Este martes, el
Presidente José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda, firmó dos proyectos de ley que buscan mejorar la seguridad al interior de los establecimientos educacionales.
Esto, en atención a la seguidilla de situaciones de violencia que se han registrado en los colegios en el último mes, marcado por el inédito homicidio a una inspectora en Calama por parte de un estudiante, además de otras situaciones donde alumnos han comenzado a amenazar con "tiroteos" en recintos estudiantiles.
A ello, se suma el ataque incendiario que se registró en la rectoría del Liceo José Victorino Lastarria.
Se trata de situaciones que, además, han obligado a la suspensión de clases.
El pasado 30 de marzo, Kast participó en la segunda sesión de "Directores por Chile", donde adelantó que se iban a requerir "algunas medidas de mayor control" al ingreso de establecimientos", y aunque afirmó que "no es la solución de los problemas", precisó que "tenemos que partir cuidando a los niños dentro de un espacio seguro que es la escuela".
Proyecto que establece nuevas agravantes
El Presidente firmó dos proyectos de ley, y de acuerdo a lo consignado por El Mercurio, el primero propone modificar el Código Penal para establecer nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal por delitos cometidos contra la comunidad educativa y recintos educacionales.
Específicamente, se busca incorporar los numerales 25 y 26 al artículo 12 del Código Penal para sancionar con mayor severidad los delitos contra estudiantes, docentes o asistentes, ya sea dentro del recinto o en actividades extracurriculares, así como los delitos contra la propiedad cometidos en dependencias educativas.
Proyecto "Escuelas Protegidas"
El segundo proyecto, en tanto, se denomina "Escuelas Protegidas", y posee un enfoque preventivo y busca resguardar la integridad física y psíquica de las comunidades mediante la creación de medidas de seguridad reguladas en la Ley General de Educación.
Las medidas que contiene el proyecto son:
1. Revisión de mochilas: el proyecto de ley permite que los sostenedores de establecimientos educacionales puedan implementar las medidas necesarias para evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que pudiesen ser utilizados para agredir a otros, dañar la infraestructura escolar o que podrían ser potencialmente peligrosos para los miembros de la comunidad educativa.
La medida propuesta consiste en la revisión de bolsos, mochilas o pertenencias personales de los estudiantes. Esta medida debe ser incorporada al reglamento interno del establecimiento educativo.
2. Docentes empoderados: El proyecto brinda a los docentes la posibilidad de implementar medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias orientadas a resguardar el normal desarrollo de la actividad educativa, el orden en la sala de clases y la adecuada convivencia escolar, promoviendo la responsabilidad del estudiante y el aprendizaje de conductas acordes a la vida escolar. Estas podrán ser inmediatas y tendrán carácter obligatorio para los estudiantes.
3. Sanciones por interrupción de clases: Se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar aquellos actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa que tengan como consecuencia la paralización total o parcial de las clases, o la alteración sustancial del normal desarrollo de la jornada escolar, afectando la continuidad del servicio educativo.
4. Inhabilidad para acceder a la gratuidad: El proyecto incorpora entre los requisitos para acceder a la gratuidad en la educación superior en Chile, el no haber sido condenado por sentencia firme por delitos que atenten contra la vida o la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública.
5. Escolares a cara descubierta: Los reglamentos internos deberán contemplar la prohibición del uso de accesorios tales como gorros, capuchas, pasamontañas o cualquier otro que impida la identificación facial, y que no responda a una necesidad de salud, climática u otra debidamente justificada, tanto al interior del establecimiento como fuera de él durante el desarrollo de actividades programáticas o extraprogramáticas.
Asimismo, deberán prohibir el uso de accesorios o vestimentas que promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, a las drogas, a conductas delictuales u otras contrarias a la ley.
Cifras de maltrato a adultos
De acuerdo al Ejecutivo, la necesidad de esta facultad de revisión se sustenta en evidencia sobre el clima escolar y el bienestar docente, destacando que un 54,2% de los profesores chilenos declara que mantener la disciplina le genera estrés, cifra muy superior al promedio de la OCDE.
Además, de acuerdo a lo detallado por el Gobierno, las denuncias por maltrato a miembros adultos de la comunidad educativa aumentaron un 62% entre 2023 y 2025, alcanzando los 716 casos anuales.
"El sector particular subvencionado lidera el crecimiento de estos incidentes, mientras que los Servicios Locales de Educación Pública experimentaron un aumento explosivo de casos reportados en el mismo trienio", detallaron.
Ambos proyectos, firmados por el Presidente José Antonio Kast, buscan dotar de certeza jurídica y herramientas eficaces a los establecimientos para anticipar y mitigar los factores de riesgo sociodelictivos en el entorno escolar.
