En medio del debate por el Crédito con Aval del Estado (CAE), surgió una arista que puso el foco en parlamentarios que mantienen deudas universitarias impagas, quienes han debido salir a responder públicamente.
La controversia se abrió luego de que el Presidente José Antonio Kast emplazara a regularizar estos compromisos. "Que se pongan al día porque no quieren que se expongan a una situación como esta frente a la opinión pública", afirmó, incluso dejando abierta la posibilidad de transparentar a quienes no estén al día.
Si bien el CAE corresponde a un crédito bancario y no cuenta con una nómina pública de morosos, sí existe un registro accesible del Fondo Solidario del Crédito Universitario -dirigido a estudiantes del 80% más vulnerable en universidades del Consejo de Rectores (CRUCh)-, el que fue revisado por El Polígrafo.
A partir de ese análisis, se identificó que ocho diputados y al menos seis autoridades de Gobierno figuran como morosos al cierre de 2025, con montos que van desde poco más de un millón hasta cerca de $40 millones.
Entre los parlamentarios mencionados aparecen Claudia Reyes (Partido Republicano), con una deuda cercana a $38 millones; José Carlos Meza (Partido Republicano) con $16,3 millones, Sara Concha (PSC), con $1,5 millones; Carolina Tello (FA), con $12,9 millones; Nathalie Castillo (PC), con $27,8 millones; Francisco Crisóstomo (PS), con $1,2 millones; Emilia Nuyado (PS), con $6,2 millones y Héctor Ulloa (IND-PPD) con $18,6 millones.
El Fondo Solidario opera como un préstamo en UTM con una tasa de interés anual del 2%, que comienza a pagarse dos años después del egreso. Los beneficiarios deben destinar el 5% de sus ingresos, y si cumplen con las condiciones establecidas, el saldo puede ser condonado tras 12 años si es inferior a 200 UTM.
Tras la difusión de estos antecedentes, los involucrados han debido enfrentar cuestionamientos y entregar explicaciones respecto de su situación financiera, en medio de un debate que tensiona la discusión sobre financiamiento estudiantil.
Desde el partido Republicano, el senador Arturo Squella se refirió a la deuda que acreditan parlamentarios y autoridades del oficialismo, señalando que "todas las personas que tienen rentas altas y que están en condiciones de hacerse cargo tienen que hacerlo (..). Hemos hecho un llamado a cada una de las personas que pueda estar en una de las situaciones señaladas, que en el menor tiempo posible tienen que hacerse cargo de regularizar sus deudas".
Respuesta de los parlamentarios
El diputado José Carlos Meza (Republicanos) se refirió a su deuda en conversación con El Mercurio, donde señaló que "verifiqué con la universidad y me informaron que el último pago se hizo en 2023. Así que desde el 1 de abril me darán la opción de un convenio para seguir pagando. La he pagado y la seguiré pagando".
Por su parte, su compañera de bancada, la diputada Claudia Reyes (Republicanos) evitó abordar al tema.
La
diputada Sara Concha (PSC) se refirió a la deuda, señalando a través de su cuenta de X que "mi nombre apareció en medios nacionales vinculado a una supuesta deuda del CAE. Quiero aclarar con total responsabilidad que, según los registros oficiales de Tesorería e Ingresa no presento deuda vigente asociada al CAE. Siempre actuaré con transparencia y verificando la información en fuentes oficiales".
Cabe recalcar que el CAE no cuenta con una nómina pública de morosos,
pero si existe una nómina del Fondo Solidario del Crédito Universitario, registro donde aparecen los parlamentarios.
Por su parte, la diputada Nathalie Castillo (PC) aseguró que "es una deuda del fondo solidario de crédito universitario que está regularizándose (por los intereses ver deuda real sin mora) y que debe continuar su proceso de pago. En mi caso particular es un deber normalizar la situación con la casa de estudios".
En esa línea, el diputado Francisco Crisóstomo (PS) reconoció la existencia la deuda, manifestando que "efectivamente, tuve una deuda correspondiente a mi crédito universitario. En un período de inestabilidad económica opté por congelar su pago y, posteriormente, reconozco que no le di la continuidad que correspondía".
"Esa es la verdad, y no tengo inconveniente en asumirlo con total transparencia. Cabe señalar que mi deuda ascendía a poco más de un millón de pesos, y más del 50% del total correspondía sólo a intereses bancarios. Hoy, la deuda está completamente saldada", cerró.
Su compañera de bancada, la diputada Emilia Nuyado (PS) indicó que "hoy tengo la disposición de regularizar el pago, de acuerdo con los antecedentes que debo resolver internamente con la universidad".
El diputado Héctor Ulloa (IND-PPD) aseguró en conversación con El Mercurio que pagó la deuda "hace muchos años", sin enviar algún comprobante.
Por otra parte, la diputada Carolina Tello (FA) indicó que "no tengo CAE. Yo estoy pagando el crédito solidario que en ningún caso tiene que ver con la discusión de ese mecanismo de financiamiento. Este intento de deterioro de imagen pública no detendrá mi interés en seguir impulsando un cambio en el CAE para que deje de empobrecer a las familias chilenas".
