La decisión de la Contraloría General de la República de instruir un sumario administrativo por eventuales gestiones indebidas en un hospital -vinculadas al entorno de la entonces ministra de Salud- desató inmediatas reacciones en el Congreso, donde parlamentarios exigieron aclarar responsabilidades.
El caso se originó tras confirmarse que el jefe de asesores de la exsecretaria de Estado se comunicó con autoridades del recinto asistencial para advertir, de manera anticipada, la llegada de su madre, lo que derivó en coordinaciones internas previas a su atención médica.
Cabe consignar que la madre de la exautoridad fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital del Salvador por una fractura de cadera apenas 10 horas después de ingresar al servicio de urgencia el 23 de diciembre, situación que generó controversia debido a la rapidez con que se concretó la atención.
Posteriormente, en aquella ocasión la ministra señaló que "quiero descartar de plano que haya habido algún tipo de privilegio en la atención de urgencia de mi madre, que es una adulta mayor de 87 años. Afectada por una demencia avanzada. Y que tuvo una fractura de cadera, producto de una caída".
Tras esto, el entonces ministro de Interior Álvaro Elizalde indicó que "quien toma las decisiones es el equipo clínico o el equipo médico del respectivo recinto hospitalario y lo hacen sobre la base de protocolos que tiene el propio Ministerio de Salud respecto de situaciones de cirugía programada, otras que son de urgencia, y sobre esa base se aplican los protocolos y se toman las decisiones correspondientes".
De acuerdo con los antecedentes, recopilados en un informe reservado e investigado por radio Bío Bío, dichas gestiones incluyeron contactos con el director del hospital -quien se encontraba de vacaciones-, la directora subrogante y el jefe de la Unidad de Emergencia. Incluso, se consigna que el asesor se presentó personalmente en el recinto para informar del arribo de la ministra.
De acuerdo con lo establecido por la Contraloría General de la República, los hechos podrían constituir una eventual vulneración al artículo 62 de la Ley N° 18.575, al poner en entredicho el principio de probidad administrativa.
En la misma línea, el informe advierte que "no se advierten motivos que justifiquen la atención preferente de la paciente, por lo que la situación descrita no se condice con el derecho a la igualdad ante la ley, garantizado en el artículo 19, N° 2, de la Constitución Política de la República", sostiene la CGR.
El informe de la Contraloría también da cuenta de las brechas en los tiempos de atención, señalando que pacientes con diagnósticos similares pueden esperar cerca de 41 horas, e incluso más de 123 horas por una cama, lo que elevó la preocupación en el Congreso respecto a eventuales tratos preferenciales en el sistema público.
Reacciones
Desde el oficialismo, el diputado Daniel Lilayu (UDI) -quien solicitó la investigación- señaló que "nosotros, desde un primer momento, dijimos que había tráfico de influencia y el gobierno y la ministra nos trataron de mentirosos. La Contraloría General de la República nos da la razón y no cabe otra posibilidad que el Ministerio Público abra una causa por este delito sin prejuicio de otras acciones que vamos a estudiar".
Además, el parlamentario anunció que presentará una denuncia en la Fiscalía por eventual tráfico de influencias.
La diputada e integrante de la comisión de Salud, Macarena Santelices (Republicanos), manifestó que "la contraloría confirmó algo inaceptable y es que sí hubo llamado para que la madre de la ex ministra de Salud fuera atendida en el sistema. Cuando hay más de 2 millones y medio de chilenos esperando por una atención digna y oportuna, lo digo fuerte y claro, como integrante de la Comisión de Salud, no vamos a aceptar ningún tipo de abusos".
Su compañera de bancada y de comisión, Catalina del Real (Republicanos) señaló que "estos nuevos antecedentes son muy graves. En algún momento desde el ex gobierno intentaron blindar a Aguilera y bajarle el perfil a esta situación. Sin embargo, ahora vemos que acá hubo toda una gestión para priorizar esta cirugía, por sobre los demás pacientes que estaban esperando por un pabellón. El informe es contundente en señalar que acá se faltó a la Constitución, al no respetar el derecho a la igualdad ante la ley, por lo que es necesario evaluar las acciones que se puedan realizar para determinar responsabilidades".
El diputado y también integrante de la Comisión de Salud, Roberto Arroyo (PSC), indicó que "esta información confirma que hubo una intervención indebida del jefe de asesores de la ex ministra en el proceso de atención médica de su madre en el Hospital del Salvador, afectando la equidad y transparencia en la asignación de cirugías. Acá se negó información por parte de los directivos del hospital, por lo que estamos a la espera de que termine el sumario para solicitar la destitución de estos funcionarios. Esto exige una respuesta contundente y ejemplar".
En tanto, el diputado y jefe de bancada Cristóbal Urruticoechea (PNL) aseguró que es "una forma vulgar de reírse de cada uno de los chilenos que hoy día esperan por una consulta, otros que han muerto esperando una consulta, otros que están esperando con alguna tipo de operación, otros que han muerto esperando una operación y la ex ministra con un abuso de poder intolerable utiliza todo su potestad que le demanda su cargo para saltarse absolutamente todas las filas".
Por su parte, la diputada y sub jefa de bancada del PDG, Tamara Ramírez (PDG) indicó que "El informe de Contraloría confirma lo que muchos temíamos, y es que hubo un llamado telefónico y una intervención directa de asesores para privilegiar la salud de un familiar de la entonces ministra Aguilera por sobre miles de chilenos que mueren esperando una cirugía. Es indignante que en el gobierno anterior, que prometió estándares éticos distintos, se saltaran la fila en el sistema público de salud de esta manera".
Desde la oposición, el senador Diego Ibáñez (FA) señaló que "el informe en su contenido sí es grave, me da la impresión de que aquí tiene que existir un proceso administrativo transparente que siga su curso y que se tomen todas las responsabilidades pertinentes. Nosotros no podemos tolerar de que dentro del aparato público de salud existan algún tipo de beneficio a una u otra persona. Se está investigando que siga su curso y que se tomen todas las medidas y las responsabilidades pertinentes".
Su compañero de bancada, el diputado Matías Fernández (FA) aseveró que "Controloría cumple un rol fundamental en el resguardo de los recursos públicos y la fiscalización de la probidad administrativa. En ese marco que esperamos que la investigación que está llevando adelante en relación a los hechos acontecidos con la exministra de Salud Ximena Aguilera puedan ser resueltos y profundizados en tiempo y forma".
La diputada Carolina Cucumides (IND-PS) indicó que "las instituciones tienen que seguir su curso e investigar y sancionar a lo que cuando corresponda. La verdad que uno tiene que hablar con los equipos, de repente los equipos van más allá, incluso de las autoridades por tratar de resolver. Pero esperamos que las instituciones funcionen como es debido".
En esa línea, el diputado Marcos Ilabaca (PS) aseveró que "uno puede entender el lado humano de una situación de estas características, pero aquí contraería ha determinado un hecho y ese hecho se debe investigar. Ojalá que el Ministerio de Salud como institución de cuenta respecto a qué ha sucedido aquí y que se lleve la investigación que corresponde y si existió tráfico de influencia que efectivamente se logre determinar la sanción que corresponda. Yo creo que en Chile todos son iguales".
