"Favelización" es el concepto que hoy toma protagonismo y mantiene preocupadas a las autoridades en materia de vivienda. Haciendo alusión a las "favelas" -asentamientos informales precarios en Brasil controlados por grupos de crimen organizado-, este un fenómeno ligado a la ausencia del Estado en campamentos y en la periferia, y acerca de la creciente influencia de bandas delictuales como orden alternativo en estas zonas.
Y el concepto toma forma en un contexto en el cual las principales megatomas que se distribuyen por el país concentran un alto porcentaje de terrenos fiscales, al considerar un estudio de la oficina de urbanismo Atisba Monitor revelado por El Mercurio, que señala que de los 34 mayores asentamientos irregulares en todo Chile -que suman más de 200 mil hectáreas- el 75% de esos suelos corresponde al Estado.
Pablo Zevallos, experto en seguridad pública, precisa que el concepto de favelización no debería utilizarse para estigmatizar a comunidades vulnerables, haciendo hincapié en que, "no es simplemente la pobreza o la informalidad urbana, sino la aparición de formas de gobernanza extralegal o criminal en esos territorios, es decir, cuando el Estado está ausente o llega de manera débil, otros actores comienzan a ocupar ese espacio".
Zevallos añade que las agrupaciones delictivas se manifiestan como sustitutos del poder mediante la resolución de disputas, el manejo de mercados clandestinos, la instauración de códigos de conducta y, en ciertas ocasiones, ejerciendo violencia como mecanismo de orden.
Estas estructuras criminales ganan validez social al convertirse en los principales proveedores de soluciones ante carencias críticas, particularmente en situaciones de crisis, algo que Zevallos advierte que "erosiona progresivamente la autoridad del Estado y dificulta cualquier intervención posterior".
"Cuando se instala esta lógica, los problemas son múltiples. Por un lado, se produce una normalización de la violencia y la ilegalidad como formas de resolución de conflictos. Por otro, emergen economías ilícitas de subsistencia o expansión como el microtráfico, la extorsión, que generan lógicas de control territorial y silenciamiento que se entrelaza con la vida cotidiana", agrega el experto para El Mercurio de Antofagasta.
La "arquitectura de la impunidad"
Juan Castro Bekios, fiscal regional de Antofagasta, explica el problema no solo como "la consolidación de un modelo de ocupación territorial diseñado bajo una verdadera ‘arquitectura de la impunidad’", sino que advierte que las organizaciones ilícitas mimetizan las dinámicas de las favelas brasileñas aprovechando la autoconstrucción para generar un "micro-urbanismo defensivo".
"Esto incluye el estrechamiento deliberado de calles, la consolidación de estructuras sólidas, la creación de infraestructura subterránea, y la disposición de puntos de vigilancia o ‘soldados’ equipados con tecnología. El objetivo de este diseño es establecer zonas de exclusión estatal que entorpezcan sistemáticamente el acceso de las policías y aseguren plataformas logísticas inexpugnables", añadió Bekios.
La solución para evitar el avance antes de que se masifiquen estas redes, según Castro, estaría en un cambio de eje en el sistema público, atacando el dinero detrás del crimen organizado.
"En el territorio, la contención requiere una intervención integral e inmediata. Esto implica la recuperación del espacio físico mediante el desalojo y la demolición de la infraestructura criminal, sumado a una presencia estatal permanente", sostiene.
Específicamente sobre Antofagasta, el experto señaló que hay condiciones de riesgo para que el fenómeno se desarrolle en esa ciudad, aunque "aún está lejos de ser comparable a realidades como las favelas brasileñas. El verdadero riesgo es no comprender estas señales a tiempo, porque es precisamente en estas etapas tempranas donde todavía es posible intervenir y evitar su consolidación”, enfatizó.
Para la abogada Carolina Oyanedel, la favelización se puede observar en ciudades chilenas en que las tomas de terreno con fines habitacionales se funden con el asentamiento de organizaciones criminales con alto poder adquisitivo de armas de fuego.
"Esto hace que se construyan casas y hasta barrios completos que están fortificados para impedir y repeler el ingreso, no solo de bandas que disputan el territorio de injerencia, sino también de los órganos públicos encargados de controlar los asentamientos anómalos y de las fuerzas de orden y seguridad e investigación de delitos", comenta.
Y agrega: "Ciertamente, no todas las tomas en Chile tienen la misma naturaleza hoy, pero el riesgo se incrementa porque las organizaciones criminales se imponen en el entorno no solo por la fuerza física, sino que también vía amedrentamiento y la compra del silencio de los vecinos. Entonces, no solo el Estado como regulador no existe, sino que se le repele".
