A más de una semana de haber asumido como ministra de Seguridad,
Trinidad Steinert trabaja en los primeros proyectos de ley que enviará al Congreso. En concreto, al menos son dos las iniciativas que serían ingresadas próximamente.
Una de ellas busca invertir la carga de la prueba en causas de crimen organizado, y otro proyecto intenta permitir el juicio en ausencia de imputados, de modo que, una vez notificados y al no presentarse a la audiencia, puedan ser juzgados y condenados.
Ambas iniciativas generan un fuerte cuestionamiento entre exfiscales, quienes advierten riesgos para garantías esenciales del sistema penal. El exfiscal jefe de La Serena,
Marcelo Sanfeliú, plantea sobre la inversión de la carga de la prueba que "una regla básica de nuestro sistema procesal penal acusatorio es que una de las garantías procesales más elementales es el principio de presunción de inocencia de todos los ciudadanos, sin distinción". Por su parte, el exdirector de la Unidad de Drogas de la fiscalía,
Luis Toledo, señala que una fórmula viable sería una carga probatoria dinámica, con un estándar inicial robusto antes de exigir justificación al imputado. Algo similar, según ambos expersecutores, ocurriría en el caso del proyecto que busca autorizar juicios en ausencia del acusado. Así, Toledo menciona que, si bien tiene "un fundamento atendible, evitar que la fuga deliberada del imputado paralice la respuesta del Estado", advierte que "el problema es que se tensiona una garantía central del debido proceso, esto es, el derecho a estar presente en el juicio".
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