Tras varios días de expectativa, el Presidente electo José Antonio Kast oficializó este sábado la nómina de 39 subsecretarios y 16 delegados presidenciales que conformarán el segundo escalón de su futura administración.
Las designaciones no pasaron inadvertidas en el mundo político: desde el oficialismo hubo reacciones mixtas, con respaldos puntuales, pero también advertencias sobre los desafíos que enfrentarán algunos de los nuevos nombres.
Hay que recordar que la presentación del equipo se concretó luego de varios ajustes en el calendario, marcados por la gira internacional del Mandatario electo.
Apoyo desde el oficialismo
Desde el oficialismo, uno de los nombres más respaldados fue el de Manuel Millones como delegado presidencial regional de Valparaíso.
En esa línea, el
diputado Diego Ibañez (FA) señaló a través de su cuenta de X que "una buena elección para Valparaíso la designación de Manuel Millones como Delegado Presidencial Regional del próximo gobierno. Más allá de las legítimas diferencias, quienes sabemos de su trabajo por la región, reconocemos en él un líder dialogante y con vocación de servicio. Aquí encontrará colaboración para luchar por nuestra región de Valparaíso".
Por su parte, el parlamentario Jorge Brito (FA) también indicó que "para el bien de nuestra región de Valparaíso tenemos una muy buena opinión de lo que pueda llegar a ser Manuel Millones", pese a que, en general, "no han caído muy bien en la política y en este Congreso las designaciones de delegados presidenciales".
El diputado Juan Ignacio Latorre (FA), se sumó a los elogios, asegurando que el futuro delegado es "una persona decente y dialogante en la derecha", deseándole "el mayor de los éxitos por el bien de la región de Valparaíso".
Desde el socialismo democrático y según consignó LaTercera, el senador Tomás de Rementería (PS) valoró la llegada de Millones al cargo, a la que definió como "una buena noticia", resaltando su trayectoria y manejo en materias de descentralización.
En la misma línea, el parlamentario puso énfasis en otras designaciones que, a su juicio, pueden aportar al próximo gobierno, como las de Juan Pablo Rodríguez en Hacienda y Max Pabell en Interior. Sobre ellos afirmó que "tienen experiencia y pueden aportar", y añadió que "si le va bien al gobierno de Kast, le va bien a Chile".
El diputado Jaime Araya (IND-PPD) también se refirió a las designaciones de la segunda línea del próximo gobierno, valorando "la amplia presencia de mujeres, la incorporación de gente muy joven y personas de amplia trayectoria", y destacando especialmente el nombramiento de Daniela Castro como subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género.
Asimismo, sostuvo que espera que tengan "capacidad de diálogo y escucha para construir acuerdos en bien de Chile".
Críticas
Sin embargo, también hubieron cuestionamientos por parte del oficialismo. El diputado Daniel Manouchehri (PS) criticó el nombramiento de Máximo Pavez como subsecretario de Interior a través de su cuenta de X.
El parlamentario aseguró que Pavez "representó judicialmente a un ciudadano colombiano condenado por narcotráfico y a otro por porte ilegal de armas. Nadie cuestiona el ejercicio profesional o académico. Pero si alguien va a estar a cargo de la política migratoria y de la seguridad interior, es legítimo conocer toda su trayectoria".
Por su parte, Héctor Barria (DC), fue crítico en cuanto a la alta presencia de Chile Vamos en esta "segunda línea", manifestando que "Chile Vamos ha sido reducido a su mínima expresión por parte de republicanos. Es cosa de ver nombramientos de independientes, pero estrechamente ligados al partido republicano, por lo tanto esa independencia y esa autonomía no es tal".
"Y por otro lado, esperamos que estas personas tengan voluntad de llegar a acuerdos y no sigan con esa mirada ideológica que le ha impuesto Kast, en virtud de sus visitas, visitando a a presidentes con escasas credenciales democráticas", agregó.
La diputada Nathalie Castillo (PC), en tanto, se mostró crítica a la gestión que realizarán tanto los delegados como los subsecretarios, asegurando que "estos cargos requieren no solo capacidades técnicas, sino también estándares éticos incuestionables, especialmente cuando existen antecedentes públicos que han generado polémicas".
"No se trata de adelantar juicios ni de acusar, pero sí de ejercer una fiscalización rigurosa y permanente. La administración del Estado debe dar garantías de probidad, transparencia y respeto a la función pública, y eso es lo que vamos a exigir desde el primer día", finalizó.
