Movidos días hantenido las
relaciones entre Chile y China tras la polémica por el cable submarino, sumando también otros despliegues y acciones de parte del país oriental en territorio chileno.
El martes el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, realizó una visita a la comuna de Tomé, en la región del Biobío, afectada en enero por los incendios forestales.
Desde ahí, el martes defendió el cable submarino que buscaba conectar Valparaíso con Hong Kong y sostuvo que pese a las advertencias de EE.UU., "no va a socavar la seguridad regional o la seguridad de otros países (...) esto satisface las necesidades de ambas partes y también beneficia a ambas partes".
El miércoles, durante un recorrido por Tomé, el diplomático expresó su interés en evaluar posibles inversiones en la comuna, asegurando que presenta oportunidades de desarrollo en infraestructura y tecnología urbana.
"La comuna tiene muchas necesidades en la mejora de la infraestructura y la construcción de una ciudad inteligente, así que estoy dispuesto a ayudar a promover el establecimiento de hermanamiento entre Tomé y alguna ciudad china, y también quiero promover la cooperación más profunda entre Tomé y las empresas chinas", sostuvo.
Asimismo, a modo de ayuda, la embajada realizó una donación de uniformes escolares a estudiantes del pueblo costero de Punta de Parra, a tan solo días del inicio del año escolar.
Buque médico en Valparaíso
Otro despliegue que no ha pasado desapercibido es el del buque médico de la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China, Silk Road Ark, que el pasado miércoles fondeó en la bahía de Valparaíso.
Esto, en el marco de la misión "Harmony-2025" que contempla un paso por 11 naciones para realizar operativos a la población. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud, a través de la Seremi de Salud de Valparaíso, negó los permisos para realizar procedimientos en la quinta región.
Según explicaron en un comunicado, la solicitud formal del operativo se hizo a fines de 2025 mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero tras un "riguroso" análisis se concluyó que "no resulta procedente la autorización de funcionamiento de este operativo de salud en las instalaciones del buque, en línea con lo que se indica el Artículo 112 del Código Sanitario vigente actualmente en nuestro país".
Esto, sumado a que "al no ser una actividad del Ministerio de Salud, se complejiza hacer seguimiento a las atenciones realizadas a los pacientes".
Tensión por la jibia
El pasado 19 de enero, un día antes de que explotara el denominado "cablegate", la organización internacional dedicada a la defensa del medioambiente, Environmental Justice Foundation (EJF), alertó a Chile de una sobreexplotación de jibia por parte de embarcaciones chinas.
El reporte de EJF detectó que en 2024 operaron 528 buques chinos en la zona de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, el doble que una década atrás, concentrando el 98,7% de la pesca de calamar en alta mar del Pacífico Sudeste.
En su informe, se acusó que la pesca de jibia "enfrenta una creciente presión debido a la sobrepesca en alta mar, y que grandes flotas chinas de aguas distante" se estarían aprovechando de los vacíos normativos.
En esa línea, apuntaron que "la flota china de aguas distantes concentra actualmente la mayor parte de la pesca de jibia fuera de las Zonas Económicas Exclusivas en el Pacífico Sudeste, operando bajo estándares regulatorios considerablemente menos exigentes que los que enfrentan los pescadores chilenos dentro de aguas nacionales".
Tras conocerse esto, el gremio de Pescadores Industriales del Biobío acusó que el reporte confirma un problema que Chile conocería hace años, aún sin adoptar medidas efectivas, y además cifraron en unos US$1.500 millones las pérdidas por Ley de la Jibia.
Por ello, la presidenta del gremio, Macarena Cepeda, recalcó que "el país no puede darse el lujo de dejar recursos estratégicos sin aprovechar, especialmente cuando enfrenta una competencia creciente en el borde de su Zona Económica Exclusiva".
A su juicio, el Gobierno "tiene responsabilidad por la omisión del problema, ya que si no hubiese sido por el informe internacional esto no habría sido una alerta. Es decir, conociendo las cifras no hicieron nada por revertir la situación".
