Quien más dinero transó fue un suboficial de la Fuerza Aérea de Chile, seguido de un directivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil y un oficial administrativo de la Tesorería General de la República.
Fuerza Aérea/Enjoy/DGAC
Luego de que un Consolidado de información de la Contraloría General de la República (CGR) revelara que 910 funcionarios que administran o custodian fondos públicos realizaron transacciones vinculadas a juegos de azar en casinos de juego, las instituciones de donde provenían los uniformados con mayores montos transados rechazaron las acciones e iniciaron las investigaciones correspondientes.
Y es que el monto total no es menor: alcanza los $11.490.456.871, pese a que es ilegal para funcionarios públicos efectuar apuestas según el artículo 10 de la Ley N° 19.995. Según el informe, de los 910 funcionarios, 181 administran fondos públicos y concentran el 96,8% del monto transaccionado, es decir, $11.118.431.956.
Quien más dinero transó, de acuerdo a la Contraloría, fue un suboficial de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) con un total de $1.040.426.820. Si bien no se ha conocido su identidad, la respuesta de la entidad castrense fue expresar con "claridad" que "toda conducta que pueda contravenir la ley, la probidad administrativa y los estándares éticos exigibles al servicio público resulta incompatible con los principios que deben regir el actuar de quienes integran la Institución.
Agregaron que se "dispondrá la revisión inmediata de los antecedentes (...) y de ser procedente, las medidas disciplinarias que establece la normativa vigente y los reglamentos" y que se "colaborará plenamente con los organismos competentes, entregando toda la información que sea requerida".
Por otra parte, fue un directivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) el segundo funcionario -también de identidad desconocida hasta el momento- que más dinero vinculado a casinos transó, con $622.401.710.
Ante estos antecedentes, el Ministerio de Defensa activó mecanismos de fiscalización internos para las dos instituciones, cursando oficios tanto a la Fuerza Aérea y como a la DGAC. Además, se instruyó a ambas reparticiones públicas a reportar, en un período de 5 días, el detalle de las indagatorias y sumarios que se llevarán a cabo para determinar las sanciones pertinentes.
La DGAC se sumó a las palabras de la Fuerza Aérea, rechazando "categóricamente este tipo de conducta (...) en consideración a que todo acto que vulnere el marco legal, la integridad administrativa o los principios éticos que rigen los funcionarios públicos, son totalmente contrarios a los valores que sustentan nuestro quehacer institucional".
"Se dará inicio a las investigaciones internas que sean necesarias, disponiendo de forma inmediata la revisión exhaustiva de toda la información atingente en el área de nuestra competencia, identificando responsabilidades administrativas conforme al Estatuto Administrativo y la reglamentación interna", añadieron, además de que facilitarán "todos los antecedentes que sean necesarios para el éxito de las investigaciones y procesos externos que se lleven a efecto".
El tercer puesto se lo llevó un oficial administrativo de la Tesorería General de la República (TGR) -institución que no ha dado declaraciones- con $507.398.060 transados.
