La exministra vocera del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Karla Rubilar, respondió con dureza a la titula de la secretaría general de Gobierno, Camila Vallejo, quien acusó que la actual administración heredó un déficit de financiamiento por US$2.000 millones para el pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
"No estaban en ninguna parte y tuvimos que buscar la manera con reasignaciones, con ajustes presupuestarios para financiar la PGU que se había aprobado. Buscar esos US$2.000 millones que no estaban para que finalmente las personas jubiladas tuvieran su PGU, su platita en el bolsillo", sostuvo Vallejo hace algunos días.
Ante esto, Rubilar respondió por medio de una carta a El Mercurio. "Resulta preocupante que desde la vocería de Gobierno se insista en instalar la idea de que la administración del Presidente Sebastián Piñera habría dejado US$ 2.000 millones desfinanciados’ para la PGU. Cuando se habla de pensiones y de adultos mayores,
la discusión debe sostenerse en datos y no en relatos", manifestó.
Tras ello, la otrora secretaria de Estado expuso que "la PGU fue aprobada unánimemente en el Congreso, con informe financiero visado por la Dirección de Presupuestos y con fuentes de financiamiento identificadas".
"No fue una promesa improvisada, sino una política estructural responsable, diseñada precisamente para garantizar su sostenibilidad", subrayó.
Además -continuó Rubilar-, "al cierre del mandato anterior, el presupuesto 2022 contemplaba recursos de libre disposición por alrededor de US$700 millones, un fondo adicional cercano a US$830 millones para contingencias sanitarias y vacunas, y una cifra similar para reactivación económica. Asimismo, se reforzaron los fondos soberanos con una inyección cercana a US$ 6.000 millones, fortaleciendo la posición fiscal del país".
"Más aún, el propio ministro Marcel reconoció en su primer Informe de Finanzas Públicas la existencia de holguras fiscales heredadas por US$ 25.000 millones. Es decir, había espacio presupuestario real para cumplir los compromisos asumidos", resaltó.
Frente a estos antecedentes, a juicio de la exvocera, "insistir en una supuesta ‘herencia desfinanciada’ no responde a un análisis técnico, sino a la necesidad de explicar el evidente mal manejo de este Gobierno que llevó al deterioro de las cuentas fiscales actuales con mayor deuda pública, déficit estructural persistente y una trayectoria de gasto que hoy tensiona seriamente la sostenibilidad fiscal".
"Si el Gobierno ha impulsado instancias para combatir la desinformación, el estándar debe comenzar por su propia vocería. Las cifras están en los informes oficiales y son públicas. Persistir en una afirmación que esos mismos documentos desmienten no es un error comunicacional. Es una decisión política. Y cuando se trata de las pensiones de millones de adultos mayores, faltar a la verdad no puede quedar sin respuesta", cerró.
