El Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias (CRAP), organismo con rango legal que regula el uso de los fondos públicos que reciben los congresistas para ejercer sus tareas, corre el riesgo de quedar acéfalo de aquí a dos semanas. Los períodos de todos sus integrantes cesarán automáticamente el próximo 10 de marzo, pero los partidos políticos aún no se ponen de acuerdo en quiénes debieran reemplazarlos. A pesar de que la tarea del CRAP tiene un perfil técnico, sus miembros han sido siempre nombrados a partir de acuerdos entre las colectividades representadas en el Legislativo.
