Un "terremoto" generó en la Fiscalía la trama de la arista Procultura del caso Convenios. Ayer, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó -de manera unánime- el desafuero del
gobernador de la RM, Claudio Orrego, pero también se concretó la renuncia del
fiscal de Alta Complejidad de Antofagasta, Eduardo Ríos, acusando maltrato laboral.
La trama para formalizar a Orrego ha sido intrincada para el Ministerio Público y ha enfrentado múltiples cuestionamientos.
La audiencia por el desafuero del gobernador ya se había postergado, a raíz de la cercanía por la apelación del ente persecutor para endurecer las medidas cautelares de otros imputados en la causa. Si bien inicialmente estaba fijada para el 12 de febrero, esta fue suspendida a petición de la Fiscalía de Antofagata, y se reprogramó para ayer 17 de febrero.
En paralelo, el abogado de Orrego, Ciro Colombara, ha acusado a la Fiscalía de Antofagasta de presentar "un antecedente probatorio falso" en la causa, y de que la solicitud de desafuero estaba basada "en antecedentes falsos, erróneos, interpretados equivocadamente", dijo esta semana a 24 Horas.
La solicitud de desafuero estaba basada en que el gobernador había "abusado del cargo de la función pública que desempeñaba" y por incurrir en una "infracción grave a los deberes del mismo", al suscribir dos convenios con Procultura sin que la fundación contara con "capacidad, idoneidad, competencia y experiencia" necesarias para ejecutar los contratos.
Ahora, tras el rechazo, se ha instalado la percepción de que la indagatoria de la fiscalía pierde fuerza, pues varios veían la solicitud de desafuero como una de las "últimas cartas" del ente persecutor en el caso Procultura.
De todos modos, el Ministerio Público puede formalizar a Orrego, debido a que la solicitud de desafuero que fue rechazada solo restringe el solicitar cautelares, pero no la formulación de cargos.
Renuncia del fiscal Ríos
El fiscal Ríos, quien el año pasado estuvo encabezando el caso Procultura y que pidió el desafuero de Orrego, renunció ayer ante la Fiscalía Nacional, lo que agudizó el "terremoto" en la entidad.
Ríos apuntó a maltrato laboral por parte de su jefe, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.
"He tomado esta decisión convencido de que mi desarrollo requiere abrirme a nuevos horizontes, dado que en el último tiempo he sentido limitadas mis posibilidades de desplegar plenamente mis capacidades", dijo Ríos al presentar su renuncia.
Respecto a Castro Bekios, sostuvo en un escrito -que recoge El Mercurio- que en diciembre de 2025 se enteró de una "reunión secreta" interna, en que se pidió un informe de la causa "y el estado de la misma", sin que se le comunicaran los detalles: "es decir, oculto a mi conocimiento, lo que solo puedo interpretar como una función de espionaje o control clandestino a este denunciante o al equipo".
Asimismo, dijo no entender los motivos "del secretismo" y por qué "querrían obtener información a mis espaldas, lo cual, al enterarme me generó confusión, una sensación de persecución, aislamiento y hostigamiento arbitario".
En la carta también apuntó a que además de "espinonaje", sufrió "desautorización" y "silencio jerárquico cuando intento aclarar y ordenar". Situaciones que se acumularon en pocas semanas, y que no sólo lo habrían afectado emocionalmente, sino que también "afectó la operación, dañó la confianza interna y debilitó mi función como jefe".
Con todo, Ríos planteó que se trata de situaciones que deben ser investigadas y aclaradas formalmente.
Sumario
Cabe recordar que sobre Ríos pesa un sumario en el marco de la causa ProCultura, a raíz de la denuncia que realizó el abogado Colombara, acusando diversos "errores" que identificó en el trámite judicial de la indagatoria, como el principio de ejecución del delito, que primero se ubicó en Antofagasta y que, finalmente, se estableció en Santiago.
Esto, además de los cuestionamientos de la evidencia presentada y conversaciones atribuidas a los imputados, que según la defensa de Orrego, no correspondían con la realidad.
Sobre esto último, Colombara explicó a 24 Horas que la fiscalía tenía como argumento que la presunta conversación -que no incluyó a Orrego- se desarró entre "la persona A y B, en que discuten en tal época cómo empezar el proyecto Quédate, pero resulta que era entre otras personas diferentes, de una época distinta y se trata de otra cosa. Yo quiero creer que se trata de un error garrafal, negligencia, más allá de una intención de mala fe".
No obstante aquello, remarcó que "causaron un daño tremendo con un antecedente probatorio que era falso, y además han cometido errores gravísimo en el análisis jurídico penal de los hechos".
