Parlamentarias del partido Comunista reaccionaron en distintos frentes tras confirmarse que Galvarino Apablaza no fue encontrado en su domicilio en el barrio Moreno, en Buenos Aires, lugar hasta donde llegó la policía argentina para concretar su detención.
El procedimiento tenía como objetivo capturarlo e iniciar su proceso de extradición a Chile, donde debe enfrentar a la justicia por el asesinato de Jaime Guzmán. Sin embargo, el exfrentista no fue ubicado y actualmente permanece en calidad de prófugo.
El caso generó cuestionamientos en distintos ámbitos. En paralelo, desde la Cancillería chilena confirmaron lo ocurrido y señalaron que ya se solicitaron todos los antecedentes al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina para esclarecer las circunstancias del fallido procedimiento.
La
diputada y jefa de bancada Daniela Serrano (PC) señaló en
EmolTV que el asesinato de Jaime Guzmán "fue condenado por el Partido Comunista. Y creo que en ese sentido la opinión que nosotros tengamos hoy día es finalmente respetar la institucionalidad de nuestro país".
"Lo que a nosotros nos corresponde hoy día es no hacer una opinión sobre la intencionalidad, si es una fuga o no es una fuga, porque incluso también se ha dicho que en particular no sería una fuga, que sería una mala coincidencia. Nosotros finalmente estamos esperando que esto se pueda resolver y eso es materia de la justicia tanto chilena como de la justicia argentina", continuó.
En esa línea, la parlamentaria indicó que "lo que nosotros también esperamos es que tanto si se están haciendo esfuerzos para extraditar a Galvarino Pablaza, también se cumplan, por ejemplo, las condenas de los criminales de lesa humanidad en Chile".
Por otro lado, su compañera de bancada Lorena Pizarro (PC) fue totalmente contraría y manifestó que "estamos hablando de una persona que cuenta con refugio político, una persona que fue un destacado luchador antifascista contra la dictadura civil y militar y por lo tanto este refugio político entre otras cosas lo protege de tradiciones como la que acá se pretende llevar adelante por el gobierno de José Antonio Kast y por el gobierno de Milei".
"Quiero decir que ambos países están desconociendo las normas internacionales de los refugiados y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), por lo tanto, debe ser respetada su decisión", zanjó.
En esa línea, la diputada Nathalie Castillo (PC) indicó que "evidentemente es grave y preocupante el tratamiento que ha dado el gobierno, porque aquí se está poniendo en cuestión la condición de refugio político de una persona, protegida por normas internacionales de derechos humanos".
"Por lo tanto, creemos que el gobierno de Kast no puede seguir relativizando la memoria, la protección internacional ni los estándares en derechos humanos. En un país con historia como el nuestro, esto no se puede normalizar ni relativizar, porque además son conquistas que han levantado por años las organizaciones de derechos humanos y el propio Estado de Chile", aseguró.
