El brutal ataque registrado el viernes en el Instituto Obispo Silva Lazeta de
Calama, donde un alumno de 18 años dio muerte a una inspectora, e hirió a otras tres personas, reabrió un fuerte debate en torno a las urgencias que existen para contener y prevenir episodios de violencia en contextos escolares.
Una de las herramientas en las que han puesto foco las autoridades, especialmente las ministras de Seguridad, Trinidad Steinert, y de Educación, María Paz Arzola, ha sido la Ley de Convivencia Escolar, que, entre sus disposiciones, permite instalar pórticos en los colegios para detectar objetos metálicos.
"Desde el Ministerio vamos a avanzar con las orientaciones y reglamentos para que, una vez que se promulgue la Ley de Convivencia Escolar, que ya se aprobó en el verano, podamos facilitar que aquellos establecimientos que así lo requieran puedan implementar medidas de seguridad, como son los pórticos", sostuvo la titular de Educación este viernes, tras reunirse con la comunidad estudiantil del liceo afectado.
Consultada por si existe algún plazo en torno a la instalación de pórticos, la ministra sostuvo que "tenemos que esperar que la ley salga de la Contraloría, esto es parte del procedimiento normal de la promulgación de una ley. Y nosotros desde el Ministerio ya estamos trabajando en el reglamento para materializar o poder hacerla operativa".
Ley de Convivencia Escolar
La ley de Convivencia Escolar fue despachada por el Senado con 30 votos a favor y un abstención, luego de aprobar el informe de la comisión mixta compuesta de senadores y diputados, a raíz de las diferencias que surgieron durante la tramitación de la iniciativa.
Entre esas diferencias, estuvo la autorización para los sostenedores para implementar recursos tecnológicos para detectar armas o similares.
En concreto, el proyecto busca establecer y precisar el marco normativo sobre convivencia, orientado a las necesidades de los establecimientos desde una articulación interinstitucional para las acciones de promoción, prevención y atención a raíz de la convivencia.
Asimismo, la ley apunta a crear y promover un nuevo estándar para la gestión eficiente y coordinada; contemplar lineamientos, orientaciones y acompañamiento institucional, con miras a que las comunidades educativas sean espacios de protección y bienestar para todos sus integrantes; e implementar medidas para la formación, promoción, prevención y erradicación de cualquier tipo de violencia y discriminación en los establecimientos.
La iniciativa regula el Programa de Bienestar Socioemocional Escolar, que busca promover el desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes que cursen desde tercero básico hasta tercero medio en los establecimientos educacionales.
Además, la ley crea el Consejo para el Bienestar Socioemocional Escolar, integrado por cinco profesionales de reconocida experiencia en las áreas de políticas públicas, educación, bienestar educativo o convivencia escolar, los que durarán seis años en sus cargos.
Debate por la instalación de pórticos en colegios
El debate por la instalación de pórticos en los colegios no es nuevo y ha suscitado una serie de opiniones cruzadas.
En marzo del año pasado, se desató una polémica luego de que en el Instituto Superior de Comercio Tiburcio Saavedra Alarcón (Insuco) de Temuco, en La Araucanía, se instalara un pórtico detector de metales. Desde el establecimiento señalaron en ese entonces que era para prevenir hechos violentos, aunque, por otro lado, desde el Ministerio de Educación indicaron que la medida no se ajustaba a la normativa y se cursó una multa.
En mayo de 2025 se registró una balacera en el Colegio Nuevos Horizontes en San Pedro de La Paz, lo que reabrió la discusión. El entonces ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dijo estar "abierto" al debate por la instalación de detectores de metales, pero puso en duda la real efectividad de la medida.
"Primero, no podemos resolver los problemas de vulneración de derechos vulnerando otros derechos", dijo Cataldo en la oportunidad. No obstante, comentó que "yo no tengo problemas que lo discutamos y veamos si es una medida que realmente va a ayudar a subsanar esto, pero yo tengo las dudas de que eso efectivamente sea así, por la envergadura de lo que significa y los altos costos".
En junio de ese año, el gobierno anterior presentó una indicación al todavía proyecto de Convivencia Escolar donde se abría a la posibilidad de instalar pórticos detectores de metales. La indicació N°62 señalaba que "los sostenedores de establecimientos educacionales podrán implementar recursos tecnológicos destinados a identificar o detectar armas, artefactos incendiarios u otros elementos similares que pongan en riesgo la vida o la integridad física de las y los miembros de la comunidad educativa y de quienes se encuentren en el establecimiento respectivo, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 21.659, sobre seguridad privada".
No obstante, se hacía énfasis en que "esta medida solo procederá cuando existan antecedentes fundados que justifiquen su utilización como una medida proporcional, necesaria e idónea para prevenir la comisión de delitos en el establecimiento".
En esa oportunidad, desde la Defensoría de la Niñez cuestionaron la indicación. "El uso de tecnologías como detectores de metales o cámaras de reconocimiento facial en espacios educativos exige una justificación basada en evidencia y con participación efectiva de estudiantes, apoderados y comunidades escolares. Sin ello, se corre el riesgo de criminalizar a los adolescentes y transformar sus escuelas en espacios de vigilancia, más que de aprendizaje", señaló el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille.
Retorno del debate
A raíz de los hechos registrados en Calama, algunas voces han salido a respaldar la idea de que se instalen estos mecanismos detectores de metales con premura.
El viernes, el
alcalde de Calama, Elicer Chamorro (FRVS), comentó que "estamos llanos a colocar detectores de metales toda vez que la comunidad educativa esté de acuerdo. Eso me parece fundamental".
Si bien destacó que este hecho ocurrió en un colegio particular, "estamos llanos a poder colaborar y establecer los mecanismos de poder controlar qué entra a un establecimiento".
Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, mostró cautela ante este tipo de medidas. "Suponer que ese va a ser la solución de fondo de un problema que es mucho más estructural, grave y profundo, me parece que se queda muy corto", afirmó.
Asimiso, llamó a las autoridades a evitar "respuestas únicamente comunicacionales" y a abordar la crisis "desde una perspectiva integral que incluya salud mental, convivencia y participación de las familias".
En tanto, varios parlamentarios también han planteado sus posturas. El diputado Luis Pardo (RN), enfatizó que los colegios "tienen que tener, por ejemplo, la capacidad de disponer de detectores de metales si es necesario de acuerdo a su realidad. Tienen que tener las herramientas para separar a aquellos alumnos que representan un riesgo para el resto. Necesitamos revisar esta legislación y reitero mi condolencia a la comunidad educativa de ese prestigioso establecimiento de Calama y mi compromiso de trabajar intensamente en esta materia".
Por su parte, el diputado Hotuiti Teao (Ind.-UDI), anunció el inicio de una completa fiscalización mediante oficio a la Superintendencia de Educación, con el objetivo de conocer el estado real de implementación de la Ley de Convivencia Escolar en todos los establecimientos educacionales del país, poniendo especial énfasis en el recinto donde ocurrió la tragedia.
