En un intento por salir a explicar el estado de avance del proyecto "
Chile China Express", el Gobierno ha caído en varias contradicciones que no han hecho más que agudizar tensiones a nivel interno, en paralelo al complejo momento que se ha desarrollado con Estados Unidos.
Esto, porque el gobierno de Donald Trump impuso el viernes la sanción de revocar visas a tres funcionarios de la administración del Presidente Gabriel Boric, acusándolos de "llevar a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionaron la seguridad regional en nuestro hemisferio".
En tanto, el Gobierno sólo pareciera estar alineado en la idea de condenar la acción de Estados Unidos y de defender la soberanía, mientras que la narrativa en torno al estado de avance del proyecto han ido desde "una etapa sumamente inicial", hasta el dato revelado por El Mercurio este martes: que el ministro Muñoz ya había firmado un decreto que autorizaba la concesión, pero que fue anulado dos días después.
De acuerdo al citado medio, la firma del decreto se hizo el 27 de enero, y el 29 se anuló, "por razones de error técnico o en su tipeo". Según se conoció, el ministro habría optado por recabar más antecedentes para ese proceso, aunque aún no está del todo claro -a raíz de las contradicciones de La Moneda- si esa decisión se tomó antes o después de que el titular de Transportes se reuniera con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.
Así las cosas, se trata de una inédita crisis que involucra a varios actores, entre la diplomacia, autoridades de Gobierno y lobbistas.
Cancillería
El viernes, luego que Estados Unidos comunicara las sanciones y las razones de aquello, desde Cancillería emitieron un comunicado expresando "sorpresa" por la decisión, donde además negaron tajantemente que hubiera participación en actividades que comprometieran la seguridad del continente o de tercero países.
"El Gobierno de Chile expresa sorpresa ante el anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos en que se señala que se le ha revocado la visa oficial de ingreso a ese país a tres funcionarios del Gobierno, acusándolos de participar en actividades que socavan la seguridad regional", señalaron en el texto.
Agregaron que "el Gobierno de Chile rechaza estas acusaciones y descarta categóricamente participar en actividades que socaven la seguridad del continente o de terceros países. Del mismo modo, condena la imposición de cualquier medida unilateral que vulnere la independencia de nuestro país, o que intente debilitar el legítimo derecho a ejercer nuestra soberanía nacional".
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, comentó que presentaron una nota de protesta contra Estados Unidos a través del embajador.
Sobre el proyecto en cuestión, Van Klaveren sostuvo que "estamos hablando de un proyecto que no ha sido aprobado, que está en evaluación y el proyecto que si fue aprobado por un cable submarino es otro. Allí participa una empresa de EE.UU. y el que participa el Gobierno de Chile, el cual está avanzando y fue ya inaugurado en dos ceremonias en las que participó el Presidente Boric".
Subsecretaría de Telecomunicaciones
La trama se ha concentrado en la cartera de Transportes, por ser la cartera donde está alojado el proyecto. Desde allí también han surgido contradicciones.
El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, -quien es otro de los funcionarios sancionados con la revocación de su visa- comentó el sábado en El Mercurio, que la iniciativa ya había pasado algunas etapas y que debería definirse próximamente.
En esa línea, aseveró que se "requiere una concesión que está actualmente en tramitación en la subsecretaría. Este proceso requiere varias validaciones. Se hicieron observaciones al proyecto técnico presentado por la empresa, esas observaciones ya fueron subsanadas y ahora se está en la etapa de confección de un decreto para determinar si se autoriza".
Ministerio de Transportes
Desde el Ministerio de Transportes, el ministro Juan Carlos Muñoz sostuvo el domingo a La Tercera que "este es un proyecto que tiene 12 etapas, y el subsecretario solo se refirió a la primera, que es la que tiene que ver con nosotros, no se refirió a ninguna de las otras que viene a continuación".
"Y lo que él indica es que estamos revisando todos los antecedentes, y ahora tenemos antecedentes nuevos, que los tenemos que evaluar correctamente, para ver cuáles son los pasos a seguir".
En tanto, ayer, en Tele13 Radio, dijo que "nosotros como subsecretaría, como ministerio, recibimos proyectos del sector privado que les interesa poder hacer despliegue a telecomunicaciones a lo largo del país.
Y estos proyectos tienen que seguir una secuencia de permisos y el subsecretario se refirió al primero de esos permisos. Son 13".
"Se refirió al primero de esos permisos, que era el permiso que tiene que ver con la autorización desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones para poder ofrecer servicios de telecomunicaciones. Efectivamente, esta es una autorización que había llegado a fines de noviembre del año pasado y que está siendo analizado por parte de la subsecretaría", afirmó.
