Siguiendo la promesa de campaña del Presidente José Antonio Kast, el Gobierno ya comenzó su despliegue en las tomas de Cerro Chuño para iniciar el proceso de desalojo de los asentamientos considerados base de operaciones del crimen organizado en la zona norte del país.
Ayer hasta el lugar se trasladaron titulares de las carteras de Seguridad, Trinidad Steinert, y de Vivienda, Iván Poduje. La jornada incluyó reuniones con autoridades locales, donde se definieron las etapas del proceso, el que estará marcado por un fuerte componente de control y fiscalización en el sector.
La situación viene hace años arrastrándose en la zona norte, que se ha visto enfrentada a la ocupación de migrantes irregulares, además de la instalación de células del crimen organizado trasnacional como la banda "Los Gallegos", asociada al "Tren de Aragua".
Las actuaciones de la banda criminal llevaron a que desde 2021 se comenzaran a registrar en la zona homicidios, hallazgo de cuerpos enterrados, explotación sexual, venta de droga y otros tantos ilícitos de la criminalidad organizada.
Según datos de la Delegación Presidencial de Arica, en el asentamiento viven entre 1.000 y 2.000 personas, en su mayoría extranjeros, que se ubican entre un barrio industrial y un acceso a un vertedero con alta contaminación por metales pesados.
De acuerdo a lo que explicaron los ministros, el operativo comenzará con un rastreo de personas que mantienen órdenes de detención vigentes como parte de las primeras acciones de intervención en el lugar.
Steinert mencionó que "nosotros tenemos que recuperar los terrenos que se encuentran tomados por distintas personas, terrenos que no les corresponden, eso es. Y el día de hoy nos reunimos tanto el gobernador (Diego Paco), el delegado (Cristián Sayes), Carabineros de Chile, policía, Ministerio de la Vivienda, distintas instituciones para ver cómo abordamos este desalojo de la forma más responsable, y también establecer las medidas para que en definitiva no se vuelvan a tomar estos terrenos que están contaminados".
"Por lo tanto, las personas no pueden vivir acá, no solamente porque no corresponde que vivan en cuanto que no es de su propiedad, sino porque hay un tema de salud importante", subrayó la ministra.
En esa línea, aseguró que "el Gobierno está haciendo lo que no se ha hecho hace mucho tiempo, que es tomar las decisiones con responsabilidad, realizando desde distintos puntos de vista o distintas instituciones para que esto no vuelva a ocurrir".
Por su parte, Poduje señaló que "existe un grave riesgo para la salud por la presencia de polimetales, que afecta especialmente a niños, adultos mayores y familias vulnerables. Trabajamos en una intervención que consolide relocalización, demolición, resguardo sanitario y disposición segura de los residuos".
Primeros pasos a seguir
En los últimos días se ha reforzado la fiscalización en terreno en Cerro Chuño. Funcionarios de reparticiones públicas y personal policial ha estado enfocado en realizar entrevistas en los inmuebles de los predios -que incluyen casas, almacenes y hasta talleres mecánicos- para recopilar datos personales como la identidad y la nacionalidad de quienes habitan ahí.
A ello se suma que piden constatar de algún documento que acredite dicha información para la verificación de antecedentes policiales y situación migratoria.
La ministra Steinert señaló que "lo primero es realizar un rastreo de personas con órdenes de detención, y ver si es que efectivamente encontramos algunos elementos destinados a cometer delito. Esto, para que el día que se realice este desalojo no tengamos sorpresas y Carabineros y Policía de Investigaciones no corran un riesgo en cuanto a su vida. Siempre hay sorpresas, pero hay que minimizarlas al máximo".
Luego, sigue la relocalización: "Tenemos que ver que aquellas familias en donde tengamos niños, por ejemplo, puedan estar ubicados en alguna parte de la región".
Además, se analizará la situación de "aquellas personas que están de manera irregular. Como lo ha dicho el Presidente, ellas no pueden estar en el país, tienen que salir e ingresar a nuestro país en la forma que corresponde, por la puerta".
"Son etapas realizadas en forma muy responsable, pero lo importante acá es que esto se tiene que hacer, porque es un mandato del Presidente. Arica tiene que volver a tener la seguridad que tenía años atrás, y un mecanismo es que aquellos territorios que se encuentran tomados de alguna forma vuelvan a la normalidad y en definitiva, empecemos a recuperar los territorios", destacó la titular de Seguridad Pública.
