Un retorno a clases gradual y medidas de contención a la comunidad es parte del plan que prepara el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama tras el fatal ataque perpetrado por un estudiante que terminó una inspectora fallecida y cuatro lesionados el pasado viernes.
La Fiscalía Regional de Antofagasta planteó que se trataría del primer caso de Violencia Escolar Dirigida (TSV, por sus siglas en inglés) que se detecta en Chile, y que fue planeado y ejecutado por Hernán Meneses, estudiante de 4° medio de 18 años, que se mantiene en prisión preventiva.
Según reveló El Mercurio de Calama, en el transcurso de los últimos días los representantes de diferentes cursos han sostenido reuniones telemáticas con la dirección con la finalidad de mejorar los protocolos de seguridad para los alumnos, considerando también el aspecto emocional en todo este proceso de volver a la "normalidad".
Así, se determinó iniciar una serie de encuentros con los representantes del sostenedor para dar a conocer sus inquietudes y definir los próximos pasos a seguir mediante un "diálogo fecundo y alcanzar acuerdos".
Mientras se realizan estas reuniones, las actividades académicas y atención particular de apoderados serán "suspendidas hasta próximo aviso", según informó ayer el colegio en una circular.
Retorno gradual
A través de redes sociales, la dirección del establecimiento educacional indicó que se está elaborando un "plan gradual de retorno" en conjunto con padres y apoderados, el consejo escolar integrado por funcionarios y estudiantes, además del aporte de profesionales internos y externos.
Esta serie de acciones "permitirán avanzar hacia un retorno de carácter paulatino, transparente, seguro y flexible, para todas las familias y quienes integramos esta gran comunidad educativa".
A ello se suma que en las reuniones con directivas de apoderados de los distintos cursos se buscará evaluar la aplicación de una encuesta destinada a pronunciarse sobre la implementación de pórticos detectores de metales en los cuatro accesos al recinto educacional, tanto para la enseñanza básica como para la media.
Contención a la comunidad
Además, el recinto educativo ha realizado diversas acciones para contener a la comunidad, considerando la gravedad del ataque: Meneses apuñaló en el tórax con un arma blanca a la inspectora María Victoria Reyes (59), quien falleció en el lugar.
Luego, atacó a la inspectora Ayde Moya y a otros tres alumnos de 16 años, dejando heridos de gravedad a uno de ellos y a la funcionaria. Todo ocurrió a la vista de otros alumnos y trabajadores del colegio.
Como parte del proceso de acompañamiento por parte del directorio de la Fundación Educación del Instituto Obispo Silva Lanzaeta de Calama, el obispo Tomás Carrasco junto al director pastoral del colegio, padre Rubén Valderrama, se desplazaron a la Antofagasta para dialogar con la familia del alumno que permanece en riesgo vital después del ataque.
Desde la dirección afirman que "el foco central hoy es la salud mental de todos quienes integran nuestra comunidad", contando para esto con organismos externos, "a fin de favorecer proceso de contención psicológicas, tanto individual como grupal".
Esto va en línea con lo mencionado el pasado lunes por la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien afirmó que en el corto plazo "se está avanzando en lo que es la contención de los docentes, de los equipos escolares y también de los estudiantes" y que hasta esa fecha "40 estudiantes que habían solicitado apoyo psicológico que se les está prestando".
A ello se suma que ayer se procedió a una instancia de reflexión con docentes que fue voluntaria, ya que aún habrían funcionarios en proceso de duelo por los graves hechos ocurridos el pasado viernes.
Medidas del Gobierno
Esta semana se han realizado diversas manifestaciones por parte de estudiantes de Calama solicitando mayores medidas de seguridad en los establecimientos educacionales, mientras que otros exigen justicia por la víctima fatal del ataque en el Instituto Lezaeta.
El brutal episodio obligó al Ejecutivo a apurar una serie de medidas, entre ellas la promulgación de la Ley de Convivencia Escolar que se concretó ayer tras su publicación en el Diario Oficial.
Entre ellas, la normativa establece que los sostenedores de los recintos educativos "podrán implementar recursos tecnológicos destinados a identificar o detectar armas, artefactos incendiarios u otros elementos similares que pongan en riesgo la vida o la integridad física de quienes integren la comunidad educativa y de quienes se encuentren en el establecimiento respectivo".
Lo anterior "solo procederá cuando existan antecedentes fundados que justifiquen su utilización como una medida proporcional, necesaria e idónea para prevenir la comisión de delitos en el establecimiento".
Según la ministra Arzola, respecto de otras medidas que han entrado al debate como la revisión de mochilas de los estudiantes, "requiere una ley adicional porque hay un dictamen que lo impide, en el último tiempo esto no se le había permitido a colegios. Vamos a elaborar un proyecto de ley que, entre otras medidas, tenga la posibilidad de revisión de mochilas y herramientas pedagógicas a docentes para hacer frente a conflictos y fortalecer autoridad y respeto, que es tan importante desde el punto de vista formativo".
En tanto, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, anunció que desde la cartera "estamos enviando un proyecto para agravar las penas respecto de cualquier hecho delictivo que se cometa al interior de un establecimiento educacional. ¿Para qué? Para que los que quieren realmente estudiar y trabajar en paz, lo puedan hacer porque es un derecho".