Ministros
Ayer, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó el proceso de los permisos: "la evaluación de este tipo de proyectos tiene distintos procedimientos que da nuestra institucionalidad y nuestro marco normativo".
"Evidentemente hay un paso que se inicia desde el Ministerio de Transportes, pero que corre distintas reparticiones ministeriales, son alrededor de 13 evaluaciones de permisos y autorizaciones sectoriales como lo ha sido para otros proyectos, como el conocido proyecto donde participa la empresa Google de ese cable submarino", sostuvo.
Por su parte, esta mañana, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó en Radio Duna las dudas por las contradicciones en torno a la etapa en la que está el proyecto y la firma del decreto de concesión que luego se anuló.
Según dijo, "en lo que se refiere a la concesión de servicio intermedio de telecomunicaciones que realiza la Subsecretaría de Telecomunicaciones, es la primera etapa. Después vienen las 13 etapas (...) de las cuales la primera es esta, en eso hemos sido explícitos", subrayó.
Sobre el momento en que se decidió revisar los antecedentes, comentó que "lo que el ministro (Muñoz) estableció fue que se tuvieran antecedentes adicionales sobre la base de la información que se le había proporcionado, y de hecho, la decisión es antes... eso es lo que el ministro ha señalado... es antes de que se reuniera con el embajador de Estados Unidos, a propósito de una reunión que había tenido con un asesor de su ministerio".
Por su parte, la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, dijo a Radio Pauta que "esto es un proceso que tiene distintas etapas (…) y en una primera etapa, la autorización de la concesión no se había consolidado el acto administrativo, porque para que se consolidara no sólo requiere la firma del ministro Muñoz, sino que la toma de razón de Contraloría", partió diciendo.
Agregó que "tal como él lo reconoce (Muñoz), tuvo una audiencia con el embajador de Estados Unidos, quien levantó algunas preocupaciones y a raíz de eso, el ministro decidió hacer una revisión más exhaustiva respecto de los antecedentes".
Embajada de EE.UU. en Chile
Ayer, el embajador de EE.UU. en Chile, Brandon Judd, ofreció un punto de prensa para abordar el tema de la sanción, instancia en la que aprovechó de tildar de "irrisoria" la sorpresa de Cancillería respecto a la molestia de la administración Trump por el proyecto.
Judd partió diciendo estar "profundamente decepcionado de estar aquí hablando de temas de visas en lugar de enfocarme en formas en las que podamos crear trabajos, hacer crecer la economía y limitar el crimen, asuntos que son importantes para nuestras dos naciones".
"Durante el fin de semana vi en los diarios que algunas personas en el gobierno dijeron estar sorprendidas de que tomamos esta acción. Eso es irrisorio", dijo Judd.
Según afirmó, "durante los últimos dos meses yo he tenido una gran cantidad de reuniones con ministros y funcionarios del gobierno sobre este tema. Fui muy claro acerca de nuestra preocupación y franco acerca de las amenazas no solo a la seguridad chilena, sino a la seguridad de la región entera", afirmó.
Embajada de Chile en EE.UU.
El planteamiento de Judd, respecto a que hubo conversaciones previas antes de llegar al punto de la sanción, haría alusión a encuentros que se dieron hace al menos tres semanas.
De acuerdo a lo señalado por Ex-Ante, altos funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU., se reunieron con el embajador chileno, Gabriel Valdés, donde le habrían reiterado su oposición al proyecto.
Judd también habría sostenido reuniones con el canciller Alberto Van Klaveren; la ministra de Defensa, Adriana Delpiano; el ministro de Seguridad, Luis Cordero; y tal como se ha conocido públicamente, con el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.
Lobbistas
En la trama también figuran lobbistas que han operado como consultores de la empresa Chile China Mobile Internacional (CMI), la que se constituyó en Chile en agosto del año pasado, con US$ 3 millones de capital, según consignó La Segunda.
CMI es la empresa que ha buscado mover sus piezas para construir el cable de fibra óptica que conecte internet entre China y Chile, y en esa iniciativa -que abrió la polémica de las sanciones-, han trabajado de la mano con el consultor chileno Roberto Baltra, ingeniero civil industrial de la U. de Chile, quien además es experto en lobby y consultoría en temas de regulación económica y procesos de fijación.
Baltra, consigna el citado medio, ha asesorado al ministerios en Colombia, mientras en Chile ha trabajado para empresas como Entel, WOM y VTR. En el caso específico del cable con China, su rol ha sido relacionado con labores propias de su ingeniería.
En tanto, en materias regulatorias, ha estado desplegado el exsubsecretario de Hacienda y de Telecomunicaciones de Sebastián Piñera, Francisco Moreno. Además, gestionó las reuniones de lobby entre CMI y los reguladores chilenos.
