La presentación de la fórmula de regularización del Ministerio de Energía generó inmediatas reacciones en el mundo político.
La propuesta contempla una tarifa única y un subsidio focalizado en los sectores más vulnerables, con el objetivo de enfrentar el proceso instruido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que ordenó a las empresas distribuidoras recuperar los montos adeudados tras el congelamiento de tarifas aplicado en 2019.
Producto de esa medida y del retraso en la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), entre 2020 y 2024 los hogares acumularon una deuda millonaria con empresas como Enel, CGE y Chilquinta, que hoy alcanza aproximadamente los $730 mil millones.
Durante ese período, las compañías vendieron el servicio a un precio regulado inferior al que correspondía, ya que el VAD -que debía regir para esos años- recién fue fijado a mediados de 2024, generándose así un desfase que ahora debe ser regularizado.
Tras esto, el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, adelantó que el Ejecutivo impulsará un proyecto estructurado en dos pilares. El primero contempla que la deuda acumulada se salde mediante un cargo fijo mensual de $1.450 por hogar. El segundo considera que ese monto sea financiado, vía subsidio estatal, para el 40% de las familias más vulnerables según el Registro Social de Hogares.
Reacciones
En ese sentido, el diputado y presidente de la comisión de Energía, Marco Sulentay (UDI), indicó que "esta propuesta del gobierno saliente debe ser analizada en profundidad, no solo tiene su origen en el congelamiento de las cuentas de la luz, también proviene del mal cálculo de ellas".
"Nos gustaría que el Gobierno le explique bien a la población que sentido tiene la devolución de esos 2.000 pesos y ahora por culpa propia le van a subir sus cuentas Si hay subsidios a la población más vulnerable hay que determinar con claridad quién asumirá ese costo", agregó.
En esa línea, la diputada Yovana Ahumada (PSC) aseguró que ha "solicitado en reiteradas ocasiones que podamos avanzar en lo que se comprometió en algún minuto. Después del proyecto de las tarifas eléctricas, se suponía que íbamos a tener una mesa legislativa para poder buscar cambios que permitieran una baja permanente en las cuentas de la luz".
"Es lamentable que no se haya podido avanzar en esa línea y que hasta el día de hoy solo veamos aumentos o bajas muy menores en algunas regiones y no permanente en el tiempo como debió haberse hecho con el cambio de energía, a las energías limpias", continuó.
El parlamentario Benjamín Moreno (Republicanos), aseguró que "esperemos que el gobierno sea capaz de plantear una salida razonable y sensata, que no trate de dejar un proyecto que tenga más tintes ideológicos que técnicos para heredarle un problema al próximo gobierno, tal como lo hicieron con el anterior proyecto sobre estabilización tarifaria, sobre subsidio eléctrico que dejó el exministro Pardo".
"Ya tienen una seguidilla, un historial de errores de cálculos en esta materia y de falta de criterio político para entender que la resolución de estos problemas es eminentemente técnica y que no pueden adicionarle criterios políticos por el bien de los chilenos", agregó.
Por otra arte, el diputado Jaime Mulet (FVRS) aseveró que "es un abuso que el gobierno de Piñera haya tomado una decisión sin consultar a los consumidores y ahora los mismos consumidores sean los que paguen la cuenta, y además con intereses. Empresas que además han entregado un servicio de calidad deficiente a todos Chile".
"La situación es injusta, ya que las empresas eléctricas están cobrando intereses sobre una deuda que no fue solicitada por los consumidores. Es un caso claro de abuso de poder y falta de transparencia. Es importante que se haga justicia y que el Estado asuma la responsabilidad de la deuda, en lugar de cargar a los consumidores con este peso", finalizó.
