"Que se cite a declarar en calidad de imputado a Marco Antonio Muñoz Becker, fiscal adjunto de Puerto Montt, a fin de que expliquen su participación, conocimiento y eventual intervención en la mantención de las medidas de coerción denunciadas", es una de las diligencias que el abogado e imputado en prisión preventiva, Eduardo Lagos, pidió en el caso de la trama bielorrusa que también mantiene con las máximas cautelares a su socio Mario Vargas, la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y su pareja Gonzalo Migueles, por cargos que van desde cohecho reiterado, soborno y lavado de activos.
Lo hace en una querella en que el abogado, que tiene pendiente una revisión de medidas cautelares en la Corte de Apelaciones de Santiago, el próximo martes, acusa apremios ilegítimos supuestamente ocurridos durante la diligencia en que declaró en base a un acuerdo de colaboración eficaz y que terminó con un escrito con su versión, pero sin su firma.
Contraste con lo que consta en carpeta
En el libelo explica que no la suscribió porque no reflejaba su relato en que, según dice, descartó pagos a Vivanco y en la que, asegura, estuvo en todo momento y por más de 10 horas engrillado y esposado: de pies y manos, con lesiones visibles que reportó a los presentes en OS7 de Carabineros.
No obstante, en la versión de Lagos que figura en la carpeta investigativa, sin su firma, se consigna que este señaló que "era una cuestión que era conocida en el medio, esto es la venta de fallos de Vivanco", agregando además que "cuando conversamos con Mario acerca de lo que había que pagar a Víctor Migueles por este fallo del recurso de queja por las gestiones realizadas con Vivanco para la obtención de un resultado favorable de la sentencia, Mario pidió para Gonzalo Migueles la cifra de $100 millones, pero con Gabriel la rechazamos, y fue entonces que, no recuerdo si fui yo o Gabriel, llamamos a Gonzalo (Migueles), quien fue a la oficina, negociando el monto, señalando Migueles la suma de $50.000.000 y finalmente la bajamos a 45 millones".
Sobre la negativa a firmar la declaración, la propia fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, señaló durante la formalización a Vivanco que "él (Lagos) quería introducir cambios en lo que había declarado y eso generó una discrepancia y una discusión entre el sr. Lagos y el abogado defensor. No significa que lo declarado por él, que por cierto se negó a firmar, no fuera cierto".
Con todo, su abogado, Marcelo Albujar, insiste en el trato de colaboración eficaz para la revisión de sus cautelares, que incluso permitió la apertura de una arista en la Fiscalía Regional de Aysén contra la senadora Loreto Carvajal (PPD), por la supuesta recepción de dinero por presuntas gestiones en el proceso de nombramiento del conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Najle, que también es imputado en la denominada trama bielorrusa, pero con cuestionamientos a las diligencias: "Lamentablemente, hoy existe mucha desconfianza y ello dificulta la forma de colaborar con el proceso, sin perjuicio de todo lo señalado, si podemos señalar expresamente que la voluntad de mi representado es que se logre el total esclarecimiento de los hechos, con el fin de poder acreditar su inocencia".
"Lesiones visibles" en diligencia
En el libelo el Lagos comienza su relato explicando que "con fecha 6 de enero de 2026, encontrándome privado de libertad y recluido en el Recinto Penitenciario Capitán Yáber, fui trasladado por funcionarios de la Unidad de Traslados de Alto Riesgo de Gendarmería de Chile hasta las dependencias del OS7 de Carabineros de Chile, con el objeto de prestar declaración ante el Ministerio Público". Y que lo hizo bajo custodia de Gendarmería "manteniéndome en todo momento sometido a medidas de sujeción consistentes en esposas en las manos y grilletes en ambos tobillos".
Al inicio de la declaración y dada la posible extensión del trámite pidió el retiro de las esposas y grilletes "por cuanto dichas medidas me estaban provocando un daño físico evidente, especialmente en mis tobillos, generándome dolor intenso y lesiones visibles, lo que hice saber de manera expresa a todos los intervinientes presentes, solicitud que fue rechazada sin fundamento alguno pese a que me encontraba bajo custodia permanente, en un recinto policial, sin posibilidad real de evasión ni riesgo concreto que justificara la mantención de tales medidas de coerción".
