Muchos apuntan a que estos problemas se agudizaron después de la pandemia, lo que ha obligado a los gobiernos a establecer normativas más actualizadas, que además cuentan con el desafío de conjugar el derecho de los estudiantes con las sanciones de acuerdo a la gravedad de los hechos.
Soledad Garcés, experta en Convivencia y académica de la Escuela de Psicología Uandes, comenta que "en Chile, los docentes carecen de la autoridad y respeto que tienen en otros países, lo que se traduce en una falta de consideración por parte de apoderados y estudiantes. Aunque existen leyes que sancionan el maltrato hacia los profesores, estas no siempre se aplican de manera efectiva, priorizando el bienestar del estudiante sobre la protección del docente".
Argentina
Este lunes se registró un ataque armado a un colegio de la ciudad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, Argentina. Un alumno de la escuela N°40, Mariano Moreno, mató a un compañero en el patio interno de la institución e hirió al menos a otros dos estudiantes adolescentes, quienes fueron alcanzados por perdigones.
Medios locales han señalado que este hecho terminó con 22 años de que no se registraran ataques fatales en colegios en Argentina, luego de la "msacre de Carmen de Patagones", en 2004, cuando un alumno mató a tiros a tres compañeros dentro del aula. En esa ocasión, el autor de los hechos fue declarado inimputable por ser menor de edad.
En Argentina existe desde 2013 la Ley para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas.
En su artículo 6° establece que el Ministerio de Educación, con el acuerdo del Consejo Federal de Educación, debe regular las sanciones a ser aplicada a los educandos en caso de transgresión, considerando las siguientes pautas: "deben tener un carácter educativo, enmarcándose en un proceso que posibilite al educando hacerse responsable progresivamente de sus actos, según las características de los diferentes niveles y modalidades; deben ser graduales y sostener una proporcionalidad en relación con la transgresión cometida".
También detalla que "deben aplicarse contemplando el contexto de las transgresiones en las circunstancias en que acontecen, según los diferentes actores, los antecedentes previos y otros factores que inciden en las mismas, manteniendo la igualdad ante las normas; deben definirse garantizando el derecho del estudiante a ser escuchado y a formular su descargo".
El artículo 7º, en tanto, establece que "quedan expresamente prohibidas las sanciones que atenten contra el derecho a la educación o que impidan la continuidad de los educandos en el sistema educativo".
Canadá
Un documento de la Biblioteca del Congreso Nacional, de Christine Weidenslaufer, recoge antecedentes e insumos en el contexto del debate del proyecto de ley que sanciona la violencia y amenazas a estudiantes o funcionarios de establecimientos educacionales (2023).
En el caso de Canadá, se detalla que cualquier funcionario -profesor, administrativos o conductores de buses escolares- deben informar al director tan pronto como tomen conocimiento de una situación de amenazas o violencia por parte de un estudiante.
Lo anterior puede dar lugar a la suspensión del estudiante o a expulsión, especialmente si el estudiante utiliza un arma para causar daño o amenazar. Se trata de normas que se aplican a estudiantes de entre 4° grado a 12° grado (equivalentes a 4° básico y 4° Medio en Chile).
"El director, una vez realizada una investigación, debe informar de sus resultados a los padres del estudiante y podría tomar medidas disciplinarias en su contra. Dependiendo del incidente, podría reportarlo a la policía, de acuerdo a los protocolos de la policía local o de la junta escolar", detalla el texto.
Estados Unidos
En el caso de Estados Unidos, existe un sistema descentralizado de normas que dependerá de cada estado y distrito escolar. Sin embargo, la agresión física por parte de un alumno a un profesor puede terminar en suspensión, expulsión y derivación a programas disciplinarios.
En casos graves interviene la policía y se aplican cargos penales.
El citado documento recoge el caso de Florida, en Estados Unidos. En ese Estado existe un "modelo de evaluación de amenazas conductuales", del Departamento de Educación de Florida, que entró en vigencia en 2022.
