A menos de una semana del cambio de mando, el gobierno del Presidente José Antonio Kast va en una intensa marcha, centrada en el impulso e ingreso de medidas al Congreso Nacional.
Este fin de semana, el Mandatario anunció el Plan de Reconstrucción Nacional, que considera 40 medidas con foco en reactivación económica, reconstrucción de viviendas, mejoramiento de la seguridad, fortalecimiento de las instituciones y orden de las finanzas públicas. En él se encuentra la rebaja al impuesto corporatativo y la restricción de la gratuidad universitaria para mayores de 30 años.
A eso, el gobierno sumó la noche de este lunes un paquete de urgencias legislativas a un total de 20 proyectos de ley. Entre ellos, está la discusión inmediata a la iniciativa que tipifica como delito el ingreso clandestino al país y a la que incorpora a Gendarmería como Fuerza de Orden y Seguridad Pública.
En paralelo, el Ejecutivo ha ido despejando ciertos asuntos del camino. Este martes se conoció el retiro del proyecto de ley de negociación ramal, y también de 43 decretos en materia de Medio Ambiente que presentó el gobierno de Gabriel Boric a Contraloría para su toma de razón.
Desde Antofagasta, Kast reafirmó estas medidas, arguyendo que "hoy día tenemos más de 850 mil personas sin trabajo formal. ¿La negociación ramal es urgente hoy día? Nosotros creemos que no. ¿Es una decisión política? Sí, pero es una decisión política fundada en ciertos temas evidentes. Chile dejó de crecer, en Chile se dejó de invertir, y eso se traduce en menos posibilidades de empleo".
"Hay veces que se genera mucho debate desde el punto de vista político, pero cuando uno va recorriendo las distintas comunas, las distintas ciudades, lo que más le piden las personas es seguridad y trabajo. En ambas líneas estamos trabajando firmemente", sostuvo.
Como sea, hay quienes ya comienzan a advertir el potencial riesgo de un "frenesí legislativo", en tanto la alta cantidad de proyectos priorizados podría ralentizar la tramitación y dispersar el debate político.
Consultado por este escenario, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, dijo a Radio Pauta que "es algo que estamos evaluando" y que de las medidas del plan de Reconstrucción Nacional, "vamos a ver si mantenemos las 40 o disminuimos algunas de ellas. Todo eso es algo que está trabajando el ministerio de Hacienda, con, por supuesto, el ministro a la cabeza".
Debate
En conversación con Emol, analistas políticos evaluaron el impulso legislativo del gobierno y sus potenciales conflictos.
María Pía Méndez, académica de la Universidad Mayor, observó que "más que riesgo de un 'frenesí' legislativo, el nuevo gobierno arriesga seguir comportándose como oposición, cuando ya está en una posición privilegiada para tomar acciones".
"La urgencia a proyectos y las 40 medidas que anunciaron van acompañadas de un retiro de decretos y del proyecto de negociación colectiva ramal, por lo que no pareciera tratarse de un desmedido impulso legislativo, sino que de comunicar que se gestionan medidas que siguen en la línea de la 'reconstrucción'", adujo.
De tal modo, advirtió que "el identificarse como 'gobierno de emergencia' no sólo corre ese riesgo de seguir actuando de manera reactiva, sino que deja el espacio para que lo que no se aborde, se justifique dado el 'contexto de emergencia', siendo que las cifras no apoyan esa narrativa de la emergencia".
En tanto, el académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, comentó que "al impulsar un amplio conjunto de leyes, el gobierno ha logrado copar estratégicamente la agenda política, siguiendo el manual de inicio de mandato al poner los temas centrales sobre la mesa. Esta posición se ve favorecida por una oposición que aún luce desorientada y fragmentada, lo cual mitiga significativamente el impacto de sus críticas".
No obstante, reparó que "el desafío fundamental radica en la construcción de las mayorías parlamentarias de las que hoy carece, lo que vuelve a la técnica legislativa un factor determinante para viabilizar sus propuestas. Dado que la agenda es sumamente variada, el Ejecutivo enfrentará escenarios mixtos donde podría alcanzar acuerdos en materias específicas sin que ello garantice éxito en otras".
"En este sentido, la falta de una consistencia interna entre los diversos proyectos podría entorpecer el tránsito por el Congreso, aunque simultáneamente funciona como una suerte de trampa para los opositores, quienes corren el riesgo de quedar atrapados en discusiones particulares y perder la visión de conjunto. En última instancia, la eficacia con la que se resuelva esta dinámica legislativa será lo que defina el futuro político de la administración", arguyó.
Puede tensionar la capacidad de negociación
El investigador asociado a Faro-UDD, Rodrigo Pérez de Arce, formuló que "el nuevo gobierno está tratando de mostrar que tiene capacidad de gestión e iniciativa política. Sabe que su gran desafío será cumplir las expectativas ciudadanas en temas bien sensibles, como seguridad, crecimiento económico y control de la frontera. También saben que la ciudadanía es exigente y que la luna de miel no es infinita".
"Cuando toman la iniciativa legislativa, hacen al menos dos cosas. Primero, fuerza a la oposición a fijar una postura en el momento de mayor popularidad del gobierno. Eso hace que tengan que pagar costos altos si se oponen a las agendas de emergencia. Segundo, muestra a la ciudadanía que el discurso va acompañado de decisiones concretas", expuso.
Con esas consideraciones, señaló que "ahí la pregunta es cuánta capacidad tiene el gobierno entrante para aprobar las iniciativas que priorizó mediante urgencias legislativas; así como aprobar su proyecto de reconstrucción nacional sin que salga trasquilado, porque incluye medidas en muchos ámbitos".
A su vez, el director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Claudio Alvarado, arguyó que "ciertamente se trata de una apuesta arriesgada, en la medida que abre distintos flancos de discusión. Al mismo tiempo, sin embargo, dicha apuesta es coherente con el propósito del nuevo gobierno de encarnar un claro cambio de rumbo en la conducción política del país".
"Es elocuente que la administración entrante busca transmitir a la ciudadanía que las cosas se están haciendo de modo distinto, que la acción de La Moneda es decidida e intensa y que su foco son los temas prioritarios de las grandes mayorías. En ese sentido, lo que se ha denominado copamiento legislativo parece consistente con los objetivos iniciales del gobierno del presidente Kast, y no puede descartarse que ayude a robustecer la credibilidad de la administración entrante", afirmó.
El académico de la Universidad Central, Marco Moreno, consideró que "el copamiento legislativo apunta a un objetivo político claro: instalar control de agenda desde el inicio, ordenar prioridades y mostrar capacidad de acción coherente con el relato de 'gobierno de emergencia'".
Sí apuntó que "el principal riesgo para el Ejecutivo es que ese impulso derive en sobreextensión. En un Congreso fragmentado, enviar muchos proyectos con alta urgencia puede tensionar la capacidad de negociación, dispersar esfuerzos y terminar elevando los costos. En ese escenario, el riesgo no es solo legislativo, sino también de desgaste político".
