Audiencia de formalización.
Cedida por la FIscalía.
La Fiscalía Regional de Antofagasta elevará a la Corte de Apelaciones de Santiago la discusión por la rechazada solicitud de prisión preventiva respecto de los imputados en el denominado caso Procultura.
Según señalaron investigadores a Emol, este tipo de indagatorias suelen ser extensas y las causas de alta complejidad no se resuelven en una sola audiencia. En ese contexto, confían en revertir la decisión adoptada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ante el tribunal de alzada capitalino.
Fue el pasado viernes cuando el tribunal despachó órdenes de detención, las que fueron ejecutadas por la Policía de Investigaciones (PDI). Esto derivó en que cinco imputados comparecieran ante el tribunal de primera instancia durante la jornada del sábado, instancia en la que el Ministerio Público los formalizó por su presunta participación en un fraude superior a los $1.600 millones, vinculado a convenios suscritos con el Gobierno Regional Metropolitano.
Tras cuatro días de audiencia, el juez Patricio Álvarez decretó la medida cautelar de arraigo nacional para Alberto Larraín, fundador de Procultura; María Teresa Abusleme, exjefa de estudios; Constanza Gómez, exrepresentante legal; y Evelyn Magdaleno, exfuncionaria del Gore. En tanto, Gabriel Prado, excoordinador del proyecto en el Gobierno Regional, había acordado previamente con el Ministerio Público la medida de arresto domiciliario total, durante la primera jornada de formalización.
Cabe consignar que el magistrado no solo rechazó la solicitud de prisión preventiva para los cuatro imputados, sino que también desestimó la petición subsidiaria de la fiscalía de decretar arresto domiciliario para todos ellos.
La apelación que presentará el Ministerio Público resulta clave, ya que podría derivar en la imposición de medidas cautelares de mayor intensidad, como prisión preventiva o arresto domiciliario total o nocturno.
Orrego
En paralelo a este proceso, la fiscalía ingresó una solicitud de desafuero en contra del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, la que se encuentra pendiente de revisión por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago. Asimismo, el jefe regional enfrenta un proceso de destitución ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
Según consignó El Mercurio, la solicitud de desafuero sostiene que “Claudio Orrego Larraín abusó de su cargo”, de la “función pública que desempeñaba” y que incurrió en una “infracción grave a los deberes del mismo”, al suscribir dos convenios con Procultura sin que la fundación contara con la “capacidad, idoneidad, competencia y experiencia” necesarias para ejecutar los contratos.
Lo anterior se enmarca en el traspaso de $1.690 millones correspondientes al programa de prevención del suicidio “Quédate”.
La fiscalía investiga eventuales delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos. De acuerdo con fuentes ligadas al proceso, la revisión de la solicitud de desafuero por parte de la Corte de Apelaciones podría concretarse durante la próxima semana.
