Durante estos últimos meses una serie de polémicas se ha instaurado en el Ejecutivo en torno a los polémicos
Candidatura de Bachelet en la ONU
Luego de que se diera a conocer la oficialización de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, el partido Republicano lo tildó de otro "amarre".
En primer lugar, la diputada Catalina del Real (Republicanos), integrante de la comisión de RREE aseguró que "da la impresión que Boric a solo días de su salida esta tratando de dejar amarres en distintas instancias en vez de ordenar el traspaso y las finanzas para hacer una salida digna y acorde con la estatura del cargo".
En esa línea, el senador y presidente del partido Republicano, Arturo Squella, arremetió y señaló que "lo que está haciendo el Gobierno postulando Michelle Bachelet es el amarre más grande que está dejando precisamente el Gobierno saliente de cara al proceso de instalación de la nueva administración".
Ante esto, el presidente Boric respondió a través de su cuenta de X indicando que "calificarla de "amarre" es de una pequeñez y frivolidad tremenda", asegurando que las pretensiones de Bachelet en la ONU "nos enorgullece y pone en alto el nombre de Chile".
Críticas de Alvarado
En conversación con Radio Biobío, el futuro ministro del Interior del gobierno de José Antonio Kast, Claudio Alvarado, fue consultado por un eventual "apitutamiento" en el actual Ejecutivo. Al respecto, afirmó: "Tengo la impresión de que en ciertos ministerios sí".
Luego agregó que "hay que evaluar efectivamente si se justifica que muchos de ellos sigan o no en el Estado. Un porcentaje de ellos, indudablemente, que está ahí por razones total y absolutamente políticas, que el Estado podría seguir funcionando sin ningún problema si participan o no participan de la gestión. Y será cada ministro que tenga que evaluar de qué manera ordena la casa y se queda con la gente que efectivamente permita que el ministerio funcione".
Tras esas declaraciones, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió señalando que "yo quiero reiterar algo que hemos dicho públicamente, es de público conocimiento, nosotros tenemos un instructivo que es suficientemente claro en señalar que todos los cargos de confianza el 11 de marzo se van, así de simple. Entonces volver a instalar como el manto de duda de una especie de apitutamiento no se condice con la realidad".
Ante esto, el futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia y actual senador José García Ruminot (RN), indicó que estos "amarres" en los ya conocidos "concursos", "no solo están ahí, hay en muchos lugares y yo también en la Araucanía tengo casos".
Por su parte Squella (Republicanos) aseguró que "evidentemente que estos amarres, estos adelantamientos de concursos, estos nombramientos más rápido de lo que uno esperaría, poco usuales, digamos, para el mes de febrero, generan un daño importante porque efectivamente son personas que vienen con una carga ideológica muy sustantiva".
"Son personas que eran de exclusiva confianza que ahora pasan a aparecer como técnicos. Desde ese punto de vista son personas que probablemente los equipos futuros no van a calzar", agregó.
En esa línea, el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau (Republicanos), manifestó que "en estas periodos siempre efectivamente hay algún grado de ansiedad, ocurren cosas, yo creo que es algo natural en este periodo. Hoy día la información es totalmente transparente, no es como era hace algunas décadas y cada ministro en su cartera tendrá que saber cómo ejecuta acciones para formar los equipos necesarios y tomar las medidas necesarias".
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
De acuerdo a La Segunda, una de las principales alertas por los llamados nuevos "amarres" se concentra en el Ministerio de Defensa, específicamente en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, que dirige Galo Eidelstein (PC).
En esa repartición, el portal Empleo Público informa la apertura de concursos para dos cargos directivos: las jefaturas de los departamentos de Adquisiciones y de Políticas Institucionales, ambos con remuneraciones brutas de $4.275.689. Las postulaciones comenzaron el 16 de diciembre y se extenderán hasta el 17 de febrero.
A este proceso se agregan cuatro designaciones ya materializadas, según antecedentes del Portal de Transparencia, todas con fecha 1 de diciembre.
Entre ellas figuran Roberto Quevedo como jefe del Departamento de Presupuesto, con una renta de $7.030.512; Daniela Carrión al mando de Gestión de Recursos Humanos, con $4.681.496; Viviana Ambler como jefa de Atención Ciudadana, con $6.364.356; y Fabiola Montecinos en la jefatura de Auditoría Interna, con un sueldo de $6.871.510.
Al respecto, el diputado Benjamín Moreno (Republicanos) se sumó a las críticas, tildando de amarre todo tipo de "concurso público a última hora".
"En las situaciones cuando los Gobiernos van saliendo se ha dado muchas veces que tratan de hacer gran cantidad de concursos a última hora. Ya lo dijo el futuro ministro del interior, Claudio Alvarado, que se está haciendo todo un seguimiento de qué concursos se están levantando a última hora, qué puestos se están tratando de llenar a última hora", indicó.
En esa línea, el parlamentario aseguró que "sería de muy mal gusto y sería muy malo para el país que este Gobierno antes de irse esté pensando en dejar a personas de su ideología política y eso es algo que se está monitoreando todos los días desde el futuro Gobierno, porque queremos que los ministerios tengan a las personas correctas, los servicios tengan a las personas competentes para que puedan trabajar en el Gobierno de emergencia y en cambiar las formas en que se ha venido trabajando en estos últimos cuatro años".
Tribunales ambientales
Hace algunas semanas, la definición de nuevos ministros para los tribunales ambientales desató una fuerte controversia en el Congreso, luego de que el Gobierno remitiera al Senado las propuestas para cubrir vacantes que llevaban años pendientes.
Si bien hace unos días el Ejecutivo retiró la propuesta del abogado Andrés Bordalí Salamanca. Desde el Parlamento, varios legisladores advirtieron el riesgo de un eventual "amarre" político, considerando que estos cargos tienen una duración de seis años.
El origen de la controversia se remonta a enero de 2025, cuando la Corte Suprema envió al Ejecutivo tres oficios con cinco alternativas por cada tribunal para llenar los cupos disponibles.
Sin embargo, el Gobierno recién un año después definió un nombre por tribunal y lo remitió al Senado para su ratificación. En algunos casos, como el del Tercer Tribunal Ambiental con sede en Valdivia, las vacantes se arrastraban desde hace cerca de cinco años.
Las propuestas correspondían a los abogados Andrés Bordalí (retirada) y Ricardo Pérez, y a la bióloga Alejandra Figueroa. La decisión fue formalizada mediante tres oficios firmados por el Presidente Gabriel Boric en fechas distintas: el primero el 1 de diciembre y los otros dos el 6 de enero de este año.
Ahora el trámite quedó en manos de la Cámara Alta, que deberá pronunciarse sobre la idoneidad de los postulantes. En el mundo jurídico y político la medida generó inquietud, ya que -según recogió Ex Ante- abogados y expertos han advertido que la demora, sumada al perfil de los nombres propuestos, podría alterar el equilibrio que históricamente han mantenido estos tribunales, clave en la resolución de conflictos ambientales y en la evaluación de grandes proyectos de inversión.