De acuerdo a éste, las juntas escolares distritales deben adoptar políticas que definan los criterios para reportar a la policía cualquier acto que represente una amenaza para la seguridad escolar. "Dichas políticas -de carácter preventivo- deben definir qué actos representan una amenaza para la seguridad escolar y cuáles son actos menores de mala conducta que no son una amenaza para la seguridad escolar y no requieren consulta con la policía", detalla.
En el caso de que el estudiante profiera amenazas, se considera un delito violento, que se castiga con hasta 15 años de prisión. En el caso de menores de edad, estos son detenidos por 21 días, y a veces, el tribunal puede acordar entregar al menor a sus padres para mantener arresto domiciliario y uso de GPS.
Europa
En países de Europa, las sanciones se aplican de acuerdo a la legislación y protocolos de cada país y establecimiento. Garcés comenta que "en general, en los países europeos existe lo que se llama la triple protección a los 3 pilares, que tiene que ver con una protección penal a partir de leyes que protegen a los docentes, porque los ponen como una autoridad de alto respeto. Segundo, tienen normativas educativas y disciplinarias internas en cada colegio. Y en tercer lugar, existen protocolos bastante claros que son obligatorios para el respeto y y trato hacia los docentes".
En el caso de Francia existe un sistema más estructurado a nivel nacional, que ante agresiones contempla los siguientes pasos: advertencia, amonestación, medidas educativas, exclusión temporal de las clases, exclusión temporal del colegio, y hasta la expulsión definitiva.
En el caso de agresiones que sean relativas a violencia verbal, se aplica una sanción disciplinaria. En el caso de violencia física, esta es objeto de un consejo de disciplina.
En Alemania, en tanto, existen reportes que detallan que muchos profesores han sufrido violencia en las escuelas, con cifras que empeoraron tras la pandemia. De acuerdo a una encuesta desarrollada en 2023 por el segundo sindicato de profesores de Alemania, Verband Bildung und Erziehung (VBE), casi dos tercios de los directores encuestados declararon que, en los últimos cinco años, se habían producido casos de violencia psicológica en sus centros en forma de amenazas o acoso; y, en casi un tercio de todos los centros, se produjeron agresiones físicas a profesores.
En España las sanciones por agresiones dependen de la comunidad autónoma, pero en general incluyen: amonestación grave, suspensión del derecho a asistir a clase (días o semanas), cambio de grupo o de centro, expulsión temporal, expulsión definitiva (en casos muy graves).
Cabe destacar que en España los profesores son considerados autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, por lo que agredir a un docente -de acuerdo al Código Penal- puede ser considerado como un delito de atentado contra la autoridad. Lo anterior lleva a sanciones como multas, quedar con antecedentes penales y en casos graves, prisión.
"En España, si tú le faltas el respeto a un profesor con amenazas o con agresiones, pueden llegarte multas, penas de prisión, y hay muchísima legislación que protege a la autoridad, al profesor, porque finalmente el profesor se ve como una autoridad importante. Esto es nuevo en general, pero pero es importante entenderlo, que se ve como una autoridad tan relevante como, por ejemplo, podría ser la policía", subraya Garcés.
En el caso de que el agresor sea menor de edad, se aplica la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, que incluye sanciones como libertad vigilada, trabajos a beneficio de la comunidad e internación en centros de menores en los casos más graves.
Garcés también destaca el caso de Finlandia, donde existe un modelo 100% preventivo y avanzado en estas materias. "La cultura finlandesa protege a los profesores, y en estos casos, por ejemplo, en Finlandia, se considera el retiro del estudiante, su suspensión temporal y la intervención obligatoria a través de tribunales con apoyo psicosocial a él y a la familia".
"En Chile tenemos eso mismo, muy parecido. Sin embargo, no tenemos la cultura que tiene en Finlandia de de cuidado y protección al profesorado. Es decir, los dejamos solos", subraya.
