En medio del polémico traspaso de mando, la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), más conocida como "Ley Uber", vuelve a estar en el centro del debate por los reparos del próximo Gobierno.
En conversación con Tele13 Radio, el próximo ministro de Transportes, Louis De Grange, señaló sobre el proyecto que "nosotros, en la OPE (Oficina del Presidente Electo), hicimos un estudio previamente, donde analizamos el efecto que tiene el reglamento sobre la oferta y sobre los pasajeros. Y la verdad es que es bastante demoledor".
En esa línea, aseguró que "en el límite te puede dejar sin servicio al 85 o cerca del 90% de los pasajeros y afectar también en temas de empleo a un porcentaje similar de los conductores".
Consultado sobre si es posible echar pie atrás en caso de que la actual administración lo ponga en marcha, señaló que "efectivamente, se pueden hacer los ajustes necesarios, pero eso implica retrasar todo. Y, además, hay muchos cambios que hay que hacer en pos de mejorar la calidad de servicio".
"Con el reglamento actual, las tarifas se van a multiplicar, van a crecer mucho, se va a reducir la oferta, lo que implica mayores tiempos de espera", recalcó De Grange.
Además, apuntó que "la cantidad de personas que hay trabajando en aplicaciones representa el 1% o un punto, por decirlo de alguna forma, del empleo. Es decir, si tú aplicas tal como está el reglamento, el nivel de desempleo podría aumentar de 8,3 a 9,3, por decirlo de alguna forma. Es brutal".
"Yo creo que lo ideal es hacer algunos ajustes específicos a la Ley Uber, al decreto 212 que apalanca también a la ley y al reglamento y ajustes más extensos al reglamento. Son esas tres patitas que es necesario, a la brevedad posible, hacer los ajustes", afirmó.
Zoom a la Ley Uber
En concreto, la legislación apunta a regular el funcionamiento de plataformas como Uber, Cabify, Didi e InDrive, además de servicios de delivery.
Fue promulgada en abril de 2023 y a casi tres años, su entrada en vigencia continúa en suspenso, dejando a miles de conductores y usuarios en un limbo normativo. De acuerdo a la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), comenzará a regir 30 días después de su publicación en el Diario Oficial.
En concreto, la Ley N° 21.553 impone un proceso de inscripción que estará a cargo de la Subsecretaría de Transportes que funcionará como registro electrónico, en que las empresas entregarán el detalle de los conductores habilitados y los vehículos adscritos por cada región, donde "los vehículos sólo podrán estar inscritos en una de las regiones en las cuales se encuentre registrada la EAT".
Este punto es primordial, pues "la falta de alguna de la información requerida en el inciso anterior, o su consignación parcial, inhabilitará la inscripción en el Registro".
Además, se constata que las empresas deberán cumplir con otorgar al usuario las características del servicio "de manera de permitirle comparar opciones y adoptar decisiones de contratación de estos servicios de manera informada" y operar "sólo con conductores inscritos en el Registro".
Asimismo, se establece que los vehículos registrados deberán cumplir con ciertas exigencias de seguridad, como tener un mínimo de 10 años de antigüedad y con una cilindrada de al menos 1,4 litros. Además, los vehículos regidos por esta ley deberán cumplir con la aprobación de la revisión técnica cada seis meses.
Y, 12 meses después de que entre en vigencia, los conductores deberán contar con una licencia profesional "para conducir vehículos de transporte de pasajeros, con su control vigente".
Este último es uno de los principales reparos, ya que ha sido sindicado como un problema para aquellos que quieren ejercer como conductores de aplicaciones a tiempo parcial, porque podrían declinar el oficio al no obtener la licencia profesional, cuyo costo no es menor.
Esto podría traer una serie de consecuencias: un alza en los precios del servicio a los usuarios; una menor disponibilidad de autos, ya que los conductores parciales actúan como reguladores de la oferta; el riesgo a que aumenten las cifras de desempleo y un posible nuevo colapso en las direcciones de tránsito de los municipios del país.
Reparos del futuro ministro
Cabe mencionar que los reparos de Louis De Grange no son nuevos. El pasado lunes aseguró que solicitó al actual titular de la cartera, Juan Carlos Muñoz, no perseverar con la normativa.
A través de su X, argumentó que la medida "genera negativos impactos en pasajeros (precios y calidad) y conductores (desempleo). Requiere varios e importantes cambios".
Según un estudio del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, elaborado con la base de datos proporcionados por Uber y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en octubre de 2025 habían 134.400 conductores activos en la aplicación, 17% con respecto al año anterior.
"Con el reglamento actual, las tarifas se van a multiplicar, van a crecer mucho, se va a reducir la oferta, lo que implica mayores tiempos de espera".
Louis De Grange, futuro ministro de Transportes
Sin embargo, se advirtió que con los nuevos requisitos de la "Ley Uber", el 81,5% de esos conductores podrían quedar fuera de la normativa y por ende, sin posibilidades de ejercer para la empresa de transporte.
Otro de los cuestionamientos que ha surgido es el fallido intento por implementar la plataforma digital en la que se deben registrar los conductores y vehículos, lo que ha retrasado su entrada en vigencia.
Tras dos licitaciones declaradas desiertas y una fallida, a principios de febrero el Ministerio de Transportes finalmente adjudicó el desarrollo de la plataforma de registro de EAT a la empresa Consultoría y Desarrollo de Software Arkhotech SpA.
El pasado octubre, el MTT aseguró a Emol que la normativa "se pondrá en marcha bajo esta administración". Sin embargo, todo indica que la normativa sería publicada oficialmente después del 11 de marzo, dejándola en un complejo escenario ante el desacuerdo del futuro ministro De Grange.
