Los hallazgo de teléfonos en las cárceles chilenas crecieron un 26%, según información obtenida por El Mercurio vía Transparencia, ya que en 2024 fueron 27.762 los dispositivos reportados por Gendarmería y
durante 2025 esa cifra se incrementó a 34.921 elementos. Ante estos números, Christian Alveal, exdirector de Gendarmería, señala que el aumentos en las incautaciones de teléfonos celulares y otras especies prohibidas constituye un indicador objetivo de vulnerabilidades estructurales en los sistemas de control y seguridad. Según problematiza, la circulación de dispositivos telefónicos "permite la continuidad operativa de organizaciones criminales", y en un sistema "moderno y eficiente", eventos de esta naturaleza deberían "tender a cero". Otro análisis planteado por el exuniformado es que "solo una fracción minoritaria" de los reos puede asumir el costo "estimado en alrededor de $350 mil, considerando que el soborno, más el valor del equipo". Por eso, "resulta fundamental avanzar hacia sistemas de clasificación e inteligencia penitenciaria que permitan identificar a los perfiles que generan la demanda y, a partir de ello, eliminar la oferta". Por su parte, el exfiscal Luis Toledo,
cree que el alza se debe al mayor control, pero también a más movimientos. Como sea el caso, afirma que "el ingreso ilegal sigue siendo estructural". Y profundiza que "un mayor número de incautaciones puede reflejar mejoras puntuales en los controles, pero también evidencia que el mercado ilícito de celulares en cárceles no solo persiste, sino que se adapta".
