Franco Rossi, hijo del ex senador Fulvio Rossi, y otras tres mujeres fueron formalizados este martes por la Fiscalía Regional de Tarapacá por el delito de estafa reiterada, quedando con arraigo nacional.
El Ministerio Público los acusa de crear comités de vivienda entre 2022 y 2023, recibiendo aportes de familias que buscaban adquirir propiedades sociales. Se estima que el perjuicio es de unos $145 millones de pesos.
El fiscal Juan Zepeda explicó que en 2022, Franco Rossi, utilizando "Facebook", ofrecía servicios de asesoría legal en calidad de "abogado" y convocó un llamado público a la conformación de un comité para adquirir viviendas sociales de nombre "AKATSUKI".
Al ser conocido en la región por el ser hijo de Fulvio Rossi, una gran cantidad de personas confiaron en sus dichos y se integraron al comité, pagando entre 13 y 25 mil pesos por persona para trámites administrativos, los que fueron depositados en las cuentas bancarias de las imputadas Francisca Llanos Rodríguez, Camila Eyzaguirre Negrete -pareja de Franco Rossi- y Nicole Zerene Sunnah.
En noviembre de 2022, Rossi conformó un nuevo proyecto con el mismo fin anterior denominado "Viviendas Sarmenia", creando para ello un grupo por WhatsApp compuesto por más de 120 personas. Prometió la compra de lotes en playa Sarmenia, los cuales serían a su vez subdivididos para la construcción de viviendas. Al igual que en el comité anterior, las víctimas fueron citadas a notaría para firmar un documento de constitución.
En este proyecto, el imputado solicitó una suma inicial de $600.000 para las gestiones administrativas, y una segunda suma por un monto similar, como adelanto del precio del terreno a comprar. Estos montos nuevamente fueron depositados en las cuentas de las coimputadas.
En 2023, Franco Rossi comenzó a dar diversas excusas respecto a los retrasos de la compraventa del terreno, generando incertidumbre en las víctimas. Estas se contactaron con la imputada Camila Eyzaguirre, quien se había presentado como secretaria de Franco Rossi, la que señaló que había abandonado el proyecto, que fue pareja del imputado, pero ya habían terminado y no sabía nada de él ni de los dineros. Luego las víctimas consultaron en el Minvu donde les señalaron que no era posible construir viviendas en el terreno de la playa, ya que estaba en zona de inundación.
Pese a que las víctimas le solicitaron al imputado Franco Rossi un detalle de los dineros recepcionados, nunca entregó la información ni devolvió los montos, los que ascendieron a lo menos a 145 millones de pesos.
En la audiencia el fiscal Zepeda dio cuenta de las diligencias desarrolladas junto a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones que permitieron establecer la dinámica de los hechos y la participación de los imputados.
Se fijó un plazo de investigación de 120 días.
