Un incómodo escenario en plena recta final del Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha traído la postulación de la ex Presidenta Michelle Bachelet como secretaria general de Naciones Unidas.
El pasado lunes, el Gobierno apoyó formalmente la postulación, situación que ha traído duros cuestionamientos de la administración entrante, del Presidente electo, José Antonio Kast.
Son varias las voces del futuro oficialismo quienes han acusado de una serie de "amarres" de funcionarios al actual Gobierno, mientras que el senador electo y presidente de Republicanos ha señalado que la campaña de apoyo a Bachelet es "el mayor de los amarres". En tanto, Kast, ha evitado expresar explícitamente si apoyará a Bachelet, lo que ha generado cruces con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.
El caso ha traído a la memoria el caso de Claudio Grossman, profesor y abogado que postulaba como juez de la Corte Internacional de Justicia de La Haya tras la apertura del cupo a raíz de la muerte de un juez brasileño, y que el actual Gobierno del Presidente Gabriel Boric no apoyó, pese al respaldo con el que contaba el jurista por parte de excancilleres -como Heraldo Muñoz, Soledad Alvear, Teodoro Ribera y Roberto Ampuero- y otras figuras del mundo diplomático.
En julio de 2022, la entonces canciller, Antonia Urreloja, citó a Grossman vía telemática para informarle que el Gobierno no lo respaldaría, y que se privilegiaría una candidatura al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El debate
Ayer, en una columna en El Mercurio, el académico de la U. de los Andes e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Daniel Mansuy, aborda la dimensión política de la candidatura de Bachelet.
En ese sentido, plantea que el movimiento del Presidente Gabriel Boric resulta "hábil tácticamente" porque pone en aprietos a Kast: si Kast mantiene una oposición cerrada a la candidatura, corre el riesgo de no ser comprendido por su base o de parecer obstructivo ante un cargo internacional de tal magnitud. Si retira la candidatura, iniciará su gobierno con una oposición irritada.
"Ahora bien, si lo señalado es plausible, cabe preguntarse si la política exterior de Chile debe estar movida por criterios de esta naturaleza. Esto nos conduce a la dimensión de política exterior que revela la decisión presidencial. El mandatario y sus ministros suelen recurrir al concepto de "política de Estado" para explicar sus posiciones, buscando revestirlas de legitimidad republicana", precisa.
Agrega Mansuy que, "el concepto es enarbolado como un fetiche: si hay política de Estado, las oposiciones deberían callar. Todo esto constituye, desde luego, un gigantesco embuste. Si de verdad se busca la manida "política de Estado", el Gobierno debería haber conversado con los principales partidos, con el Presidente electo y los excancilleres".
Consultado por este tema en Radio Cooperativa, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, descartó este lunes referirse a lo que calificó como una "controversia".
"Yo no quiero abrir esa controversia... no quiero reabrir esa controversia por el respeto que merece Claudio Grossman", sostuvo, junto con descarar que la razón de que no hubiera obtenido apoyo fuera porque pensaba distinto.
Consultado por si el apoyo a Bachelet se conversó con las autoridades entrantes, Elizalde defendió que Boric abordó el tema en una "entrevista pública, donde el Presidente anunció, y varios medios de comunicación replicaron la nota, donde el Presidente había anunciado que se iba a inscribir (la candidatura de Bachelet) antes del término del mandato presidencial".
"En segundo lugar, contar con el apoyo de Brasil y México, por el peso que tienen en representación de América Latina a nivel internacional, son los dos países más grandes a nivel de población y muy activos a nivel internacional. Eso da cuenta de una candidatura que tiene un apoyo relevante, y es una oportunidad para Chile, finalmente", subrayó.
Por qué no hubo apoyo a Grossman
El 28 de julio de 2022, Cancillería emitió un comunicado para explicar las razones por las que no se había apoyado a Grossman.
"Una elección a la CIJ implica una campaña de gran envergadura, que se debe trabajar de manera prioritaria y con mucha anticipación. La administración anterior, pese a conocer esta información, no presentó al profesor Grossman ni a ningún otro candidato a la CIJ para el período 2024-2033, como tampoco se planteó por algún grupo de interés o Grupo Nacional de la Corte Permanente de Arbitraje la posibilidad de hacerlo ante esta administración", señalaron.
El texto señalaba también que "el escenario actual de intercambio de apoyos -mecanismo a través del cual un país respalda la candidatura de un tercero a cambio del voto en una elección de su propio interés- es particularmente preocupante para la candidatura de Chile al Consejo de Derechos Humanos, la que fue presentada en 2021 por la administración del Presidente Sebastián Piñera y sobre la cual el apoyo que le ha prestado al actual gobierno debe entenderse como una política de Estado y una prioridad de la agenda de política exterior".
"En el escenario descrito, considerando que una elección tan importante requiere planificación anticipada, disposición de votos, recursos presupuestarios y estrategia de campaña, el Ministerio de Relaciones Exteriores lamentablemente no está en condiciones de postular esta candidatura para el proceso eleccionario en curso", subrayaron.
La decisión trajo un lamento transversal. El excanciller Heraldo Muñoz cometó que "se ha perdido una oportunidad muy importante para Chile", junto con recordar que la única y última vez que se había tenido un juez en La Haya fue hace 67 años -ahora 70- con Alejandro Álvarez.
Por su parte, el excanciller, Teodoro Ribera, dijo que "era una oportunidad única porque el cupo se dio por la muerte de un juez brasileño. La candidatura en sí era significativa para Chile. Es relevante por la posibilidad de que un juez chileno participara en casos que nos interesa".
