Tras la promulgación en el Diario Oficial de la Ley de Convivencia Escolar que permitirá instalar detectores de metales en colegios del país, parlamentarios y alcaldes valoraron la medida pero advirtieron reparos para complementar la medida en medio de la crisis de seguridad en recintos educativos.
La publicación de la Ley N° 21.809 ocurre en medio de una ola de violencia que ha ido escalando los últimos días, donde se han registrado el ingreso de armas blancas y de fuego en colegios de varias ciudades del país, además de riñas, el ataque en un instituto en Calama que terminó con una inspectora fallecida y cuatro heridos, además del lanzamiento de artefactos incendiarios al interior del Liceo José Victorino Lastarria en Providencia.
Cabe mencionar que la normativa incluye que los sostenedores de los recintos educativos "podrán implementar recursos tecnológicos destinados a identificar o detectar armas, artefactos incendiarios u otros elementos similares que pongan en riesgo la vida o la integridad física de quienes integren la comunidad educativa".
Esto, solo cuando existan "antecedentes fundados que justifiquen su utilización como medida proporcional, necesaria e idónea para prevenir la comisión de delitos en el establecimiento" y que será regulado a través de un protocolo que deberá ser aprobado por la Subsecretaría de Educación tras un informe técnico elaborado por el Ministerio de Seguridad Pública.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, mencionó que "nosotros hemos estado trabajando en un reglamento que permita agilizar y facilitar que aquellos colegios que así lo estimen".
En esa línea, aclaró que "esto no es una obligación de los colegios, sino que aquellos colegios que tienen razones para hacerlo, que tienen el acuerdo de su comunidad educativa, puedan instalar pórticos o otros o otras artefactos que les permitan tener mayor seguridad".
Añadió que tras el brutal ataque de un joven de 18 años contra compañeros e inspectoras en un colegio de Calama "una de las preocupaciones que se nos levantó (...) era cómo mandar a los niños al colegio después de estos hechos y tener la tranquilidad de que van a estar en un ambiente protegido".
Parlamentarios advierten desafíos
El presidente de la comisión de Educación del Senado, Gustavo Sanhueza (UDI), señaló que la ley "es bastante más completa que la instalación de detectores de metales. Es cierto que esta infraestructura se plantea hoy como una urgencia, a propósito de los casos de violencia que hemos conocido en los últimos años. Sin embargo, el encuadre de la ley apunta a la prevención, al bienestar socioemocional y al apoyo a las comunidades afectadas por una anomia generalizada en nuestros jóvenes".
"En ese contexto, la crisis de seguridad en los colegios no es de seguridad, es sistémica. Debemos abordarlo con los esfuerzos en salud, educación y desarrollo social", apuntó el senador.
La también integrante de la comisión, la senadora Yasna Provoste (DC), valoró en su cuenta de X que "el Gobierno promulgó hoy la Ley de Convivencia Escolar, que impulsamos desde el Senado (...) Nuestras escuelas deben ser espacios seguros. Hoy damos un paso concreto en esa dirección".
Por su parte, la diputada Joanna Pérez (IND) mencionó que "esta es una ley muy necesaria para el país, especialmente hoy, donde hemos visto un aumento de hechos de violencia en establecimientos educacionales. Es fundamental avanzar en herramientas que promuevan el buen trato y resguarden la seguridad de toda la comunidad educativa".
"Ahora el desafío es que esta ley no quede solo en el papel, se requiere acompañamiento, recursos y una correcta implementación para que realmente impacte en la vida de las comunidades educativas, especialmente en regiones (...) Tenemos que asegurar que nuestros niños, niñas y jóvenes puedan desarrollarse en ambientes de respeto y protección. Esta ley apunta precisamente a eso", apuntó quien es coautora de la normativa.
Por un lado, el diputado y presidente de la comisión de Educación de la Cámara, Sergio Bobadilla (UDI), señaló que "la violencia desatada en los establecimientos educacionales es parte del legado que nos dejó el presidente Boric. Y por eso creo que nuestro gobierno tiene que adoptar medidas que efectivamente contribuyan a erradicar la violencia en los establecimientos".
"Por eso es necesario instalar los pórticos detectores de metales, es necesario revisar las mochilas de los estudiantes. Creemos que son medidas que sin duda van a rendir fruto desde el punto de vista de generar condiciones propicias para el proceso de aprendizaje (...) creo que estas medidas son urgentes de implementar", subrayó.
