Ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro.
Jonathan Mancilla.
Este viernes, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, abordó el veto sustitutivo ingresado por el Ejecutivo a la recientemente aprobada Ley Integral de Personas Mayores y de promoción del envejecimiento digno, activo y saludable, iniciativa que había sido respaldada por unanimidad en el Congreso el pasado 5 de enero.
La normativa -que debía ser promulgada a comienzos de este mes- apunta a fortalecer la protección de los derechos de las personas mayores y fue el resultado de un proceso legislativo que se extendió por cinco años, con activa participación de organizaciones de la sociedad civil.
La decisión de presentar el veto fue comunicada en una reunión convocada por el propio Ministerio de Desarrollo Social y encabezada por la secretaria de Estado, instancia en la que se informó que el Ejecutivo objetó los artículos 15 y 29 del proyecto, ambos vinculados a materias laborales.
Al respecto, la titular de cartera señaló que "primero que todo, es importante decir que el compromiso que tenemos con el bienestar de las personas mayores es irrestricto, y eso se demuestra en el impulso que le dimos al proyecto, presentando indicaciones que fortalecieron sus derechos y crearon un procedimiento especial de protección de personas mayores".
En esa línea, indicó que "con respecto al veto, responde a un aspecto puntual del proyecto. La ley no puede precarizar de ninguna manera a quienes busca proteger, y nos parece que el artículo que crea un nuevo contrato del trabajador adulto mayor, presenta un riesgo que puede afectar la seguridad laboral de las personas mayores".
"Permitiendo por ejemplo una ‘libre elección horaria’ que en la práctica implica disponibilidad permanente, o pactos de suspensión sin límites temporales ni causales objetivas, lo que podría dejar a trabajadores mayores sin remuneración, sin cotizaciones y sin indemnización", continuó.
La ministra indicó que por esto desde el Ejecutivo "proponemos igualar el ingreso mínimo de las personas mayores de 65 años al del resto de la población adulta, terminando con una discriminación etaria que no se condice con una ley de envejecimiento digno, activo y saludable."
"En ningún caso esta ley se encuentra en riesgo y, más allá de este aspecto puntual que deberá votarse, el grueso del contenido que suscita amplio acuerdo, se encuentra aprobado y se convertirá en ley", zanjó.
