Uno de los asuntos más delicados que deja el Gobierno del Presidente Gabriel Boric a la administración de José Antonio Kast, es el caso Monsalve.
La trama del exsubsecretario del Interior, que radicó en el escándalo más grande del mandato de Boric, ha sido uno de los principales blancos de críticas del republicano al Gobierno, y desde el 11 de marzo, derivará en un caso que va a competer a ambas administraciones.
Cabe destacar que el primer residente de la era Kast en La Moneda será el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, quien asumirá el cargo este lunes las 15:00 horas, en una ceremonia en Palacio encabezada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Como dicta la tradición, dejará sus funciones el actual jefe de la partición, Víctor Ramos, para que su sucesor cuente con 48 horas previo al cambio de mando con la finalidad echar a andar todos los procesos administrativos que habilitan al nuevo gabinete.
En Palacio, comentan que el caso del exsubsecretario alcanzó a ser abordado con personeros del gobierno entrante, antes de que el Presidente electo, José Antonio Kast, zanjara el fin del proceso de traspaso y por ende, las reuniones bilaterales entre autoridades salientes y entrantes. Con todo, explicitan que la trama está fuera de la sede del Ejecutivo.
Y es que la crisis que desató el exsocialista desembocó en tres frentes: El proceso penal en que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte presentó una acusación contra Monsalve por violación y abuso sexual contra su subalterna; una demanda de tutela laboral presentada por la afectada contra el Gobierno y un sumario reservado que lleva la Contraloría General de la República.
En lo primero, hay que recordar que la Fiscalía pide alrededor de 14 a 15 años de cárcel para el otrora socialista. En enero de este año, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decidió reabrir la investigación por 120 días, a petición de la defensa del exsubsecretario, que lleva el defensor público, Víctor Providel. En Palacio son conscientes de que cuando comience el juicio oral, autoridades de la administración Boric serán requeridas por la justicia.
Trascendió, de hecho, que la Fiscalía busca citar en calidad de testigos al Presidente Gabriel Boric, a la exministra del Interior, Carolina Tohá; al ministro de Seguridad, Luis Cordero; al exjefe de gabinete de Monsalve, Gabriel de la Fuente, y a la exministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte.
La segunda arista del caso se inició en febrero del 2025, cuando la denunciante de Monsalve interpuso una demanda de tutela laboral contra el Gobierno en el 2° Juzgado de Letras de Trabajo de Santiago, arguyendo vulneración de sus derechos fundamentales. Una acción que denuncia negligencia de la subsecretaría del Interior y que busca reparación. En esta trama, es el Consejo de Defensa del Estado quien representa a la partición.
Los abogados laborales de la denunciante, Rodrigo Azócar y Romina Urzúa, repararon que "esta denuncia no tiene por objeto obtener indemnizaciones o beneficios de carácter económico". Sin embargo, fuentes de la subsecretaría indican que las causas de este tipo suelen terminar con indemnizaciones al empleador y que en este caso, sería aplicada a la subsecretaría indistintamente del gobierno de turno.
En ese proceso, ambas partes intentaron encontrar acuerdo para evitar llegar a juicio, lo que se frustró con la negativa del CDE a la propuesta de la denunciante. Las condiciones impuestas por la subalterna habrían sido la renovación de su contrato para el período 2026, la posibilidad de seguir asistiendo a terapias psicológicas y psiquiátricas, y una indemnización.
De hecho, el Presidente electo desembarcará en La Moneda con la funcionaria aún contratada en la subsecretaría del Interior, cursando el permiso médico que mantiene desde octubre del 2024. Con un litigio laboral que falló a su favor, la denunciante recibe sus ingresos íntegros, pese a los reparos que tuvo en un momento la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin).
En diciembre del 2025, Azócar y Urzúa señalaron a La Tercera que el caso "podría marcar la jurisprudencia en materia laboral" dado que "se perfila como uno de los primeros casos emblemáticos en la aplicación de la ley Karín".
En lo que compete al sumario de Contraloría, en La Moneda aseveran que la indagatoria tiene carácter reservada y que desconocen el proceso en el que se encuentra la entidad.