Añade que mostró las "lesiones visibles" pero que "no obstante lo anterior la diligencia se extendió por un lapso aproximado de diez horas continuas durante las cuales manifesté reiteradamente al fiscal que el dolor en uno de mis tobillos era intenso e incapacitante, señalando de manera expresa que no me encontraba en condiciones físicas de continuar declarando bajo esas circunstancias, sin que se adoptara medida alguna destinada a aliviar o cesar la aflicción física que estaba padeciendo, manteniéndose inalteradas las condiciones de coerción descritas e ignorándose reiteradamente mis solicitudes".
"Presión sicológica indebida"
Subraya ante el 7 Juzgado de Garantia de Santiago que “mientras me encontraba sometido a las condiciones de coerción física ya expuestas, el fiscal don Marco Antonio Muñoz Becker desplegó además una conducta de presión psicológica indebida, consistente en interrogaciones reiteradas e insistentes orientadas a forzarme a reconocer hechos que no eran efectivos".
"El fiscal me consultó reiteradamente si había efectuado pagos de dinero a doña Ángela Vivanco, a lo cual respondí de manera clara y categórica que no, señalando expresamente que no había entregado dinero alguno, ni de forma directa ni indirecta, a la referida persona. Ante dicha respuesta, el fiscal volvió a insistir preguntándome si me encontraba seguro de ello, a lo que respondí afirmativamente, explicando que tenía plena certeza de lo señalado, toda vez que había tenido a la vista un informe pericial contable relativo a doña Ángela Vivanco, lo que me constaba directamente", añade.
Y agrega que, "el fiscal persistió en su línea de interrogación, a lo que respondí descartando de manera absoluta cualquier entrega de dinero, directa o indirecta, a doña Ángela Vivanco", explicó.
Acusa que "la conducta descrita no constituyó un ejercicio legítimo de la función investigativa, sino una forma de coacción indebida, incompatible con las garantías que rigen la declaración del imputado, y se suma a los apremios físicos ya relatados, intensificando el sufrimiento y la situación de sometimiento a la que fui expuesto durante la diligencia, con el único fin de obtener una declaración en la línea investigativa que lleva la fiscalía".
Y pide diligencias para identificar a los presentes en el lugar ya que resultó "con lesiones que fueron constatadas médicamente y que constan en el respectivo certificado de constatación de lesiones practicado a mi regreso al Recinto Penitenciario Capitán Yáber".
Abogado alista alegatos en tribunal de alzada que definirá cautelar
A esta querella además se sumó otra contra el fiscal por posible delito de infracción al deber de secreto de un acuerdo de colaboración eficaz. Esto, por la publicidad de su declaración, cuando no había acceso para las partes.
Albujar abordó el fondo y la validación de la declaración en la audiencia de formalización de Vivanco: "Lo anterior es bastante complejo, por cuanto, el juez se pronuncia respecto del fondo de una solicitud que se encuentra pendiente de resolver y con fecha de audiencia fijada, partiendo de esa base el tribunal ya hizo un pronunciamiento sin haber escuchado siquiera a todos los intervinientes, utilizándolo incluso para justificar medidas cautelares respecto de otra imputada".
Añade que "a su vez, hay otros antecedentes facticos que lisa y llanamente han sido obviados para realizar tales aseveraciones, y que tienen que ver con los derechos mínimos que un imputado. Pero sobre aquello no puedo profundizar más por ser antecedentes que se ventilarán en la audiencia respectiva".
Respecto de la intención de colaborar, el defensor señala que "esta siempre ha existido, pero para eso es necesario contar con las mínimas garantías de un debido proceso, y hoy están no existen, es cosa de ver las circunstancias en que se hizo declarar a mi representado, eso es engrillado, con una lesión en un pierna, en una extensa jornada, donde hasta donde sabemos no existe un registro integro y fiel de la declaración que permita contrastar los verdaderos dichos de mi representado, con el acta que se le presentó y respecto de la cual, el manifestó discrepancia", dijo.
Y señala que "todo lo señalado, se debe comprender desde el punto de vista que el derecho de un imputado es a guardar silencio, y al declarar se renuncia a ese derecho, pero hoy que certeza existe para la defensa, si cada diligencia es filtrada y conocida por la prensa incluso antes que para las partes, esto respecto incluso de antecedentes y diligencias que tienen un carácter de reserva especial".