En contraste, la diputada Daniela Serrano (PC) mencionó que "la Ley de Convivencia Educativa es una herramienta que debe utilizarse para atacar los hechos de violencia que hemos conocido en el último tiempo en nuestras escuelas. Y en ese sentido, el llamado a la ministra (Arzola) es a utilizar las facultades que les permita esta ley, más que improvisar en nuevos proyectos de ley que pondrían a los profesores y profesoras a revisar mochila".
"La ley ya faculta la instalación de elementos tecnológicos en acuerdo con la comunidad educativa, para justamente detectar aquellos elementos que hoy día puedan poner en riesgo el bienestar de toda la comunidad", sostuvo Serrano.
Por otro lado, el diputado Héctor Barría (DC) mencionó que "hubo un gran esfuerzo transversal, y también de nosotros de sacar adelante este importante proyecto, que no soluciona pero busca mejorar las condiciones de convivencia, de diálogo, de participación en los diversos establecimientos educacionales".
Añadió que espera "que se saque adelante cuanto antes el reglamento para que se ponga en ejercicio. Solamente con pórticos no se solucionan los temas de fondo, debemos prevenir".
El diputado José Montalva (PPD) señaló que "con la publicación de la ley 21.809 de hoy no necesitamos una nueva ley para mejorar la seguridad en los colegios (...) lo que falta es decisión para implementarlas y reglamento claro que resguarden los derechos de los estudiantes. Menos excusas, más acción. Como diputado, daré todo el apoyo al Gobierno para que lo antes posible lleve a cabo estas medidas".
"Esto no es una obligación de los colegios, sino que aquellos colegios que tienen razones para hacerlo, que tienen el acuerdo de su comunidad educativa, puedan instalar pórticos o otros o otras artefactos que les permitan tener mayor seguridad".
María Paz Arzola, ministra de Educación
El diputado Juan Santana (PS) mencionó que "lamentamos que el gobierno no haya dado celeridad al proceso de promulgación y publicación de esta ley, pese a su reciente aprobación. En cuanto a su contenido, se trata de una normativa que entrega herramientas concretas para fortalecer el buen clima al interior de las comunidades educativas, con un enfoque integral orientado al bienestar socioemocional y a la prevención de la violencia".
"En ese sentido, es mucho más que la instalación de detectores o medidas de control. Por lo mismo, esperamos que su implementación sea abordada de manera integral por el Ministerio, sin desaprovechar la oportunidad de aplicar la ley en toda su dimensión, y no solo en uno de sus aspectos", apuntó Santana.
El diputado Luis Pardo (RN) valoró que la normativa "que se promulga y publica en estos días entrega algunas herramientas, especialmente en habilitar la posibilidad de los pórticos. Sin embargo, lo hace de una forma muy burocrática, muy generalizada, y además, en su conjunto, no entrega recursos, no entrega herramientas para una mejor convivencia escolar".
A su juicio, "persevera en un formato burocrático de protocolos y de cargas que no permiten una administración y una gestión y un liderazgo por parte de los directores de establecimientos para la mejor convivencia escolar".
Alcaldes califican medida de "insuficiente"
El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias (IND-UDI), señaló al respecto que se trata de una "buena noticia a medias: el plazo para la elaboración del reglamento entre Mineduc y Seguridad es de 12 meses. Sin contar que el procedimiento para establecer medidas en los colegios es larguísimo y burocrático. Si no se simplifica, no servirá de nada".
En esa misma línea, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), mencionó que "la publicación de esta ley es un avance, pero sería un error creer que con detectores de metales vamos a resolver la violencia en los colegios. Esto no se soluciona solo con tecnología, se enfrenta con decisión y con una señal clara de que no vamos a seguir cediendo terreno frente a la violencia".
"La violencia dejó de ser algo lejano y entró a los colegios, que debieran ser espacios de protección. Lo que estamos viendo no es un hecho aislado, es un síntoma de la fragilidad institucional que atraviesa el país (...) Todo esto ayuda, pero es insuficiente. Si como sociedad seguimos siendo ambiguos frente a la violencia, ninguna ley ni ningún dispositivo va a ser suficiente", indicó.
El jefe comunal de Lo Barnechea sumó que "lo que falta no son solo herramientas, es un acuerdo social y político para no ceder un centímetro más frente a la violencia, la delincuencia y las incivilidades. Ese es el punto de inflexión que Chile necesita con urgencia".
