En solo cuatro días, distintos son los temas que
han tensado la relación entre el actual Gobierno y la oposición: desde "revisar" la ley de las 40 horas hasta considerar indultar a funcionarios policiales y de las FF.AA. condenados tras el 18-O.
En relación a las 40 horas, cabe mencionar que a partir del 26 de abril habrá un nuevo hito: la jornada laboral se reducirá de las actuales 44 a 42 horas semanales.
En ese sentido, es que el actual ministro del Trabajo, Tomás Rau -según recogió el Diario Financiero (DF)- mencionó que podría haber una "revisión" en los dictámenes emitidos por la Dirección del Trabajo (DT) respecto de la implementación de la normativa.
"El 26 de abril corresponde reducir la jornada a 42 horas, y hay distintos dictámenes que sugieren cómo debe realizarse. Entonces nosotros vamos a revisar todo lo que haya que revisar, respetando la ley", sostuvo el secretario de Estado.
Ante aquello, la diputada Daniela Serrano (PC) ingresó un oficio dirigido al jefe de la cartera de Trabajo para exigir claridad sobre "cuáles son las pretensiones de modificaciones vía dictámenes de la Dirección del Trabajo respecto de la (ley) de las 40 horas".
Según consignó El Mercurio, el oficio pide aclarar si el objetivo de la cartera es incorporar "mecanismos o fórmulas de la flexibilidad" para la reducción de la jornada laboral y si para ello se establecerán "diálogos tripartitos entre el Ejecutivo, los trabajadores y el mundo empresarial".
"Agenda del retroceso social"
Este sábado, el presidente José Antonio Kast presentó un proyecto de ley de Reconstrucción Nacional que no solo consideró el aspecto físico, sino también otras áreas como la económica, fiscal, institucional y de seguridad.
Aquello provocó valoraciones desde el oficialismo, pero aprensiones desde la oposición. Y es que dentro de las medidas si bien se incluyó el ampliar el financiamiento y extender la cobertura del fondo de emergencia transitoria por incendios a las regiones de Ñuble y Biobío (400 mil millones de pesos); por otro lado se mencionó la reducción de la tasa corporativa del 27% al 23%; así como limitar la gratuidad a estudiantes menores de 30 años.
Según parlamentarios de oposición, estos anuncios componen una "agenda del retroceso social". "Kast prometió no tocar los derechos sociales, pero su primera agenda reduce la gratuidad y persigue a los deudores del CAE. Esta es la agenda del retroceso social, un portazo a la movilidad social y una cuenta que termina pagando la clase media", dijo el diputado Daniel Manouchehri (PS).
Agregó que, por otro lado, "buscan bajar los impuestos a las grandes fortunas y debilitar la protección ambiental". "Frente a esto, seremos un muro firme en el Congreso para defender los derechos de la gente", sentenció.
La posibilidad de indultar a funcionarios policiales y de las FF.AA. condenados tras el 18-O, también fue uno de los temas que causó controversia. Y es que fue el propio Presidente quien en entrevista con Chilevisión afirmó que "vamos a evaluar todas las situaciones" y se mostró abierto a otorgar el beneficio para funcionarios que debieron enfrentar "situaciones de violencia extrema".
Este domingo, en Mesa Central de T13, la senadora Paulina Vodanovic (PS) se mostró en desacuerdo con aquello. "Yo creo que hay que conversar y hacer los acuerdos. Cuando Chile tuvo posibilidades de avanzar, fue cuando hubo posibilidades de llegar a acuerdo en base a grandes acuerdos", sostuvo y agregó "creo que esa posibilidad se puede dar en distintas materias de los 40 puntos planteados (del proyecto de Reconstrucción Nacional). No es tal en el caso ni de los indultos ni en el caso de la ley de conmutación de penas, porque son hechos que revisten una gravedad enorme para todo".
Durante la semana, otros parlamentarios también se manifestaron en contra: El senador Diego Ibáñez (FA) aseguró que "el presidente Kast prometió un gobierno de emergencia, pero sus dos primeras medidas son indultar a carabineros condenados por apremios ilegítimos del 2019 y también un acuerdo que no conocemos sobre tierras raras con Estados Unidos, ninguna de las dos atajan ninguna emergencia, son ideología pura".
En tanto, la senadora Fabiola Campillai (IND) indicó que "una vez más ha quedado en evidencia que Kast y su gobierno han llegado con una agenda prodelincuentes. Mucho habla el Ejecutivo sobre el gobierno de emergencia, pero lo único que ha hecho estos primeros días es apoyar la liberación de criminales y hoy vuelve a hacerlo con el tema del indulto. Exigimos al represente de la República y el ministro de Justicia respetar las decisiones de los tribunales".
Polémica por caja fiscal
Por último, está la polémica que se generó luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, alertara que el Gobierno de Gabriel Boric dejó al fisco "sin caja".
En concreto, el ministro señaló que la administración anterior le dejó -a diciembre de 2025- 46 millones de dólares, mientras que en los gobiernos anteriores dejaban montos que superaban esa cifra con creces.
"Normalmente las cajas con que terminan las administraciones están entre US$3 mil millones y US$4 mil millones", sostuvo y añadió que "por lo tanto, hemos heredado una caja que es un 1% de lo normal".
El extitular de Hacienda, Nicolás Grau, salió al a refutar esos dichos. "El último dato público es de 1406 millones de dólares (fines de enero) y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre 800 millones de dólares", precisó. Es decir, según la exautoridad, la caja fiscal actual es más de 20 veces superior a lo apuntado por Quiroz.
Por todo lo anterior, hoy el secretario de Estado informó que este lunes firmará un oficio para reducir el gasto de los ministerios en un 3%, junto con incluir un adicional de mil millones de dólares.
