En abril de 2023, el entonces presidente Gabriel Boric anunció la creación del Plan Calles sin violencia, tras el alza en homicidios y luego del crimen del carabinero Daniel Palma.
El Mercurio (archivo)
A inicios de marzo, el Ministerio de Seguridad entregó a "El Mercurio" información relativa al Plan Calles sin violencia, a partir de la cual, expertos consultados advirtieron respecto de la ausencia de indicadores para medir la efectividad de dicha iniciativa, y si tuvo o no influencia en la baja que se ha registrado en los homicidios. Conclusiones similares a las que llegó la Dirección de Presupuestos (Dipres) mientras era dirigida por Javiera Martínez, del Frente Amplio, en los respectivos informes de análisis, tanto al Plan Calles sin violencia como a la Política Nacional contra el Crimen Organizado, publicados recientemente. Sobre la primera, cuyo objetivo es reducir los índices de homicidios vinculados a criminalidad compleja y que contempló asignaciones de $24 mil y $25 mil millones en 2024 y 2025, la Dipres sostiene que "a pesar de que en teoría se vincula con la Política Nacional contra el Crimen Organizado, existen desafíos importantes en términos de cómo se relacionan en el nivel operativo y el vínculo respecto de a qué eje tributaría el plan". En esa línea, si bien señala que "el problema público existe y se justifica la intervención del Estado", dice que "su limitado diagnóstico y caracterización impacta directamente en que el diseño del plan quede circunscrito a un número acotado de causas, sin tampoco clarificar la magnitud de su efecto en el problema".
