respuesta al permitir ajustes excepcionales y acelerados de los planes reguladores. Hoy podemos reconocer sectores consolidados afectados, incorporar áreas de riesgo de manera inmediata y establecer normas urbanísticas que orienten el uso del suelo bajo criterios de seguridad. Así se reducen drásticamente los tiempos de evaluación, permitiéndonos delimitar zonas de exposición y gestionar de manera más eficaz la configuración urbana en territorios", destacó.
Sin embargo, urgió en que "para que esta planificación sea efectiva, necesitamos que el Congreso despache la Ley de Incendios, con el fin de establecer perímetros de protección obligatorios frente a la masa forestal; y el proyecto de Protección del Territorio y la Vida Rural, para frenar la expansión irregular que hoy carece de vías de evacuación".
"La Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) nos entrega permisos de reconstrucción simplificados para la emergencia, pero la verdadera prevención requiere un ordenamiento territorial preventivo y vinculante. La seguridad de las familias no puede depender de reacciones poscatastrote, sino de una gobernanza que entienda que la ciudad y el bosque deben coexistir bajo reglas de protección mutua", cerró el ministro del Minvu.
"No basta" con franjas de cortafuegos
Sin embargo, las medidas propuestas por la académica y el arquitecto no convencieron a algunos. Hoy se publicó en el mismo medio una carta del ingeniero forestal Julio Torres, titulada "No basta".
En ella, criticó sobre la propuesta de Vial que "el mero establecimiento de una faja de protección entre viviendas y vegetación, sea esta natural o introducida, con fines productivos o sin aprovechamiento comercial, no constituye en ningún caso una solución definitiva al problema de los incendios".
"Necesitamos que el Congreso despache la Ley de Incendios, con el fin de establecer perímetros de protección obligatorios frente a la masa forestal; y el proyecto de Protección del Territorio y la Vida Rural, para frenar la expansión irregular que hoy carece de vías de evacuación".
Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo
"Esta propuesta choca con una realidad que el autor de la carta parece desconocer. En la práctica, las franjas cortafuego o de protección son continuamente ocupadas por los habitantes de los poblados, presentándose una interfaz móvil, pero permanente entre casas y bosque", explicó.
En ese contexto, profundizó que "de hecho, las empresas forestales han informado que miles de hectáreas de cortafuegos han sido ocupadas regularmente para ampliar sus viviendas. Además, urbanizar estas franjas o darles usos recreacionales para evitar su usurpación, es de un costo prohibitivo para el Estado".
"Por lo mismo, apelar a políticas de ordenamiento territorial en la interfaz urbano-forestal no pasa necesariamente por ampliar las franjas cortafuego, sino por enfrentar la ocupación informal de terrenos y la usurpación de las franjas ya existentes, además de erradicar poblados en zonas de riesgo en las cuales nunca debió permitirse su instalación", cerró el ingeniero forestal.
"Son la única manera de proteger a las personas"
En conversación con Emol, académica de la Facultad de Ingeniería de la U. Andrés Bello y especialista en análisis de riesgo y preparación ante desastres socionaturales, Pamela Cisternas, se mostró a favor de las franjas de protección y cortafuegos.
Para la experta, "las franjas de protección en las zonas de interfaz urbano-rural son críticas, es la única manera de poder reducir un poco la exposición que tiene la gente que vive en esas zonas y que en el último tiempo ha aumentado considerablemente. Esas son zonas extremadamente expuestas si es que no existe una barrera física que contenga un poco la vegetación alejada de las viviendas, porque además las viviendas en estas zonas de interfaz urbano-rural tienden a ser viviendas de material bastante combustible".
La académica destacó que "es una medida efectiva para disminuir la exposición de la población, pero no es una medida que evite que los incendios ocurran. Los incendios tienen múltiples causas, por lo tanto, construir estas franjas de protección lo que va a hacer es disminuir que las personas se vean afectadas o las llamas lleguen a sus a sus viviendas, pero eso no significa que que vamos a reducir por completo el riesgo de que los incendios".
