La zona que será desalojada.
Cedida por la Municipalidad de Maipú.
Esta mañana, autoridades realizan un operativo para desalojar el campamento Santa Marta, ubicado en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.
De acuerdo con información proporcionada por el municipio, el asentamiento ilegal está emplazado en Camino a Melipilla con Santa Marta, cuenta con una superficie de 7.056 m² y contiene 102 inmuebles, donde residen cerca de 375 personas.
El 91% de los residentes son extranjeros (en su mayoría venezolanos y colombianos), de los cuales el 74% posee situación migratoria irregular en el país.
Asimismo, la municipalidad contabiliza 150 niños, niñas y adolescentes; siete personas mayores de 60 años, y cinco personas en situación de discapacidad.
Denuncia
El pasado 21 de enero, la Municipalidad de Maipú presentó una denuncia por presunta estafa ante el Ministerio Público contra Ruth Carolina Fuentes Hevia, quien sería una dirigenta del campamento.
Según los antecedentes expuestos, la imputada cobraba hasta $100.000 por grupo familiar a vecinos en situación de vulnerabilidad, bajo la promesa de supuestos resultados judiciales y soluciones habitacionales que no cuentan con sustento legal.
Parte de estos cobros se habrían realizado en efectivo o mediante transferencias electrónicas, sin contratos ni comprobantes de pago.
Alcalde
El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, sostuvo en un punto de prensa que "esta es una toma ilegal de un terreno, donde ninguna familia de las que habitan en este sector tiene derecho ni a estar en este lugar ni a tener una vivienda".
Sobre la supuesta dirigente, el jefe comunal sostuvo que "desde el minuto uno trató de remar en contra de este operativo, que no permitió la comunicación con las familias, que entregaba información falsa, que tergiversaba permanentemente las acciones por parte del municipio, que negaba la existencia de este plan social, por intereses distintos a que las familias encontraran un destino, sino que más bien a resguardar un negocio personal que ella tiene en este sector".
"Lo que había en este sector es un pequeño grupo de interés que tiene un negocio asociado a esta toma de terreno, que dificultó la comunicación, que negó la existencia de un plan social que existe, al cual afortunadamente se plegaron la gran mayoría de las familias, pero lamentablemente no todas", añadió.
