Esta semana, el Gobierno anunció que
retiró el veto sustitutivo que en febrero había ingresado el gobierno del ex Presidente Gabriel Boric a la
Ley Integral de Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, luego que este se despachara en enero en el Congreso.
"Estamos destrabando un proceso muy esperado que dio lugar a una ley ampliamente consensuada, pero que fue detenido por el veto, que no tuvo mayores avances por parte del Ejecutivo. Al retirarlo, reforzamos nuestra intención de que la ley se ponga en marcha lo antes posible, con el máximo cuidado, dedicación y control de parte de nuestro Ministerio", sostuvo la ministra de Mideso, María Jesús Wulf.
Con esta determinación,
el proyecto quedó listo para ser promulgado.
Fue el 5 de enero cuando la Cámara aprobó el proyecto por 124 votos a favor y una abstención.
La norma contiene 15 derechos específicos para las personas mayores, entre ellos el derecho a la igualdad y no discriminación arbitraria por razones de edad en la vejez, derecho a un trato digno y respetuoso y a la atención preferente, acceso a la justicia, derecho a la independencia y a la autonomía, entre otros.
Además, el proyecto incluye el fomento del acceso y participación en actividades de carácter cultural, artístico o deportivo, estableciendo cuota de acceso, tarifa rebajada para las personas mayores en estas actividades y sanciones por su contravención.
Asimismo, y para el adecuado resguardo de los derechos de las personas mayores con dependencia se establece la definición de abandono social y un nuevo procedimiento en la ley de tribunales de familia, de aplicación de medidas de protección para personas mayores víctimas de este abandono social, que permitirá con mayor agilidad, un adecuado tratamiento y soluciones programáticas de cuidados más amplias que la sola institucionalización en establecimientos de larga estadía.
En enero, tras la promulgación, desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), destacaron además que "esta iniciativa busca reafirmar el cambio de paradigma respecto a las personas mayores, reconociéndolos como verdaderos titulares de sus derechos y no como meros objetos de la asistencia del Estado, las comunidades o sus familias, contribuyendo a reposicionarlos en el lugar que les corresponde, como participantes activos en la sociedad".
Por qué se vetó
El pasado 5 de febrero, el gobierno del ex Presidente Boric ingresó un veto sustitutivo a algunos aspectos del proyecto, específicamente relacionados con la materias laborales de los adultos mayores.
La decisión fue comunicada durante una reunión convocada por el Ministerio de Desarrollo Social, encabezada por la ex ministra Javiera Toro,
donde se informó que el Ejecutivo objetó los artículos 15 y 29 del proyecto.
Toro sostuvo que "con respecto al veto, responde a un aspecto puntual del proyecto. La ley no puede precarizar de ninguna manera a quienes busca proteger".
"Nos parece que el artículo que crea un nuevo contrato del trabajador adulto mayor presenta riesgos que pueden afectar su seguridad laboral, permitiendo, por ejemplo, una 'libre elección horaria' que en la práctica implica disponibilidad permanente, o pactos de suspensión sin límites temporales ni causales objetivas, lo que podría dejar a trabajadores mayores sin remuneración, sin cotizaciones y sin indemnización", detalló.
Asimismo, agregó que "proponemos igualar el ingreso mínimo de las personas mayores de 65 años al del resto de la población adulta, terminando con una discriminación etaria que no se condice con una ley de envejecimiento digno, activo y saludable".
En esa línea, Toro subrayó entonces que en ningún caso ley estaba en riesgo, "y más allá de este aspecto puntual que deberá votarse, el grueso de contenido, que suscita amplio acuerdo, se encuentra aprobado y se convertirá en ley".