"Sabemos que los incendios son bastante impredecibles, junto con los vientos, entonces podría ser que incluso chispas sobrepasen estas franjas. Entonces, igual hay que mantener otras medidas de protección", explicó la profesora de la Unab.
A su juicio, "es súper relevante poder tener cualquier tipo de medida de mitigación como que las personas tengan generadores, porque si necesitan, por ejemplo, sacar agua, van a necesitar ocupar generadores para poder hacer el bombeo; porque puede cortarse la electricidad; y además también contar con contenedores de agua. Si bien no se puede evitar que las personas estén expuestas a estas amenazas, con eso se puede reducir bastante el riesgo".
Consultada sobre si debería haber una legislación que regule las franjas de protección entre zonas rurales y urbanas para evitar tragedias como las ocurridas en Valparaíso en 2024 y en Concepción los últimos días, la experta afirmó que "por supuesto que tiene que incorporarse en la legislación de planificación territorial la exigencia de franjas de protección. Es algo que es necesario de exigir, pero acá el costo no debe ser 100% de las personas, o sea, las personas no tienen que hacerse cargo. Tiene que ser un costo conjunto entre el estado y la ciudadanía".
"Las personas tienen que tomar medidas, sí, pero creo que en todas las zonas que existen de interfaz urbano-rural es también el Estado el que tiene que, no solamente legislar, sino que llegar a implementar esta franja y además mantenerlas en el tiempo", cerró Cisternas.
El desafío de las ocupaciones ilegales
Al igual que otros expertos y según lo señalado por el ministro Montes, el ingeniero civil y académico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Usach, Leoncio Briones, advirtió a este medio que la dificultad radica en evitar que se construyan asentamientos ilegales en esas zonas de protección.
"La medida de separación de las zonas urbanas de las zonas rurales se encuentra con dificultades prácticas. Por un lado, al disponer de zonas despejadas, se producen ocupaciones habitacionales ilegales, así como vertederos informales, que también terminan siendo combustible para el fuego", aseguró.
"Enfrentamos una fricción critica en la interfaz urbano-rural. Por un lado, áreas urbanas que intentan seguir normas de seguridad, por otro, crecimientos espontáneos, campamentos en zonas de riesgo y parcelaciones de agrado sin planificación básica".
Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo
Y continuó con que "estas zonas sólo tienen sentido si se logran mantener habilitadas y disponibles en la temporada de incendios, esto es una actividad laboriosa que se desarrolla en invierno".
Sobre la regulación de los cortafuegos, mencionó que "siendo una medida que en teoría funciona, debemos recordar que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en una circular del 2014, instruye a los municipios y a sus secretarías regionales a incluir estas zonas en sus planes reguladores correspondientes. Lamentablemente, en ningún momento se asignaron recursos económicos para desarrollar y mantener estas zonas libres de vegetación y actividades humanas".
"Estos recursos son los que llamamos de Prevención de Incendios, para diferenciarlos del Combate de los Incendios. CONAF dedica el 95% de su presupuesto a apagar incendios y sólo el 5% a prevenirlos. Se hace necesario mantener el presupuesto de combate y aumentar el de prevención a un nivel similar para abordar este tipo de medidas", propuso el académico Usach.
Agregó que también "es imprescindible disponer de herramientas de Inteligencia Territorial en materia de Prevención de Incendios Forestales". En esa línea, destacó el sistema basado en tecnología de Gemelos Digitales que desarrolló la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Usach en conjunto con especialistas mexicanos.
Briones mencionó que "está en validación y marcha blanca y pronto estará disponible para ser usado, determinando en tiempo real las zonas de mayor riesgo de incendio, con un grado mejorado de predicción y anticipación. Esto permitirá concentrar los recursos preventivos con un mayor eficiencia".
