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Santiago: Martes 17 de marzo del 2026 | Actualizado 00:51
Cámara de televigilancia (imagen referencial).
El Mercurio"La adjudicación de un proyecto de cámaras de seguridad por $1.810 millones, realizada apenas dos días antes del cambio de mando en la Delegación Presidencial Regional, genera legítimas dudas sobre la transparencia y oportunidad de la decisión", dijo el senador Pedro Araya (PPD) al citado medio.
Agregó que "cuando además existen denuncias de irregularidades en el proceso y cuestionamientos sobre la experiencia de la empresa adjudicada, la situación se vuelve aún más preocupante".
El senador señaló que "la seguridad pública es un tema demasiado serio para quedar bajo la sombra de decisiones apresuradas o procesos que puedan percibirse como poco transparentes".En ese sentido, subrayó que es fundamental que organismos como la Contraloría revisen el proceso, y agregó que, "más que una discusión administrativa, aquí está en juego la confianza pública en las instituciones y en la forma en que se toman decisiones que comprometen millones de dólares del Estado".
Por su parte, la diputada Marcela Hernando (P. Radical) comentó que, "si bien es comprensible que todo gobierno aspire a cerrar su periodo cumpliendo las metas que se ha propuesto, también es cierto que esta licitación presenta particularidades que legítimamente llaman la atención, entre ellas la limitada experiencia que tendría la empresa adjudicada en un proceso de esta magnitud".
"En primer lugar, corresponde observar si la Contraloría General de la República tomará razón de este proceso, lo que debiera ocurrir considerando los montos involucrados y la relevancia de la adjudicación", explicó la parlamentaria.
Como segundo punto, indicó que "no se puede descartar que esta situación derive en acciones judiciales, en caso de que los actores que han manifestado reparos decidan recurrir a esa vía". Por esto, adelanta, "se abre un proceso que probablemente será largo y que requiere máxima transparencia", y recordó que "esta licitación ya arrastra cuestionamientos y controversias desde 2021".
Por su parte, el diputado Fabián Ossandón (Ind.-PDG) dice que se insistió en numerosas ocasiones invertir en tecnología para fortalecer la seguridad pública. "Precisamente por la magnitud de los recursos involucrados, es fundamental que los procesos se desarrollen con total transparencia".
"Por eso vamos a solicitar claridad respecto de cómo se realizó la evaluación de esta licitación, ya que según los antecedentes conocidos, existiría una controversia sobre la experiencia de la empresa adjudicada. Primero se habría señalado que no cumplía con los requisitos y posteriormente esa evaluación habría sido modificada", argumentó.
Por su parte, el diputado Jaime Araya (Ind.-PPD) calificó como "muy grave" la denuncia, generando cuestionamientos sobre la probidad del procedimiento. "Espero que las nuevas autoridades revisen los hechos y paralicen cualquier transferencia de recursos, hasta tener certeza que no hay irregularidades".
Araya sostuvo, además, que "es muy lamentable que se hayan hecho las cosas de esta forma, porque queda una sensación extraña y una duda legítima, más aún si existe una empresa que denuncia de manera responsable". Precisó que, "si todo estuviera bien, lo lógico habría sido advertir a la nueva delegada (Karen Behrens) de la importancia de darle curso a la adjudicación, y no aparecer favoreciendo a una empresa que estaría fuera de norma".
