La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en la gestión de seguridad pública en municipios de la Región Metropolitana y del Biobío, luego de realizar auditorías cuyos resultados quedaron reflejados en 12 informes.
Las revisiones evidenciaron diversas faltas, entre ellas cámaras de televigilancia inoperativas, falta de seguimiento a los planes comunales de seguridad pública, equipos adquiridos que no están siendo utilizados y debilidades en los mecanismos de control del comercio ambulante.
En la Región Metropolitana, los hallazgos se registraron en las comunas de San Joaquín, San Bernardo, Lo Prado, Alhué, Lo Espejo, La Cisterna, Maipú y San Miguel.
Uno de los casos detectados corresponde a San Joaquín, donde se constató que el Consejo Comunal de Seguridad Pública no realizó seguimiento al Plan de Seguridad 2023-2027. Además, un dron municipal fue operado en 31 ocasiones sin contar con autorización de la autoridad aeronáutica, mientras siete cámaras permanecían fuera de servicio desde hace meses.
En San Bernardo, la auditoría detectó tablets extraviadas o sin uso, vehículos municipales inoperativos y la ausencia de patrullajes preventivos permanentes. También se advirtió que bicicletas y un dron adquiridos para labores de seguridad no estaban siendo utilizados.
Otro caso relevante se registró en Lo Espejo, donde el organismo fiscalizador constató que el municipio no cuenta con ordenanzas que regulen el comercio ambulante ni con procedimientos para recuperar espacios públicos ocupados.
Asimismo, en Maipú se verificó que 29 cámaras de televigilancia estuvieron fuera de funcionamiento durante periodos prolongados en 2024, incluyendo un dispositivo que permaneció 302 días sin operar.
Las auditorías también se extendieron a la Región del Biobío, donde se revisaron los municipios de Concepción, Tomé, Coronel y Talcahuano.
En Concepción, por ejemplo, se detectó que solo el 55% de las cámaras está conectado al centro de comunicaciones de Carabineros, lo que limita la capacidad de apoyo a las labores policiales. Además, varios dispositivos destinados a detectar vehículos con encargo por robo no han sido utilizados desde 2024.
En Talcahuano, en tanto, la Contraloría constató que 50 de las 64 cámaras instaladas en la comuna se encontraban inoperativas, algunas por más de un año, lo que ha impedido obtener registros útiles para investigaciones policiales.
Frente a estas situaciones, el organismo fiscalizador instruyó a las municipalidades adoptar medidas correctivas, regularizar los procedimientos observados e iniciar sumarios administrativos cuando corresponda.
