Gendarmería está siendo cuestionada luego de semanas de múltiples errores vinculados con el resguardo de quienes debe custodiar.
Entre los casos recientes, dos imputados intentaron fugarse desde el Juzgado de Garantía de Colina y uno de ellos lo logró, aunque más tarde fue recapturado; dos condenados por delitos violentos escaparon de la ex Penitenciaría vestidos como funcionarios de la institución.
Anteriormente, un imputado fue liberado del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, pese a que el tribunal había decretado prisión preventiva, mientras que un acusado dijo ser otra persona durante una audiencia ante el 13° Juzgado de Garantía de Santiago, siendo puesto en libertad por error.
De acuerdo con La Tercera, en los últimos diez años se han otorgado 159 libertades por error a sujetos que debían estar privados de libertad.
Tras el último episodio en la ex Penitenciaria, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, anunció la intervención del recinto penitenciario, mientras que el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, anunció la remoción del director regional metropolitano y la desvinculación del alcaide junto con los jefes operativo y de régimen.
Esta seguidilla de errores de Gendarmería, entonces, propiciaría un terreno fértil para que internos u organizaciones criminales intenten corromper a funcionarios del organismo penitenciario.
Expertos
Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la U. San Sebastián, expone que "las crisis institucionales generan siempre un efecto de vulnerabilidad percibida". "Cuando una institución aparece debilitada por errores operativos, cuestionamientos públicos o tensiones internas, ciertos segmentos de la población penal, especialmente aquellos vinculados a crimen organizado, pueden interpretar ese contexto como una oportunidad para intentar influir o corromper", afirma.
A pesar de lo anterior, también destaca que "la corrupción en entornos penitenciarios no surge solo por 'escándalos' mediáticos. Se produce cuando confluyen factores estructurales: sobrepoblación, déficit de personal, baja segmentación por peligrosidad, presión económica sobre funcionarios y presencia de internos con alto poder financiero".
"El crimen organizado opera precisamente explotando debilidades institucionales", subraya.
Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio sobre Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello, comparte el punto y sostiene que "lamentablemente, parte relevante de la crisis del sistema penitenciario dice relación con la corrupción de Gendarmería que hoy está muy presente, debido a la debilidad del control territorial del Estado sobre las cárceles y a la cada vez más clara acción del crimen organizado intra muros".
Por su parte, Florencia Cox, psicóloga clínica forense y coordinadora académica de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, manifiesta que "en una institución jerárquica como Gendarmería de Chile, cuando la autoridad se ve sobrecargada o cuestionada, algunos internos pueden percibir que el control es más débil".
Argumenta que "considerando que la población penal tiene antecedentes de transgresión de normas y conductas instrumentales, es probable que, si ven oportunidades, intenten corromper a funcionarios como una estrategia para obtener beneficios".
Añade: "Estos fenómenos pueden analizarse considerando procesos como la normalización progresiva de conductas desviadas (cuando pequeñas transgresiones se vuelven habituales) y la racionalización moral, mediante la cual el funcionario justifica su actuar atribuyéndolo al contexto. Además, el estrés crónico, burnout y la exposición constante a dinámicas delictivas pueden afectar el juicio ético y la toma de decisiones. También situaciones como el hacinamiento, la falta de personal, el desgaste laboral y la presión del crimen organizado pueden generar un escenario donde estas prácticas encuentren espacio para desarrollarse".
ACHM
Con más de 62 mil personas privadas de libertad en régimen cerrado frente a una capacidad estructural de 42 mil, el sistema penitenciario ha está estructuralmente sobrepasado.
Así, la Asociación Chilena de Municipalidades ha planteado una propuesta concreta: que los municipios puedan conocer, con al menos seis meses de anticipación, el eventual retorno de personas condenadas a sus comunas de origen. No para estigmatizar, sino para gestionar su regreso.
En ese sentido señalaron que la política apunta a gestionar significa dos cosas distintas y complementarias. Preparar oferta de reinserción: empleo local, intermediación laboral, apoyo psicosocial, coordinación con programas estatales, recordando que la reinserción y, por otro lado, articular el control en casos de alto compromiso delictual y baja estimación de reinserción, coordinando información con policías y sistemas de monitoreo cuando corresponda, porque la seguridad pública no puede comenzar a gestionarse el día después del egreso; debe comenzar antes.
