Este martes, la
Corte de Apelaciones de Santiago revisará -cerca de las 08.30 horas- la solicitud de desafuero del
gobernador de la RM,
Claudio Orrego, en el marco de la indagatoria por el caso Procultura, que revisa traspaso de fondos públicos a esa fundación.
Si bien la audiencia estaba programada para el 12 de febrero, esta fue suspendida a petición de la Fiscalía de Antofagasta.
El principal argumento del ente persecutor para hacer la solicitud en ese entonces, fue que la audiencia debía postergarse por la cercanía con la apelación presentada para endurecer las medidas cautelares de los imputados en la causa.
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, planteó que "por un lado, el Ministerio Público apelará por estos días ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra la medida cautelar impuesta a cuatro acusados formalizados en la causa. Por otro lado, a pesar de que la solicitud de desafuero contra Orrego había sido enviada en septiembre al tribunal de alzada capitalino, la audiencia para debatir aquello fue fijada para esta semana".
En esa línea, expuso que "lo que pidió el Ministerio Público ante esta contingencia de dos tremendas audiencias en distintas cosas" es que la solicitud de desafuero sea vista en otro momento.
Según consignó El Mercurio, la solicitud de desafuero sostiene que "Claudio Orrego Larraín abusó de su cargo", de la "función pública que desempeñaba" y que incurrió en una "infracción grave a los deberes del mismo", al suscribir dos convenios con Procultura sin que la fundación contara con la "capacidad, idoneidad, competencia y experiencia" necesarias para ejecutar los contratos.
En el caso de que el tribunal acoja la solicitud de desafuero de Orrego, este perdería su fuero como autoridad electa, por lo tanto, quedará habilitado para ser formalizado, e incluso, podría ser suspendido de sus funciones en el cargo que hoy tiene.
Colombara: Solicitud se basa "en antecedentes falsos"
Ayer, el abogado de Orrego, Ciro Colombara, planteó a 24 Horas que ha existido un "fracaso" en la fiscalía regional de Antofagasta, "específicamente del abogado (y fiscal) Eduardo Ríos, quien presentó la solicitud de desafuero, el abogado (y fiscal) Juan Castro y ahora se ha designado a otra persona, el señor Cristián Aguilar, que estuvo a cargo de la audiencia de formalización tanto en primera instancia como en la Corte de Apelaciones".
Asimismo, aseveró que la solicitud de desafuero "se basa en antecedentes falsos, erróneos, interpretados equivocadamente".
En ese sentido, planteó que la fiscalía tenía como argumento que la presunta conversación -que no incluyó a Orrego- se desarró entre "la persona A y B, en que discuten en tal época cómo empezar el proyecto Quédate, pero resulta que era entre otras personas diferentes, de una época distinta y se trata de otra cosa. Yo quiero creer que se trata de un error garrafal, negligencia, más allá de una intención de mala fe".
No obstante aquello, remarcó que "causaron un daño tremendo con un antecedente probatorio que era falso, y además han cometido errores gravísimo en el análisis jurídico penal de los hechos".
El pasado viernes, Orrego afirmó que durante esta semana se recuperará el total de los recursos cuestionados a través del cobro de pólizas de seguro exigidas al firmar el convenio, pese a no ser obligatorias por ley. En esa línea, enfatizó que el proceso se está gestionando con apoyo del Consejo de Defensa del Estado.
"Nosotros lo hemos dicho desde el primer día. En esta investigación la Fiscalía de Antofagasta ha cometido gravísimos errores de hecho y de derecho", señaló el gobernador, asegurando que su postura ha sido "refrendada por un juez de garantía y por la Corte de Apelaciones".
El caso Procultura
La indagatoria que involucra específicamente a Orrego apunta a un hecho ocurrido en junio de 2022, cuando el gobernador propuso al Consejo Regional Metropolitano que se nombrara a Alberto Larraín -fundador de Procultura- como director de la Corporación de Desarrollo, que era presidida por el mismo Orrego.
Sólo 21 días después se autorizó la entrega de los más de $1.600 millones, por el programa "Quédate". De acuerdo a la Fiscalía Regional de Antofagasta, los convenios que se firmaron se hicieron sin que Procultura tuviera "capacidad, idoneidad, competencia y experiencia para ejecutar los tratos".
El ente persecutor ha señalado que las acciones tuvieron como consecuencia un millonario perjuicio, por los montos asignados a la fundación: "correspondientes a $1.690 millones 388 mil".
De acuerdo a una acción civil presentada por el propio Gore de la RM, más de $1.015 millones no habrían sido rendidos por la fundación.
