Senadora Loreto Carvajal.
El Mercurio
Parlamentarios de distintos sectores reaccionaron a la nueva arista de la "trama bielorrusa", luego de que el Ministerio Público abriera una línea de investigación que involucra a la senadora Loreto Carvajal (PPD).
Según consignó La Segunda, la indagatoria fue instruida por el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien encargó al fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, reunir antecedentes sobre eventuales hechos que comprometerían a la parlamentaria oficialista.
Tanto en el oficialismo como en la oposición coincidieron en exigir explicaciones claras y total transparencia, recalcando que el estándar debe ser el mismo para cualquier autoridad.
"Nadie puede estar sobre la ley"
Desde la oposición, la diputada Ximena Ossandón (RN) indicó que "la fiscalía tiene que terminar y el Ministerio Público hacer su trabajo. Nadie puede estar por sobre la ley, y menos nosotros, los parlamentarios, que de alguna forma vamos creando y estableciendo redes que está en ti si las ocupas bien o las ocupas mal".
"Chile tiene hoy día estándares morales muy altos, y yo creo que a eso tenemos que responder los parlamentarios", afirmó la parlamentaria.
El también legislador Jorge Guzmán (Evópoli) manifestó en tanto que "ha quedado demostrado que nadie en Chile está por sobre la ley y que los hechos de corrupción tarde o temprano salen a la luz y deben ser sancionados y en esto nadie puede estar por sobre la ley, incluso los parlamentarios. Si eso es así, las sanciones que correspondan deben ser aplicadas e insisto, nadie puede alegar estar por sobre la ley o en un cargo que le permita resguardarse de este tipo de situaciones".
En esa misma línea, el diputado Héctor Barría (DC) aseguró que "sea quien sea, se debe investigar a fondo. Eso forma parte de las respectivas atribuciones de la fiscalía, de los tribunales de justicia. Se debe investigar sin ningún tipo de defensa corporativa".
"A primera vista es algo que no tiene nombre, pero al mismo tiempo el debido proceso se debe instalar, no puede quedar exento de la respectiva investigación y si hay que someter las sanciones respectivas se deben realizar sin ningún tipo de defensa porque eso no corresponde, no corresponde ningún tipo de pago, de verdad que esto no tiene nombre, una mancha en la política nuevamente de nuestro país", añadió.
Por su parte, el diputado Daniel Manouchehri (PS) fue categórico, manifestando que "para que la red de corrupción del caso Hermosilla y de la muñeca bielorrusa pudiese operar requería también de tentáculos en el poder político, y por este Congreso evidentemente esos tentáculos también pasaron, ya sea en calidad de parlamentarios o en calidad de asesores".
La investigación
El nuevo flanco surge a partir de la declaración del abogado Eduardo Lagos -actualmente en prisión preventiva-, quien aseguró haber recibido $300 millones para influir en el nombramiento de Yamil Najle como conservador de Bienes Raíces de Chillán.
Según trascendió, Lagos afirmó que esos fondos estaban vinculados a gestiones que comprometían a la senadora Carvajal, lo que ahora es materia de indagación formal por parte de la Fiscalía.
En paralelo, se fijó para comienzos de febrero una audiencia de cautela de garantías, instancia en la que se debatirá si la declaración de Lagos puede ser utilizada como prueba por el Ministerio Público. El abogado ha alegado que la información que entregó sobre esta nueva arista no fue incorporada oportunamente a la carpeta investigativa, lo que abre un flanco jurídico adicional en una causa que ya ha generado alto impacto político.
