Pese a que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) retomó este martes las labores para desalojar a 105 hectáreas del cerro Centinela que no fueron a expropiadas en el marco de la megatoma de San Antonio, el operativo podría quedar en entredicho. Esto, luego de que la Inmobiliaria San Antonio S.A., propietaria del terreno, recurriera a la justicia solicitando que el Estado expropie la totalidad del predio.
El proceso de restitución presenta avances: 18 de las 105 hectáreas ya han sido devueltas. Sin embargo, el pasado 21 de enero la inmobiliaria ingresó una demanda en contra del Minvu, argumentando que la expropiación parcial dejó sectores del terreno “estériles” e “inexplotables”, lo que —a su juicio— genera un perjuicio económico significativo.
Según un documento de 18 páginas al que accedió El Mercurio de Valparaíso, los abogados Felipe Molina, Diego Pereira-Fonfach y Nelson Campusano interpusieron una reclamación contra el acto expropiatorio del Serviu de Valparaíso, contenido en la Resolución Exenta Nª15.136, fechada el 12 de diciembre de 2025.
En el escrito, presentado ante el Primer Juzgado de Letras de San Antonio, la defensa solicita que el Serviu modifique el acto administrativo que ordenó la expropiación parcial del predio. En concreto, piden que se dicte una nueva resolución —o se complemente la actual— que disponga la expropiación total de las 215 hectáreas del terreno.
De acuerdo con la inmobiliaria, la enajenación parcial dejó “un saldo compuesto por distintos retazos de terreno, con superficies carentes de significación económica y de difícil o casi imposible explotación o aprovechamiento”.
“Perjuicio adicional”
Los propietarios del terreno acompañaron un mapa gráfico de la situación. En él, se observa que los tres lotes expropiados por el Fisco dejaron en manos privadas una serie de pasos inconexos entre sí. Esta configuración, sostienen, provoca “un perjuicio adicional al expropiado”.
En ese contexto, solicitaron al tribunal de San Antonio que la entidad expropiante asumiera dicho costo económico, ampliando la superficie expropiada para incluir aquellas fracciones calificadas como estériles o de difícil aprovechamiento.
Asimismo, la sociedad dueña del terreno argumentó que la expropiación parcial contradice el “Protocolo de Acuerdo” suscrito el 24 de febrero de 2025 entre el Minvu y la Inmobiliaria San Antonio. Dicho documento establecía, en su segundo punto, que “el terreno será enajenado como una sola unidad en un solo acto”, condición que —afirman— no fue respetada durante el proceso.
Reacción en el Minvu
La demanda no sorprendió al interior del Minvu. Según fuentes de la cartera, era esperable que la inmobiliaria impugnara el acto expropiatorio, ya fuera por el precio o por la superficie involucrada. Sin embargo, llamó la atención que los dueños solo cuestionaran la extensión de la enajenación, aceptando con ello el valor de 0,24 UF por metro cuadrado propuesto inicialmente por el Minvu, lo que —según la autoridad— daba cuenta de que existían condiciones para haber alcanzado un acuerdo técnico previo.
En esa línea, la delegada del Minvu en San Antonio, Gloria Maira, lamentó la postura adoptada por la empresa señalando que “uno, a esta altura, no puede dejar de advertir que hubiera sido posible, atendiendo el precio de la expropiación al que llegó la comisión de peritos independientes, que habría sido perfectamente posible llegar a un acuerdo en la Comisión Técnica. Lamentablemente, no encontramos esa voluntad”. La delegada agregó que el ministerio acatará lo que determine la justicia en este caso.
Por su parte, el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), enfatizó que el proceso expropiatorio ya presenta avances concretos.
“Las 110 hectáreas ya están expropiadas”, afirmó, indicando que la cartera se encuentra evaluando cómo financiar la urbanización del terreno.
“Tenemos que hacer la urbanización para poder construir. Esperamos licitar la urbanización cuanto antes. En este momento estamos viendo el financiamiento, en el que va a aportar bastante la gente que tomó”, explicó el secretario de Estado.
Mientras tanto, la resolución judicial que se adopte será clave para definir el futuro del proceso y el destino final del terreno donde se emplaza una de las tomas más grandes del país.
